Un hombre condenado a 30 años de prisión por haber secuestrado a una empleada de una clínica dental en la colonia Escalón, en San Salvador, purga su condena cómodamente en su vivienda en una colonia de San Marcos y es custodiado por 10 o 12 policías, que en equipos de tres o cuatro se relevan cada ocho horas.
Erick Fabricio González Juárez fue capturado el 20 de octubre de 2009 por un secuestro que junto a otros sujetos cometió el 26 de junio de ese mismo año.
El 11 de enero de 2011, el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador lo condenó a purgar 30 años de prisión.
La misma condena dictó para cuatro cómplices de González Juárez, según confirmó ayer Lucrecia Padilla, coordinadora de la Unidad especializada contra crimen organizado de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, días antes de Semana Santa de este año, González Juárez fue sacado del sistema penitenciario donde había permanecido por poco más de tres años, y trasladado a la residencial Autopista 1, Pasaje 4, donde en la comodidad de la casa de sus padres pasa los días de su condena entre las redes sociales a través de una tablet y un juego de nintendo que ocasionalmente comparte con uno que otro policía que lo custodia.
Desde finales de marzo anterior, la repentina llegada de policías que cuidan una casa del pasaje cuatro ha levantado suspicacias entre vecinos que no saben que a quien los policías cuidan es a un convicto de secuestro.
Muchos, sin embargo, saben que en realidad cuidan a Erick Fabricio, quien es hijo de René Alfonso González Chávez, motorista de confianza de un alto funcionario del actual gobierno.
Algunos vecinos, incluso policías que lo custodian, creen que el privilegio de tener como cárcel la casa de sus padres es precisamente por esa relación laboral.
Información proporcionada por la Fiscalía General indica que el 21 de marzo pasado, el abogado de González Juárez presentó una solicitud ante el juez Godofredo Salazar Torres en la que pedía medidas sustitutivas a la prisión a favor de su cliente en vista de que la sentencia no estaba firme.
El juez, de acuerdo con la Fiscal Padilla, ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) que le diera custodia policial a González Juárez en la vivienda de éste.
Padilla dijo ayer que lo último que sabían del caso es que la Policía respondió al juez que el lugar de residencia de González Juárez no reunía las condiciones necesarias para cumplir lo ordenado por el juez Salazar Torres para que estuviera detenido.
Pese a lo afirmado por la fiscal, según fuentes policiales, la Delegación de San Marcos cuenta con un oficio girado por el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, firmado por el juez Salazar Torres, en el que se ordena darle custodia policial a González Juárez en la dirección antes dicha.
Ayer se intentó obtener la versión del mencionado juzgador, mas no fue posible, pues el juez indicó, a través de su secretario, que no podía atender a periodistas de El Diario de Hoy porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaba practicando una auditoría en el referido tribunal.
El día a día del convicto
En el libro de servicios diarios de la delegación policial de San Marcos y de puestos como el de la comunidad 10 de Octubre, según fuentes policiales, cada ocho horas aparece una anotación en la que tres o cuatro agentes policiales salen “en servicio de custodia y vigilancia”.
Así se registra la salida de los agentes policiales que durante ocho horas custodian al convicto de secuestro.
Algunas veces, un vehículo policial sólo los llega a dejar. En otras ocasiones, el auto se queda durante las ocho horas, estacionado en el parqueo de la residencial Autopista 1, sin importar que puedan atender otras emergencias.
Mientras transcurren las ocho horas, los agentes deambulan por la residencial. Algunos salen a la calle a comprar cualquier golosina o a conversar con los vigilantes que controlan el acceso al vecindario.
Otros simplemente permanecen sentados en la sala de la vivienda del secuestrador condenado.
Un día de la semana anterior, El Diario de Hoy comprobó que mientras el convicto estaba al fondo de la casa donde “paga su condena”, un policía jugaba nintendo, y uno más, sentado en un sillón con aparente despreocupación, hablaba por teléfono.
Vecinos de la residencial Autopista 1 aseguran que ya se han acostumbrado a convivir bajo vigilancia policial.
Por una parte, ven con buenos ojos tener a dos, tres o cuatro policías en un vecindario con solo cuatro pasajes atestados de casas.
Pero también está la aflicción de algunos: según la Policía, el convicto es vinculado a un hecho en el que participaron varios miembros de la pandilla 18 y permanece en un territorio asediado por la mara Salvatrucha (MS-13).
En su casa con visita íntima
De acuerdo con agentes policiales, González Juárez, como cualquier presidiario, cuenta con un horario de visita conyugal. Su mujer lo llega a visitar cualquier día, pero tiene que ser entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.
El resto del día, según policías entrevistados que pidieron no revelar sus identidades, afirman que el convicto se lo pasa pegado a una tablet hurgando en las redes sociales y cuando la Internet le aburre agarra el nintendo para entretenerse.
Pero hay que aclarar que, según los policías, el convicto no tiene derecho a hablar por teléfono. De hecho, no hay teléfono residencial en la vivienda donde está pagando su condena, afirman algunos policías.
“Lo injusto de la justicia”
Agentes policiales que han sido enviados en reiteradas ocasiones a custodiar al secuestrador saben que a quien custodian ha sido condenado a 30 años de prisión y que otros compinches de él están en diversas cárceles salvadoreñas descontando la pena por el secuestro.
Aclarando que ellos no tienen nada que ver en la decisión judicial y que sólo cumplen las órdenes de sus superiores en dar vigilancia y custodia, los agentes policiales califican de “lo injusto de la justicia” el hecho de que González Juárez purgue su condena en el calor del hogar de sus padres.
Del 21 de marzo hasta esta semana, casi todos los policías asignados a la Delegación de San Marcos han ido más de alguna vez a custodiar al secuestrador en su casa.
Algunos creen que en este caso no es que la justicia esté siendo condescendiente con él por su posición económica. “No vive con lujos. A veces le llevan almuerzos de no más de dos dólares. Tal vez por que el papá es motorista de ese señor”, afirman algunos policías, en referencia al alto funcionario público para el que trabaja el padre del convicto.
Pero a esa injusticia, como lo llaman los policías, se suma el hecho de que precisamente esta semana en la Delegación de San Marcos se giró la orden de que por la carencia de combustible y de vehículos quedaba prohibido el traslado de enfermos o embarazadas hacia cualquier centro hospitalario en las unidades policiales.
Precisamente el miércoles por la tarde, según las fuentes policiales, a una mujer que solicitó que la trasladaran al hospital de Maternidad se le negó el favor, argumentando que no habían vehículos disponibles. Esa es la excusa que se les dará siempre que se reciba un llamado de auxilio de esa índole por parte de la población.
Los mismos agentes criticaron que la tarde del miércoles, el pick up policial 01-2216 debía permanecer toda la tarde a disposición de cuatro policías. El relevo lo hicieron a las 4:00 p.m. Desde esa hora hasta la medianoche, el auto policial permanecería estacionado en el vecindario del convicto.
El Diario de Hoy también comprobó que además de los agentes policiales que cuidan al convicto en su casa, una patrulla policial suele permanecer cerca del domicilio del condenado.
Ayer, por ejemplo, durante la mañana, un pick up de la Unidad 911 de la Delegación de San Marcos permaneció a pocos metros del portón del vecindario en que reside el convicto.
Lentitud judicial
en juzgados Antimafia
El Diario de Hoy corroboró que, a más de dos años de haber sido dictada la sentencia contra González Juárez y tres de sus compinches, el expediente judicial no ha sido asignado a ningún Juzgado de Vigilancia penitenciaria de San Salvador para dar seguimiento a la pena.
Fuentes allegadas al caso aseguraron que la sentencia por el caso de secuestro ha sido remitida a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues los defensores han apelado la resolución del juez Salazar Torres.
No obstante, la fiscal Padilla dijo que la Fiscalía General de la República ha presentado un escrito ante el referido juez impugnando la decisión de dar arresto domiciliar a González Juárez, pues éste debe estar en una prisión, como lo están los otros condenados por el mismo hecho.