Los 146 días de exceso al plazo legal en el que estuvieron los dos homicidas en detención preventiva no se les puede atribuir la responsabilidad a los procesados ni a los abogados defensores sino a los jueces, según lo estableció la Cámara de la Segunda Sección de Occidente.
“No se advierte la existencia de dilataciones indebidas o injustificadas que se pueden decir que son imputables a los procesados o a alguna actitud maliciosa por parte de los profesionales que ejercen la defensa técnica que haya incidido de forma directa o indirecta en la prolongación de la privación de libertad de sus representados”, reza la resolución de la Cámara.
El tribunal de Segunda Instancia enumera las irregularidades que se dieron durante el proceso judicial como por ejemplo los 40 días que transcurrieron desde que el Tribunal de Sentencia de Sonsonate recibió la causa del Juzgado Primero de Instrucción de esa ciudad y la fecha en el que lo remitió al Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.
Además transcurrieron 172 días desde que se generó el conflicto de competencia entre las autoridades judiciales antes mencionadas y la fecha en el que se pronunció el máximo tribunal de justicia.
También la vista pública se suspendió en seis oportunidades por el Tribunal de Sentencia por distintas razones. En dos ocasiones por reajustes del calendario de audiencias, una por la ausencia de uno de los jueces por encontrarse mal de salud, y tres por la imposibilidad de realizar el traslado de los procesados por la sección de Traslado de Reos del Órgano Judicial.
A lo anterior se le suma que la sentencia condenatoria fue dictada el 15 de diciembre de 2011, pero “fue recibida con su redacción y firma completa, para su posterior notificación, hasta las 14:00 horas del 17 de abril de 2012”.
También en el informe se señala que transcurrieron 105 días para que el Tribunal de Sentencia enviara la causa a la Sala de lo Penal desde la fecha en la que los abogados de los dos condenados presentaron el recurso de casación, el 3 de mayo de 2012.