La industria licorera de El Salvador tuvo pérdidas económicas que suman alrededor de dos millones de dólares, solo en los primeros cuatro meses de este año, a causa del incremento del licor adulterado, según denunciaron representantes de la Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros (ASDYL).
Los empresarios denuncian que las autoridades nada han hecho por detener ese ilícito. Los denunciantes aseguraron que la industria local de fabricación de licor ha ido decayendo en los últimos dos años y esa situación ha desembocado en pérdidas de empleos, además del riesgo que están corriendo los salvadoreños en cuanto a su salud al consumir licor o aguardiente adulterado.
Lo más grave de la situación, según acusan destiladores y licoreros, es que los adulteradores también están falsificando las marcas legalmente registradas de sus agremiados y eso los puede poner en una situación incómoda en caso de que exista alguna intoxicación masiva por el consumo de bebidas alcohólicas falsificadas, porque las empresas afiliadas serían señaladas como las responsables, aunque no lo sean.
José Mayorga, presidente de ASDYL, explicó que el fenómeno de la adulteración de licor, sobre todo de las marcas nacionales, se ha venido profundizando desde 2010, cuando el Gobierno impulsó la reforma fiscal que aumentó las tasas de impuestos a los fabricantes y comercializadores de bebidas alcohólicas.
Hasta la fecha han sido cerradas cinco empresas que se dedicaban a la fabricación de bebidas alcohólicas (excepto cerveza), con lo que más de 150 familias se han visto afectadas a raíz del desempleo.
“El incremento de los impuestos ha sido tan alto que hace sumamente atractivo, para cualquier persona que no tenga sus principios bien fundamentados, entrar en un negocio de adulteración de alcohol”, explicó Mayorga.
Investigaciones hechas por la ASDYL señalan que entre el 35 y el 40 por ciento de los establecimientos que venden bebidas embriagantes, que no sean cervezas, comercializan bebidas alcohólicas adulteradas y no necesariamente de una marca específica, sino que de todas las marcas nacionales, inclusive internacionales.
“Están usando de forma irregular nuestras marcas, están adulterando, están falsificando nuestros envases, nuestros distintivos comerciales y con eso están logrando entrar al mercado”, señala Gustavo Villatoro, asesor jurídico de la gremial.
Las empresas afiliadas a la referida Asociación han tenido pérdidas, en las ventas de sus productos, que rondan en el orden del 20 y 25 por ciento. Lo anterior significa, en términos monetarios, que han dejado de percibir no menos de dos millones de dólares, aseguraron los denunciantes.
“Y no es que el salvadoreño esté dejando de tomar. Simplemente lo que está pasando es que el salvadoreño está migrando a consumir (sin darse cuenta) este tipo de bebidas (adulteradas), que cada vez se hacen más frecuentes, y, además, esta gente no está pagando impuestos”, dijo Mayorga.
Menos impuestos al fisco
La falsificación de los licores no solo afecta a las empresas productoras e importadoras, sino también al Ministerio de Hacienda, porque los tributos declarados en los primeros cuatro meses de este año han sido menores que los del mismo período del año pasado, señala el presidente de la ASDYL.
La tabla de ingresos del Ministerio de Hacienda detalla que los productos alcohólicos, sin incluir la cerveza, han aportado 6.5 millones de dólares en impuestos selectivos al consumo entre enero y abril de este año, mientras que el año pasado esos mismos tributos ascendieron a 7.4 millones de dólares, es decir, que para este año la cifra implica un millón de dólares menos.
Mayorga sostuvo que, de continuar con esa tendencia, la caída de los impuestos podría alcanzar de cuatro a cinco millones de dólares este año, debido a que en el segundo semestre es cuando hay más consumo, por las épocas festivas correspondientes a agosto y a diciembre.
Los empresarios licoreros explicaron que los productos alcohólicos pagan cinco tipos de impuestos que corresponden al consumo de bebidas alcohólicas: el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto específico por grado alcohólico y el ocho por ciento sobre el valor del producto son cuatro de ellos.
“Eso significa que entre el 58 y el 60 por ciento del valor del producto corresponde a los cinco impuestos gravados, y el 40 por ciento restante corresponde a los costos de producción”, dijo Carlos Solórzano, directivo de la gremial licorera que aglutina a 14 empresas productoras de licores y destilerías.
Solórzano explicó que, además de las cinco empresas que cerraron sus operaciones en los últimos dos años por la competencia desleal de los adulteradores, también hay otras que están agonizando: “Conocemos casos de algunas que prácticamente no pasan de este año, y las que quieren sobrevivir están prácticamente vendiendo solo para no cerrar”.
Para ejemplarizar la problemática que vive la industria licorera local explicaron que una caja de 12 botellas con licor ellos la venden a 34 dólares, mientras que los falsificadores la andan ofertando hasta en 20 dólares, pero sin pagar impuestos.
“¿Cómo los legales vamos a competir con alguien que se está ahorrando hasta 22 dólares y que nosotros tenemos que pagarlos en impuestos? Jamás vamos a poder competir. La industria legal de licores local está destinada a morir si las autoridades realmente no hacen nada”, advirtió Mayorga.
Mejor control en la cadena de distribución
Los licoreros creen necesario que la Policía, en conjunto con la Dirección de Aduanas y el Ministerio de Hacienda puedan ejercer un mejor control de la cadena de distribución del alcohol etílico potable desde su importación.
Explicaron que hay tres empresas que comercializan alcohol como materia prima para distintos usos industriales, ya sea alcohol potable o alcohol con metanol. Dos de ellas son importadoras y la otra se dedica a la destilación.
Las investigaciones de ASDYL apuntan a que no menos de 500 mil litros de alcohol etílico potable son desviados al año hacia las redes de adulteradores. Ese desvío genera que siete millones de dólares anuales no lleguen al fisco, aseguraron.
En este desvío de alcohol potable estaría involucrada una serie de laboratorios y farmacias que no están reguladas y que estarían comprando grandes cantidades de este tipo de alcohol, pero lo que más les preocupa es que lo compran como si lo fuesen a ocupar para otro uso industrial, cuando en realidad lo quieren para fabricar aguardiente adulterado.
“Tengo dos opciones: le pongo agua al alcohol y lo vendo así a cualquier consumidor en mi farmacia como que es alcohol, pero ya lo vendo a un precio de bebida alcohólica, o se lo vendo el alcohol al adulterador, se lo vendo como alcohol de farmacia y le pone el agua en su laboratorio y en su casa comienza a envasar”, dijo Mayorga, al explicar el proceso de falsificación de los licores.
“Si uno de nuestros importadores es el que está desviando (alcohol) que le caiga todo el peso de la ley, pero también si hay droguerías, farmacias o expendios”, anotó.