El Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca ordenó libertad bajo fianza a 15 mareros de la pandilla 18, acusados de homicidio.
Pese a que se trata de un delito grave, la autoridad judicial argumentó que la ley la obliga a darles el beneficio a los imputados porque mañana cumplen dos años de estar en prisión sin ir a juicio.
El juez Aníbal Alfaro ordenó que los mareros deberán pagar entre 15 y 25 mil dólares de fianza, además de someterse de una serie de restricciones como no salir del país y del área de residencia, presentarse al referido juzgado los lunes a firmar acompañados de una persona que garantice que no se fugarán; no ingerir bebidas alcohólicas y no portar armas de fuego.
La decisión judicial se anunció ayer en el Centro Judicial Isidro Menéndez, tras una audiencia especial donde estuvieron presentes todos los imputados. La mayoría tiene tatuajes alusivos a la pandilla 18.
La resolución se dan en medio de la indignación causada después de que El Diario de Hoy denunció que un convicto de secuestro y otro por homicidio guardaban arresto en sus casas.
De la misma manera, se argumentó que la autoridad judicial les concedió el arresto domiciliar en vista que han pasado dos años en detención sin que se les notifique formalmente su sentencia ni que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema haya revisado los fallos.
Ambos fueron beneficiados por el juez Antimafia Godofredo Salazar. Tras las publicaciones el secuestrador fue enviado a Mariona. Ayer el condenado por homicidio también fue encarcelado en el mismo penal. (Ver información en siguiente página).
El artículo 8 del Código Procesal Penal (reformado) establece “que una persona debe ser condenada en un plazo de doce meses para los delitos menos graves y veinticuatro meses para los graves. Además la detención podrá extenderse mediante resolución fundada por doce meses más para los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria”.
Pelotean con el caso
Para las fuentes judiciales, la situación legal de los 15 mareros acusados por homicidios es peor, ya que ni siquiera se les ha realizado la vista pública (juicio). Es decir, que podrían gozar de los beneficios por más tiempo.
Si los jueces no cumplen con los plazos y mantienen a los reos por más de dos años sin enjuiciarlos, están expuestos a ser demandados, explicaron las fuentes.
El juez Alfaro explicó ayer que en un principio la Fiscalía presentó la acusación en el Juzgado de Instrucción Antimafia de San Salvador.
Sin embargo, después de una resolución de la Sala de lo Constitucional en la que se determinó que no todos los casos vistos en los referidos juzgados son de crimen organizado, el juez Godofredo Salazar dijo que no era de su jurisdicción y envió el proceso al Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca.
El juez Alfaro confirmó que el caso llegó hace un mes y medio aproximadamente a su tribunal, es decir, a poco tiempo de vencerse los dos años de plazo para que se procesen los pandilleros.
Tras revisar el proceso, el juzgador aclaró que el caso sí corresponde al crimen organizado, ya que se está hablando de una estructura delincuencial formada por varios pandilleros que han sido procesados por cometer varios asesinatos.
El juez Alfaro explicó “que con esta medida lo que se busca es garantizar la presencia de los imputados al juicio mientras se resuelva el conflicto y sea la Corte Suprema de Justicia que decida si es el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca el que conocerá sobre el juicio o por el contrario éste tribunal se lo devolverá al Especializado de Sentencia de San Salvador”.
“Esta situación es asunto técnico. La investigación ya está terminada y solo se espera que la CSJ decida qué juzgado realice la vista pública”, detalló el juez.
En total la estructura de la pandilla 18 está formada por 80 pandilleros, empero, la Fiscalía dividió la investigación y sólo procesó a 43 sujetos.
De este número, 13 imputados ya estaban en libertad, pero seguían procesados, 15 más fueron beneficiados ayer, y el resto seguirán presos porque tienen otras condenas por otros casos, según las fuentes judiciales.
Los sujetos son procesados por homicidio agravado, proposición y conspiración en homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Entre los sujetos procesado están dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la investigación, los asesinatos se cometieron en 2009 y 2011 en varias colonias y cantones del municipio de Zacatecoluca y el departamento de San Vicente.
Los sujetos son acusados de asesinar a rivales y a otras personas que tuvieron diferencias con los miembros de la pandilla criminal.
Alfaro aclaró que estas cosas se están dando porque saturaron de trabajo los juzgados especializados.