Una mujer santaneca, de 30 años, teme por su vida porque su esposo la agredió física y psicológicamente en abril pasado. La víctima lo denunció y fue llevado ante el juez, quien lo envió provisionalmente a prisión.
El temor de Cindy S. se debe a que los abogados del imputado pidieron al juez que le cambiara la detención por libertad condicional, la cual fue concedida.
Inconforme por la decisión, la Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara de lo Penal de Santa Ana, que todavía no ha resuelto, mientras teme que su esposo Raúl D. la busque para hacerle daño.
Las agresiones, según relató la ofendida, empezaron desde 2007 poco después de casados. Curiosamente este matrimonio es el fruto de ocho años de noviazgo.
De acuerdo con el relato de la ofendida, la gota que derramó el vaso se dio el 11 de abril cuando el imputado aparentemente la sacó abruptamente de un culto católico llamado “hora santa” en una de las iglesias al surponiente de Santa Ana.
Afuera del templo y camino a la casa, el sujeto propinó, supuestamente, una fuerte golpiza a su cónyuge que la dejó varios días ingresada en el hospital nacional San Juan de Dios.
Al parecer, Cindy fue atacada por su marido de varios puñetazos en su ojo izquierdo que tardó varias semanas para sanar.
Sin embargo, de acuerdo con un dictamen médico, aún tiene fragilidad capilar o deficiencia visual por daños sufridos. Por su condición la víctima recibe asistencia sicológica.
Por la magnitud de los hechos la Policía detuvo al sujeto y fue procesado por el delito de agresiones en el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, donde le decretaron detención provisional.
Varias semanas después, el 17 de mayo en audiencia especial los abogados defensores solicitaron al Juez Tercero de Instrucción el cambio de detención por libertad condicional del imputado.
“Yo tengo miedo por todas las amenazas que me ha hecho, son amenazas de muerte”, dijo la víctima.
“A partir de los cinco meses de embarazo, él se comportaba de una manera extraña. Comenzaron los maltratos físicos y sicológicos. Notaba un comportamiento que no era normal, incoherencias al hablar”, relató la señora a la Fiscalía, en un documento que ella misma elaboró y que envió copia a la Policía y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Antecedentes
Debido a maltratos anteriores ocurridos en 2010, ya un Juzgado de Familia había impuesto sanciones al esposo como que no se acercara a su cónyuge.
Con el alejamiento el juzgado buscaba la protección de la ofendida, pero el hombre siempre las incumplía, afirmó.
“Un 28 de diciembre de 2010, lo detuvieron por desobediencia y al salir, el 2 de enero de 2011, solo vino a golpearme (y) queriéndome quitar a mi hijo”, continuó el relato.
Ese ambiente hostil generó que la señora renunciara a algunos de sus trabajos, mientras en otros fue despedida, supuestamente por el acoso que ejercía en ella.
En uno de los documentos, la mujer expone que hubo amenazas, presuntamente de su esposo hacia uno de sus compañeros de trabajo por celos, pues creía que mantenía una relación sentimental con ella.
Tan invivible se tornó la convivencia de este matrimonio que la esposa optó por romper con la relación. “Me separé de él, en noviembre de 2012, pero hasta este día vivo un acoso constante”, expresó la ofendida.
El hostigamiento de su marido se ha tornado tan complejo que han habido veces que la ha llamado hasta 200 veces al día a su teléfono móvil. A raíz de ese acoso, la mujer sufre de mucho temor y se ve obligada a solicitar que las autoridades tomen cartas en el asunto para parar esta situación. La víctima consideró que en su caso, presencia todos los tipos de violencia contra la mujer.
El supuesto agresor es procesado por violencia intrafamiliar, desobediencia, expresiones de violencia contra las mujeres, lesiones, amenazas, difamación e injuria, hurto y privación de libertad.
Aparentemente el agresor presenta problemas de drogadicción pero las autoridades no han ordenado el examen toxicólogo ni la evaluación psicológica que lo confirme.