La organización promotora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se sumó ayer a las voces que piden al gobierno salvadoreño permitir que Beatriz sea sometida al único tratamiento que los médicos del Hospital de Maternidad creen que le garantiza la vida: un aborto.
Amnistía Internacional señaló que el Estado salvadoreño debería acatar lo que el lunes le recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fijó un plazo de 72 horas para dar el tratamiento médico considerado “vital” para la joven de 22 años.
En un comunicado emitido ayer, AI instó a las autoridades locales a que cumplan “urgentemente” con la recomendación de la CIDH porque Beatriz, a quien se refieren como B.C., padece lupus e insuficiencia renal.
“La vida de Beatriz pende de un hilo debido a demoras injustificables por parte de las autoridades. Las autoridades salvadoreñas deben cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y permitir que Beatriz viva y cuide de su hijo de un año”, dijo Esther Major, investigadora para Centroamérica de AI. “La vida de Beatriz está en sus manos”, agregó, según la Agencia EFE.
Con cinco meses de embarazo, Beatriz ha solicitado un aborto terapéutico debido a que, según sus médicos, el feto carece de gran parte de su cerebro y cráneo y puede morir antes o poco después de nacer, algo a lo que la Iglesia Católica y organizaciones provida se han opuesto rotundamente, pues consideran que los médicos deben velar por la vida de ambos: Beatriz y el feto que crecen en su vientre.
El aborto está prohibido en El Salvador y, aunque los médicos del Ministerio de Salud consideran que Beatriz corre el riesgo de morir si continúa con el embarazo, dichos médicos no le han practicado el aborto, pues podrían ser llevados a juicio y encarcelados.
El pasado 22 de marzo, los médicos que atienden a Beatriz solicitaron permiso de las autoridades salvadoreñas para poner fin a su embarazo, con el argumento de salvarle la vida. También pidieron garantías de que no serán juzgados por ese acto.
Las autoridades no atendieron la petición, por lo que abogados que dicen representarla llevaron el caso de Beatriz hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Sala no ha emitido un dictamen definitivo aún, sino que pidió un peritaje psicológico y médico al Instituto de Medicina Legal y al Ministerio de Salud. Pero, hasta ayer, el IML no había hecho esos peritajes.
Esto “pese a la urgencia del caso y el hecho de que, en la actualidad, ella sufre un tratamiento cruel, inhumano y degradante”, manifestó AI.
La CIDH confirmó ayer que el 29 de abril otorgó medidas cautelares a favor de Beatriz. “La solicitud de medidas cautelares señala que el Ministerio de Salud y el Comité del Hospital donde se encuentra internada “B” determinaron que “B” padece de una serie de patologías, que su embarazo conlleva un alto riesgo de muerte para la madre, y que el feto es anencefálico”, señaló la CIDH.
Este periódico solicitó información sobre el estado de Salud de la paciente al Ministerio de Salud, pero al cierre de esta no se había recibido respuesta a la solicitud.