La comisión de Legislación del congreso no ha logrado ponerse de acuerdo en un punto fundamental en el anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio: qué instituciones recibirán los bienes ilícitos y en qué porcentaje.
La propuesta original enviada por el Órgano Ejecutivo plantea que el 50 % de los bienes pase al Ministerio de Justicia y Seguridad, el 25 % a la Comisión Nacional de Administración de Bienes (Conab), el 15 % para la Fiscalía General y el 10 % para el Ministerio de la Defensa.
El diputado de ARENA, Julio Fabián, consideró que dicha propuesta deja de lado a la Fiscalía, una de las instituciones que ha tenido menos presupuesto en los últimos ejercicios fiscales.
La propuesta de los tricolores, según Fabián, es un 20 % para el Justicia y Seguridad, 20 % para la Fuerza Armada Salvadoreña, 20 % para el Ministerio de la Defensa, 20 % para el Conab, 5 % a la Procuraduría General de la República y 5 % para instituciones privadas o públicas que ejerzan labor de prevención de la violencia. El otro 10 % aún no han definido adónde podría ser colocado.
En cambio, el FMLN dice que presentará su propuesta en los próximos días, pero asegura que no debería existir un porcentaje específico para cada institución, sino que sea repartido de acuerdo con las necesidades de cada una.
Jackeline Rivera, del FMLN, dijo que una de las alternativas es que el Conab, instancia creada específicamente para la normativa, sea la que en determinado momento pueda establecer los porcentajes de los bienes ilícitos que recibirán las instituciones.
El diputado de CN, Antonio Almendáriz, también se mostró en favor de que la Fiscalía General reciba, al menos, el 25 % de los bienes. Asimismo, consideró que lo destinado por el Ejecutivo al Ministerio de Justicia y Seguridad podría disminuirse a 35 %.
Los legisladores se reunirán el lunes 24 de junio para concluir con el estudio de la legislación, que tiene como objetivo incautar los bienes bajo sospecha de ser ilícitos y, una vez demostrada su ilegalidad, repartirlos entre distintas instancias del Estado para contribuir con el combate a la delincuencia.