Las cifras delictivas que registra el ministerio de Salud son dramáticas: 27 menores asesinados, entre ellos varios niños que no llegan a los 10 años, y cerca de 172 heridos entre enero y junio de este año.
Solo en las últimas dos semanas, las autoridades reportaron un niña asesinada y tres más heridos en diferentes casos con un denominador común: los atacantes son pandilleros.
El asesinato de Emely Alexandra Reyes, de 4 años, a manos de pandilleros en Jucuapa, Usulután, provocó el repudio de la población porque, según las autoridades, la mara Salvatrucha la mató por el supuesto parentesco que tenía con mareros rivales.
La controversia fue mayor dos días después, cuando el director del Instituto de Medicina Legal, José Fortín Magaña, dijo que según la autopsia, la niña fue “rematada” por los delincuentes y no murió por una bala perdida, como la Policía y la Fiscalía informaron el 2 de julio.
El examen forense determinó que la niña tenía una herida de bala en la parte trasera de la cabeza y otra en la mandíbula, añadió Fortín Magaña.
De acuerdo con las investigaciones, la menor jugaba con su hermano de 2 años frente a la casa de ambos, y a pocos metros habían cuatro presuntos pandilleros de la 18, entre ellos un pariente de los niños.
Sorpresivamente, igual número de mareros contrarios llegaron en un carro y dispararon contra el grupo. Una de esas balas mató a la pequeña y puso en riesgo a su hermano, según la versión policial.
Aunque entre el 22 de junio y el 8 de julio el caso de Emely fue el único que terminó en muerte, ya habían antecedentes de ataques cometidos por pandilleros contra la vida de menores.
Según el Ministerio de Salud, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año 172 personas, con edades entre los 0 y los 19 años, fueron atendidos en la red hospitalaria por lesiones de arma de fuego. La mayoría entre de 10 y 19 años.
De acuerdo con la fuentes, del total de pacientes asistidos: 27 no sobrevivieron.
El 22 de junio, nueve días antes del asesinato de Emely Alexandra, un niño de 7 años y su madre resultaron heridos de bala luego de que un grupo armado irrumpió de madrugada en su casa, en la colonia Miramar, en Zaragoza, La Libertad.
Los pistoleros llegaron al inmueble a matar a Julio César Ramos Pérez, de 23 años, quien era hijo de la señora y hermano del niño.
Horas más tarde, el inspector de la Policía Fredman Castaneda detalló que Pérez habría sido asesinado porque aparentemente se relacionaba con la pandilla 18, pero residía en una zona donde delinque la mara Salvatrucha.
El delegado policial aseguró que la salud del niño era estable porque la lesión era leve, no así la de su madre.
Por este caso, la Policía capturó a tres sujetos con edades de 22, 19 y 14 años, por lo que el jefe policial dijo que pertenecían a “una nueva generación de pandilleros”, pues ese sería el primer homicidio que cometían.
Exactamente una semana después, otro infante de 7 años recibió un balazo en el cuello en un tiroteo cometido por unos 15 sujetos que llegaron a su casa, en el caserío Oro Arriba, del cantón Tecualuya, en San Luis Talpa, La Paz.
Al momento del hecho, el niño —cuyo estado de salud hasta la fecha es reservado, según la fiscal Elsi de Sánchez— era acompañado por César Josué Jandrez, de 22 años, y un adolescente de 16.
Jandrez, quien según la Policía es marero de la 18 y era el objetivo del ataque, fue capturado porque en la casa hallaron droga que presuntamente comercializaba.
La víctima más reciente de ataques similares fue una niña de ocho años, quien resultó herida de bala el 8 de julio en una balacera en la que murió su hermano, Milton Geovanny Martínez, de 19 años, un supuesto marero de la colonia Vista Hermosa, cantón San Roque, en Mejicanos.
Según el informe de la Policía, varios sujetos llegaron al inmueble y dispararon contra el hombre, quien murió en cuestión de minutos, mientras que la niña fue alcanzada por un proyectil.
Horas después, médicos del hospital Bloom tuvieron que operar a la niña para extraerle una bala que se le alojó en el glúteo. Por este hecho no hay capturas.
Ataques agravan “emergencia pública”
El repudiable asesinato de Emely Alexandra y los ataques donde salieron lesionados los otros tres niños se suman a decenas más que han hecho que se agudice la “emergencia pública” que hay en El Salvador debido a las diversas formas de violencia contra menores de edad.
Marta Santos Pais, representante del secretario general de Naciones Unidas (Ban Ki-moon) sobre la violencia contra la niñez, visitó el país a mediados del mes pasado para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Estudio Mundial sobre la Violencia contra la Niñez presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006.
Durante su estadía, Santos Pais dijo que los ataques contra los niños “son indicaciones de una emergencia pública en El Salvador que se tiene que confrontar con intervenciones igualmente urgentes”.
La delegada de la ONU explicó que esa situación se ve reflejada en que “desde 2005 a 2011 más de cinco mil niños hayan sido asesinados” en todo el territorio nacional.
Las estadísticas son más alarmantes si se toma en cuenta que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en El Salvador reveló que 1,494 infanticidios se cometieron entre 2010 y el primer semestre de 2012.
Además, en diciembre pasado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) presentaron el “Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en un contexto de violencia”.
En el documento, señalan que los niños y adolescentes salvadoreños viven en un ambiente de violencia que constituye una negación de sus derechos humanos.
Piden justicia para niños
El clamor ciudadano cada vez que se conocen casos donde los niños son víctimas de ataques dirigidos a ellos o a terceras personas es que se castigue con penas ejemplarizantes a quienes los cometieron, que casi siempre son mareros que no siempre son capturados.
La misma solicitud hicieron al Gabinete de Seguridad y al Ministerio Público en su informe la PDDH y la RIA, quienes los exhortan a esclarecer las muertes de niños y adolescentes “que se pretenden justificar bajo la supuesta rivalidad entre pandillas quedando en la impunidad”.
Además, les proponen la creación y equipamiento de una unidad o departamento que investigue los casos de personas desaparecidas.
Hasta mediados de mayo pasado, la Policía registraba cerca de 300 denuncias de adolescentes y jóvenes desaparecidos. Pero, la suma podría ser mayor porque sus familias no siempre acuden a la institución en busca de ayuda y prefieren buscar a sus parientes por otros medios.