La ampliación y modernización del sistema penitenciario del país no avanza por la misma burocracia del Estado.
Este fue uno de los principales retos de la administración de Funes, pero a casi 11 meses de que concluya su gestión se han hecho pocas acciones para disminuir la saturación en los 19 centros penitenciarios.
La actual administración pretendía descongestionar el sistema al habilitar más de 13 mil nuevos espacios en readecuaciones de penales y construcción de nuevas cárceles, equivalente a casi un 50 por ciento.
Sin embargo, muy poco se ha avanzado en la ampliación de esas cárceles; mientras la Policía captura a diario entre 150 y 200 personas. A ese ritmo los 19 penales del sistema están por reventar con más de 27 mil internos a la fecha.
El principal tropiezo que ha enfrentado el gobierno de Funes han sido los engorrosos trámites burocráticos de su misma administración.
Solo para el aval de la Presidencia de la República y para que el Ministerio de Hacienda diera el visto bueno a la iniciativa, hubo que esperar casi un año. Luego la Asamblea Legislativa autorizó al gobierno para negociar el préstamo con el BCIE.
Consta en el decreto legislativo 349, promulgado el 5 de abril de 2013, cuando los diputados autorizaron a Hacienda negociar con el BCIE, las condiciones del préstamo bajo la nominación “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario de El Salvador”.
Se trató de conocer la situación del préstamo con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pero su unidad de Comunicaciones no dio una respuesta. También se intentó con el BCIE para que opinara sobre el nivel de las negociaciones entre esa entidad y el Gobierno, pero no hubo respuesta.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, dijo a los diputados en la sesión de rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa, el pasado 17 de julio, que está en manos de los diputados, la aprobación de un préstamo por 71 millones de dólares que se gestiona con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Esos recursos servirían para la construcción del penal de Izalco en Sonsonate, fase III y fase IV con un presupuesto cercano a los 12 millones de dólares; además para la implementación de los brazaletes electrónicos para reos de baja peligrosidad o en semilibertad por un monto de 6.9 millones de dólares.
Según Perdomo, con esta modalidad se proyecta reducir el hacinamiento en cuatro mil internos del sistema penitenciario.
También reveló la existencia de un segundo préstamo por 45 millones de dólares que tramitan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con este rubro, Justicia y Seguridad se propone realizar acciones de prevención de la violencia en el país.
El director de Centros Penales, Rodil Fernando Hernández Somoza, manifestó que la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno que negocie el préstamo.
“Ya fue negociado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Banco Centroamericano de Integración Económica”, explicó el director de penales.
Agregó que el préstamo está listo para que el Ministerio de Hacienda lo presente a la Asamblea para su posible aprobación; no obstante, no dijo cuándo se hará.
“Como Ministerio de Justicia y Centros Penales tenemos listo todo el trabajo que tiene que ver con la elaboración de las carpetas o el trabajo técnico para que una vez que se apruebe el empréstito se pueda iniciar inmediatamente la licitación”, subrayó.
Pero las licitaciones que conlleva este proyecto no se logran de la noche a la mañana, pues hay que comenzar con la convocatoria (1 o 2 meses), la presentación de ofertas (un mes), la adjudicación (otro mes) y las apelaciones de los participantes que pueden dilatar al menos un mes más de tiempo.
Con esos fondos se financiaría la fase III y IV del penal de Izalco con capacidad para 3 mil 500 presos que pasarán de fase ordinaria a de mediana peligrosidad y fase de confianza.
Otro proyecto que se financiaría sería el denominado Centro de Cumplimiento de pena en el oriente del país para unos 4 mil internos mas de fase de confianza y ordinaria.
Este proyecto está concebido en módulos. También el plan de brazaletes con los cuales se atendería a unos 2 mil prisioneros más. Estos reos serán monitoreados mediante sistemas electrónicos.
Hernández Somoza afirmó que el hacinamiento carcelario del país es de un 327 por ciento. Con estas obras bajaría en un 130 por ciento, dijo.
Agregó que los proyectos en el sistema carcelario no han variado con el cambio de ministro, pues son lineamientos enmarcados dentro de la política de Seguridad Ciudadana y convivencia de ese Ministerio.
“Son proyectos de mediano y largo plazo y que deberán irse ejecutando de acuerdo con el tiempo programado”.
El proyecto de préstamos aún no ha sido presentado, aunque el director manifestó que espera que el mismo se tramite en los próximos meses.
Perdomo aprovechó el día que rindió su informe de labores para solicitar a los diputados que cuando el proyecto ingrese al pleno sea tramitado y aprobado con rapidez.
Alternativas contra el hacinamiento
Mientras los préstamos siguen su trámite, el director de Penales afirmó que trabajan con los mecanismos que la ley penitenciaria les permite.
“Hemos reforzado el trabajo con los equipos técnicos de los diferentes centros penales y sobre todo los que presentan más hacinamientos como Mariona, Cárceles de Mujeres, en Ilopango; y Apanteos en el occidente, entre otros”.
Como alternativa, las granjas penitenciarias avanzan con donaciones internacionales como la de Taiwán por un millón y medio de dólares, para ampliar su capacidad.
La idea es que tenga una capacidad de 500 internos del área ordinaria a la fase de confianza. En el caso de Mujeres, con fondos de Taiwán, con aportes del Estado y la Unión Europea atenderán a 500 internas.
Los recursos de Taiwán por un millón y medio de dólares y de la Unión Europea por 300 mil dólares están en poder del Gobierno salvadoreño y supuestamente se están ejecutando.
No se puede decir lo mismo con el trámite que se sigue con los préstamos internacionales pues depende de las negociaciones entre diputados en la Asamblea Legislativa, luego que el Gobierno lo envíe.
“Nosotros esperamos que el trámite sea lo más pronto posible”, manifestó el director de Penales.
La esperanza que aguarda el funcionario es que las obras comenzarán inmediatamente después de que la Asamblea apruebe los préstamos.
Esto debido a que el trabajo técnico administrativo ya está listo, solo esperando la aprobación del empréstito.
La aspiración no prevé otro mecanismo más rápido que el establecido en la LACAP.
En convenio entre Penales y la Unión Europea se inició la construcción de un centro de desarrollo integral en la granja penitenciaria de Izalco, que albergaría a 150 niños hijos de reclusas.
“Actualmente sus madres se encuentras en condiciones deplorables en el centro de readaptación de Ilopango o Cárcel de Mujeres “, afirmó el ministro.
También como parte del programa “Yo cambio”, más de 100 internas en fase de confianza participaron en una campaña de limpieza y 42 internos de la penitenciaría occidental trabajaron en la ampliación de celdas de la Delegación Modelo del 911 en Santa Ana, y las celdas de la delegación policial de Lourdes, Colón.