Para el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Gregorio Montero, contar con una Ley de la Función Pública busca no solo mejorar el aparato estatal, sino que este tipo de normativas modernas está enfocado en dar un mejor servicio al usuario.
El dominicano, que dio una ponencia ayer durante un foro organizado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, consideró que la ley del Servicio Civil, que data de 1961, es de “otro tiempo”, que responde a un esquema obsoleto y que no recoge las expectativas del siglo XXI.
“La Ley del Servicio Civil es de otros tiempos, no solo tecnológico. Esa ley se enfoca en el empleado. La ley moderna debe enfocarse en el ciudadano, que es el principal beneficiario de una Ley de la función pública”, aseveró.
Montero explicó que las garantías de los derechos ciudadanos son fundamentales y que eso no fue considerado en esta ley. Es por eso que considera que están en el momento oportuno para avalar una nueva normativa, la cual a su juicio va por buen camino.
“Vemos esfuerzos serios, han tomado en serio la carta Iberoamericana de la Función Pública, pero también han estado conociendo todas las experiencias de la región. Vemos seriedad en la forma que se está llevando el proceso; el tema se ha posicionado social y políticamente”, señaló.
Añadió que hay que detectar bien para qué es la ley: primero para proteger los derechos de los ciudadanos, para darle un mejor servicio y para que los servicios públicos impacten de manera positiva; también para la protección de derechos para los sindicatos y empleados públicos que no pertenecen a ningún sindicato, la capacitación permanente y equidad salarial.
Del proyecto de Ley de Función Pública, que aún está siendo sometida a discusiones, señaló que hay aspectos que todavía falta afinar. Dice que un tema importante a determinar es que debe quedar claro el ámbito de aplicación.
“A veces se comete el error de dejar atrás a varios sectores y se convierte en una ley sectorial que aplica a un solo sector y no te garantiza la profesionalización de la función pública ni la eficiencia”, dijo.
Otro aspecto que se debe considerar, según Montero, es la participación que debe otorgársele a los sindicatos en los instrumentos de aplicación, pero que deben entender que la responsabilidad en definitiva es de la autoridad pública. Agregó que deben poner cuidado en los sistemas técnicos de recursos humanos que tienen que ver con la evaluación del desempeño, área que es muy delicada.