Sindicalistas unidos al Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones interpusieron el pasado 10 de abril una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 223-A y 91-m de la Ley del Sistema de Ahorros de Pensiones.
Dichos artículos obligan a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a invertir los fondos de sus cotizantes en Certificados de Inversión Previsionales (CIP).
Los demandantes pidieron a la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional el artículo 12-c de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que fija la tasa de interés que rinde o devenga la inversión en los mismos certificados.
A juicio de los demandantes, la tasa de interés que se paga por la utilización de los ahorros de los trabajadores “es exigua, irrazonable y desproporcionada, alejada de modo evidente de los parámetros de los mercados financieros”.
Estas disposiciones, según los afectados, obligan a los trabajadores a someter sus ahorros a dichas tasas en menoscabo de su libertad de inversión, de contratación y de propiedad, consagrados en la Constitución de la República.
El pasado 24 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema admitió un recurso de amparo y abrió un proceso formal para determinar si violan o no la Carta Magna los artículos de la Ley de Pensiones que obliga a las AFP a invertir un porcentaje de sus fondos en certificados.
Los magistrados coincidieron en que la demanda reúne los requisitos legales y dieron 10 días a los diputados de la Asamblea Legislativa para que justifique la legalidad de los artículos aprobados por ellos y desvirtúen la supuesta vulneración de los derechos a la libertad de contratación y seguridad social consagrados en la Constitución.
Preocupación
El manejo de los fondos de pensiones ha causado preocupación en los candidatos presidenciales, quienes han sostenido que ha habido despilfarro de los fondos de las AFP.
Semanas atrás, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) denunció que el 53 % de los fondos de las AFP han sido invertido en deuda estatal. El presidente de la ASI, Javier Simán, afirmó esa vez que los fondos de pensión invertidos en deuda del Gobierno solo tienen 1.5 % de rentabilidad. Mientras otras inversiones tiene ganancia del 9.6 %, lo cual es una desventaja en la rentabilidad de los fondos de las personas. Los industriales opinan que la baja rentabilidad limita el crecimiento y el dinero no alcanzará en el futuro para cuando los cotizantes se pensionen.