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Objetan usar el fondo de pensiones para salvataje

Consideran arbitraria la facultad de que las AFP compren certificados de naturaleza insolvente

En abril el Comité de Trabajadores para la Defensa del Fondo de Pensiones presentó una demanda al Estado por el bajo nivel de intereses de las cotizaciones. Foto EDH
En abril el Comité de Trabajadores para la Defensa del Fondo de Pensiones presentó una demanda al Estado por el bajo nivel de intereses de las cotizaciones. Foto EDH

Por Juan José Morales nacional@elsalvador.com

Jun 12, 2013- 20:00

Preocupación e inseguridad sobre el futuro financiero de 2.4 millones de cotizantes y pensionados de las AFP, visualizan 15 organizaciones sindicales debido a que el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) emitirá Certificados de Inversión sin calificación, que serán comprados con los ahorros de los trabajadores que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El principal argumento que esgrimió el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones es que se comenzarán a adquirir bonos fraudulentos para pagar la deuda de una institución que, desde que comenzó el programa “Casa para Todos”, administró “con deficiencias” el financiamiento de dicha iniciativa.

Además recordaron que dada la situación actual de endeudamiento del gobierno, se están buscando medidas emergentes, sin importar si se juega con el patrimonio previsional del país, el cual actualmente asciende aproximadamente a $7,100 millones.

Ricardo Soriano, coordinador general del Comité, afirmó que el trabajador tendrá que comprar papeles desfinanciados y que la medida complica el contexto donde los fondos de pensiones no ganan tasas significativas de interés.

“Nosotros le pedimos a las AFP que no gaste el fondo en certificados basura, a pesar de que están en una situación ambigua, en la que su ley les prohíbe por la baja calificación de Fonavipo, y la de emisiones les faculta”, evocó.

En ese sentido condenaron que el sector laboral no tenga representación en la junta directiva de Fonavipo, algo que contradice el discurso de transparencia y representatividad del gobierno, afirmó Soriano.

“Desde el año pasado, en 51 autónomas no hay representatividad del sector laboral y privado, porque las decisiones que ahí se toman muchas veces atentan contra los intereses de las mayorías. Eso es complicado”, reflexionó.

Bajo este contexto solicitaron que, más allá de la acefalía en que se encuentra la Corte de Cuentas de la República, se inicie una investigación relacionada con los proyectos habitacionales (Procavia, Santa Lucía y Los Almendros II), sobre todo en la adquisición de los terrenos, la calidad de las viviendas y la falta de una clara política de comercialización.

“Hay detalles que no se entienden, y para evitar que las AFP paguen con fondos de la gente la deuda del gobierno, hay que deducir en un primer momento responsabilidades y luego proceder a sanciones”, expresó Soriano.

Esta organización laboral colocó en abril un recurso de inconstitucionalidad por el bajo pago de intereses que el Estado realiza a los cotizantes cuando se colocan bonos de estabilidad, algo que además obliga a las AFP a invertir el dinero de los futuros pensionados en Certificados de Inversión Previsionales (CIP).

La misma demanda pide a la Sala de lo Constitucional que emita una sentencia en relación a la obtención de valores emitidos por el Fondo Social para la Vivienda, por romper la libertad de inversión, contratación y el derecho de propiedad.

“Creemos que la Sala puede considerar en su resolución el actual problema con Fonavipo. La vía constitucional puede frenar la complicada situación del dinero de la clase trabajadora”, analizó Soriano, quien además detalló que mientras el Estado paga a los inversionistas internacionales una tasa del 7.63 % de interés anual, a los trabajadores salvadoreños cotizantes se les paga, por la inversión en los CIP, una tasa de 1.37 %.

Reforma, una interrogante

Según los representantes de los trabajadores que están en el Comité, en el gobierno hay planes que apuntan a que en los próximos días se presentará un anteproyecto para reformar el actual sistema de pensiones, algo que buscará elevar la cotización mensual a la AFP y la edad de retiro, entre otros aspectos.

“No es la mejor opción para elevar la rentabilidad, desde 2006 a la fecha el Gobierno ha extraído de los fondos de pensión un aproximado de casi $2,000 millones para pagar a los jubilados del sistema público. Por ello hay que pensar en otros mecanismos técnicos bien cimentados, no políticos coyunturales”, justificó.

El demandante dijo que las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (donde se elevó el límite de utilización de los fondos de pensión para que pasara del 35 % al 45 %) complica el panorama futuro del fondo y se evita que se perciban casi $125 millones. “Si sumamos lo de Fonavipo, más el problema de intereses que tienen los fondos previsionales, la situación se vuelve más complicada. Pero tampoco la reforma soluciona el problema”, puntualizó.

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) ha recordado en muchas ocasiones que si el Gobierno equilibrara sus finanzas, reduciría el déficit fiscal y honraría su compromiso con los jubilados, decisión que ayudaría a no emitir más certificados previsionales.

Las organizaciones sindicales representan a casi 150 mil trabajadores, de sectores como la construcción, industria, agricultura y servicios.

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