El 5 de junio de este año, la Junta de la Carrera Docente del Sector Dos, de San Salvador, emitió resolución de un caso de presunta violación al artículo 90, literal “b”, de la Ley General de Educación, contra de Centro Escolar Católico “San Agustín”, ubicado en Mejicanos.
Siete meses después de haber interpuesto la demanda, en noviembre de 2012, la familia Barrientos conoció el fallo. L a balanza se inclinó en favor de los demandantes.
Según el documento resolutorio, a los menores les fue denegada la matrícula para el año escolar 2013 en dicha institución, porque sus padres denunciaron en el Ministerio de Educación la expulsión de su hijo mayor, de 13 años.
Las exhaustivas audiencias para escuchar a las partes se convirtieron en un calvario para los padres de familia, los estudiantes, los docentes y la directora del centro escolar en Mejicanos.
Quienes investigan los casos argumentaron en declaraciones pasadas que el proceso es largo porque está regido por la Ley. Aseguran que de no seguir paso a paso el proceso, “el caso se puede caer”.
Lo que para las instituciones educativas son simples normas de disciplina, para los padres de familia puede significar un acoso por parte de la institución. Ese fue el caso de la familia Barrientos.
El artículo 90, literal “b”, de la Ley General de Educación dicta el derecho de los estudiantes a inscribirse en cualquier centro escolar de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República. Además, el artículo 83 de la Lepina, obliga al Estado a garantizar el acceso a la Educación y a la Cultura.
Amparados a estas leyes, José Barrientos y su esposa Mirna Cedillos interpusieron una demanda en contra del centro escolar por no admitir a sus hijos de 11 y 13 años para el año escolar 2013.
La resolución decretó que se violó el derecho de los hermanos Barrientos y responsabilizó a la directora del Centro Escolar Católico San Agustín, de Mejicanos, de haber irrespetado el artículo 90, literal “b”, ya que les negó la matrícula.
Además, quedó a criterio de los padres inscribir nuevamente a sus hijos en ese centro escolar. No obstante, los padres aseguraron que no están interesados en que sus hijos vuelvan a estudiar en ese centro escolar. Por lo que los menores seguirán estudiando en otra escuela de la zona.
En desacuerdo con fallo
La directora del centro escolar aseguró: “No estamos en contra de lo que el Ministerio nos pida, lo único que pedimos es que, si ellos vienen a esta institución, tienen que acatar la disciplina y las normas”.
Añadió que los niños tienen derechos, pero también hay que disciplinarlos.
Puntualizó que fue este último punto la gota que derramó el vaso, debido a que el hijo mayor de los Barrientos fue suspendido por mala conducta. “A los padres se les notificó para hablar sobre la situación y no se acercaron para la resolución disciplinaria, prefirieron ventilar un problema que se pudo resolver acá”, afirmó.
La religiosa añadió que el padre de familia tomó una actitud “prepotente y poco humilde” para solucionar el problema desde el principio, evitando así llegar a un proceso administrativo.
La Junta de la Carrera Docente también consideró que el manual de convivencia institucional, un reglamento interno del centro escolar, contiene disposiciones contrarias y atentatorias a los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello recomendó a la institución revisarlo con el fin de que no se irrespeten los derechos de los estudiantes, como lo estipulan la Constitución de la República, la Ley General de Educación y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y tratados internacionales de lo que El Salvador es parte.
Al respecto, la religiosa considera que el manual está apegado a la ley: “No tengo claro qué clase de disposiciones están en contra de los derechos a la niñez y la adolescencia”.
El manual es del conocimiento del Ministerio de Educación, de los padres de familia y de los alumnos de nuevo y antiguo ingreso: “Si hubiera estado mal, desde cuándo me lo hubiera dicho”.
Argumentó que quienes no acataron las normas del manual fueron los demandantes, porque ahí se establece que el padre de familia debe presentarse a la escuela para tratar asuntos disciplinarios o académicos cuando así lo solicite la institución.
“Ellos no se presentaron. Solo se presentó la señora y él solo le dijo: ‘No firmes, él no ha dado la cara'”, aseguró. Después de esta experiencia, ella revisará el manual para identificar si contradice las leyes.
La directora aseguró que tiene 11 años de estar al frente de la institución educativa y que jamás había tenido un problema con los padres de familia ni con los alumnos: “Si alguna cosa procuro es que todo mundo esté bien y que estén contentos de nuestro servicio”. Pidió que si hay algo que se pueda mejorar que se lo digan. “El padre está integrado en la comunidad educativa. Si no estamos de acuerdo, no podemos darle una buena educación al niño”, añadió.
Según la educadora, la lección que le ha dejado este caso es que para dar una educación integral es necesaria la colaboración de los padres de familia. Consideró que esta experiencia tampoco va a ser positiva para los exalumnos.
Cree que ellos no olvidarán el “pleito entre la escuela y sus padres”. Incluso t eme que repitan la experiencia.
Aseguró que el centro escolar que dirige siempre ha actuado dentro del marco de la ley, para formar buenos ciudadanos y hombres valiosos para la sociedad.
Este caso es solo uno de los que se dirimen en las 15 Juntas de la Carrera Docente. El año pasado, estas recibieron 603 denuncias, de las que 25 % recibió sentencia.
Cuando los padres presentan sus quejas ante el Mined, les advierten que el proceso “puede durar un año”.