El Salvador está entre los países donde los cambios a las legislaciones existentes amenazan la libertad de expresión, indicó ayer el presidente del comité jurídico de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR).
Entre los proyectos que pretenden limitar la libertad de información en el país, de acuerdo con el experto, están los cambios a la ley de consumidor para limitar la publicidad y el derecho de rectificación y respuesta.
A juicio de Jobim, esta normativa vendría a reducir la capacidad de auto sostenibilidad de los medios radiales, pues asegura, por ejemplo, que los intentos por evitar que los menores de edad consuman productos dañinos no debe suponer la prohibición de los anuncios de productos que han sido avalados para su venta.
“Los proyectos para proteger a la niñez son importantes, considerando los abusos que hay, mas no se puede prohibir combatir el abuso impidiendo el uso. Tienen que regular los abusos, no es simplemente regular como se quiere hacer en algunos casos de publicidad infantil, por ejemplo, de alimentos con altos niveles de sodio, azúcar”, explicó.
Otro de los proyectos legales, que además pueden verse en el resto de países del hemisferio, son el derecho de rectificación y respuesta, sostuvo Jobim.
Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene abierta una comisión que estudia el derecho de rectificación y respuesta, pero hasta el momento no ha emitido ningún dictamen al respecto.
Por otra parte, el especialista observa que en el país, así como en Brasil, hay otras iniciativas encaminadas a limitar las frecuencias radiales, algo que según Jobim pondría en aprietos a los medios independientes.
A juicio del abogado, hay otros países como Venezuela, Ecuador y Argentina, donde los intentos de restringir la información y la libertad de expresión son más visibles.
Según dijo, en estos países, además de Honduras, se está buscando impulsar la “ley de tercios”, que consiste en otorgar un tercio del espectro radioeléctrico a medios “alternativos”, un tercio a los medios públicos y otro a los privados.
Pese a todos estos proyectos, muchos de los cuales aún no han sido aprobados en los respectivos países, Jobim señala que la vigilancia de la sociedad ha permitido que la libertad de expresión aún no llegue a niveles críticos.
“El precio de la libertad siempre es caro, la eterna vigilancia tiene que se manejada y monitoreada”, consideró.