Varios procesos jurisdiccionales y administrativos penden de un hilo en la Corte de Cuentas de la República (CCR) ante la falta de dos magistrados y su presidente.
Luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal las elecciones de Gregorio Sánchez Trejo (presidente), Javier Tránsito Bernal y Silvia Aguilar, la CCR cree que podría tener problemas en la adquisición de servicios y procesos de auditorías y resoluciones que están a cargo del presidente de la institución y los demás magistrados.
Uno de estos procesos, de acuerdo con el coordinador jurisdiccional de la CCR, Mario Antonio Grande, es la emisión de finiquitos (solvencias de funcionarios) y la liberación de ejecutorias (informes que se envían a la Fiscalía para que ejecute las sentencias de la CCR).
Los finiquitos se entregan a los candidatos a cargos de elección popular que han ejercido cargos públicos, para poder mantener u optar a uno de ellos.
Otro problema radica en que, ante la falta del presidente y los dos magistrados, que a su vez conforman la Cámara de Segunda Instancia, no es posible que se siga el trámite correspondiente al existir recursos contra resoluciones que emita la CCR.
Esto implicaría el atraso en las resoluciones y los procesos para el cumplimiento de sentencias que emita la CCR en casos de auditorías a instituciones o ex funcionarios.
Por otra parte, Grande aseguró que la falta del presidente de la institución generaría problemas en la adquisición de bienes y servicios, pero hasta la fecha dijo que todos los insumos fueron adquiridos desde principio de año para cubrir todo 2013 (leer nota aparte).
Si bien no ha habido problemas en cuanto a la elaboración de auditorías, la falta del presidente pondría en aprietos a la institución en vista de que no se podrá aprobar la política de formulación de planes de auditorías, que son los lineamientos básicos de cómo se deberán elaborar los exámenes financieros en los próximos meses.
De acuerdo con el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, la falta de presidente también impedirá que se elabore el proyecto de presupuesto para el próximo año, el cual debe ser presentado a más tardar en julio.
Plazo fatal
Lo que más preocupa a Bonilla es que la CCR debe devolver en un plazo de cuatro meses el informe anual de gestión financiera del Estado, que le fue enviado hace un mes y medio por la Asamblea Legislativa para su revisión.
También, otras instituciones como la alcaldía de San Salvador dependen de que ya no siga acéfala la institución.
De acuerdo con Bonilla, hay un convenio de cooperación entre el Ministerio de Hacienda y la alcaldía para realizar obras que podría perderse, ya que el presidente de la CCR debe refrendarlo, según señala la Constitución.
Por si fuera poco, otro aspecto que señalan los funcionarios son que el presidente de la CCR es el único capacitado para enviar a la Fiscalía General los posibles indicios de ilícitos penales detectados en los exámenes financieros.
Asimismo, la falta de presidente y magistrados afectaría a otras instituciones que necesiten hacer consultas relativas al control de recursos financieros.
El vacío también afecta a la CCR en el plano internacional, pues ostenta la secretaría técnica de órganos fiscalizadores del SICA, que es un mandato de países del istmo.