“La reciente crisis institucional entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa representa un claro ejemplo de la grave injerencia de otros poderes del Estado a la que está expuesto el Poder Judicial”.
Así reseña el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, la crisis suscitada después que diputados ala Asamblea Legislativa decidieron desconocer dos fallos de la Sala de lo Constitucional en 2012.
Las sentencias anulaban las elecciones de magistrados de 2006 y de 2012, porque no habían sido efectuadas por diferentes asambleas.
Contra la decisión de la Sala, Ovidio Bonilla fue entronizado como presidente de la Corte por el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes. Este episodio fue precedido por la toma del Palacio de Justicia por grupos de sindicalistas en apoyo a la decisión de los parlamentarios.
Además, Reyes y un grupo de diputados acudieron a la Corte de Managua a demandar a la Sala.
“La decisión de interponer un recurso ante dicha Corte (de Managua) puso de manifiesto una profunda falta de respeto por la autoridad de la Sala de lo Constitucional, que es la más alta instancia judicial del país para la interpretación de la Constitución”, dice Knaul.
Tras semanas de tensión, la Asamblea repitió las elecciones como mandó la Sala y nombró como presidente a Salomón Padilla, quien admitió ser militante del partido oficial FMLN, en tanto que Ovidio Bonilla fue relegado a otra sala del máximo tribunal.
Para Knaul, todos estos hechos “erosionaron” la independencia del Poder Judicial y pusieron de manifiesto su “politización”, misma que critica porque siempre es facultad de la Asamblea, un órgano eminentemente político, elegir a los magistrados de la Corte Suprema.
En un primer informe preliminar, Knaul concluyó “que la Asamblea Legislativa atentó e intimidó a la independencia del Órgano Judicial, por acciones como la de acudir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para interferir en decisiones de la Sala de lo Constitucional”.
La relatora afirmó “que la CCJ no tiene competencia constitucional supranacional sobre la Sala y que el que los diputados acudieran a ella fue uno de los hechos más preocupantes, pues desde un punto de vista jurídico demostró una profunda falta de respeto a la Sala de lo Constitucional”.