El gobierno de Mauricio Funes-FMLN llega a su cuarto año el próximo sábado arrastrando deudas con la ciudadanía. En una apreciación general sobre la gestión realizada hasta la fecha, Fusades dedica un largo capítulo a la “Eficacia de la administración pública” y en él se desglosa el nivel de cumplimiento de las promesas principales de campaña y del inicio del mandato.
“Al término del cuarto año de gestión del presidente Funes, se presentan muy bajos niveles de cumplimiento de las promesas y apuestas del Gobierno”, sentencia el documento de Fusades.
Trae a cuenta la tardanza del gobierno para concretar sus ofrecimientos y el hecho de que al cumplir el tercer año de gestión habían logrado “ordenar la casa” y que 2012 sería decisivo para hacer los cambios esperados.
Pero aparte de eso, recuerdan la promesa de Funes de que 2013 sería “un año crucial para el futuro desarrollo del país porque esperamos dar pasos decisivos en la construcción de las bases de un nuevo modelo económico y social más eficiente…”.
Pero según Fusades, “las apuestas estratégicas delineadas por el gobierno presentan muy pocos avances” y a manera de ejemplo, destacan el aletargado proceso de concesión del puerto de La Unión, de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, de la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional e incluso del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
“La ineficacia en el proceso de concesión del Puerto de La Unión además de afectar los pagos de la deuda contraída también está provocando descapitalizaciones en otras empresas de CEPA que no son rentables”, reflexiona con respecto a esa obra prácticamente en desuso.
Otro punto que demuestra la poca eficacia de la administración, son los bajos niveles de inversión pública y a manera de ejemplo toman datos oficiales como que en el último año el gobierno incumplió en la ejecución de los $1,218.64 millones que estaban programados, pues cerró ese año con un atraso del 37 %.
No obstante Fusades le reconoce la finalización de obras iniciadas por la administración anterior, como el proyecto Fomilenio financiado por EE. UU., la finalización del bulevar Diego de Holguín, hoy llamado Monseñor Romero; y la renovación de la carretera de Los Chorros.
Pero por otro lado, recuerdan el incumplimiento en la creación de una Ciudad Mujer en cada departamento del país y tampoco ha construido 25,000 viviendas para familias pobres como programó.
Clima de inversión
El informe de Fusades también expone como en el clima de inversión en la administración de Funes “se ha presentado un constante deterioro de los principales índices de inversión”. Prueba de ello, sostiene, es que año con año se ha observado una caída en los ranking que elaboran entidades como el Foro Económico Mundial, que ubica al país en el puesto 101 de un listado de 144 en su informe Competitividad Global 2012-2013.
Pero hay otros informes como Índice de Libertad Económica (F. Heritage-The Wall Street Journal), y el de Doing Business en los que se refleja una franca caída del país como lugar para hacer negocios en los últimos cuatro años.
Y basándose en su Informe de Coyuntura Económica del último trimestre de 2012, Fusades resume: “Se observa el deterioro en competitividad debido a retrocesos en la institucionalidad, en donde la confianza pública en los políticos, el despilfarro del gasto público y la transparencia de las políticas gubernamentales son los peores calificados”.
Otro dato que retoma Fusades que deja en evidencia el gris panorama, es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) si bien refleja que El Salvador ha incrementado en un 34 % la inversión extranjera, sigue estando a la zaga en C.A.
La misma encuesta que realiza Fusades a nivel de empresarios también ha arrojado, dice el documento, un “panorama de inversiones adverso”, ya que la mitad de los encuestados percibe el clima de inversión desfavorable por estos factores: la incertidumbre, un bajo crecimiento económico y la delincuencia.
A esos factores también, dice Fusades, hay que añadirle el largo proceso para conseguir permisos en rubros como la construcción, algo que desincentiva la inversión.
El gobierno, refiere, ha intentado responder con propuestas de ley y otras en curso con las que se pretende desburocratizar los trámites y atraer la inversión esperada.
Pero por otro lado, dice Fusades, el gobierno suma al deterioro del clima para la inversión con una constante confrontación entre el presidente y empresarios, la crisis institucional por la resistencia de Funes y un grupo de diputados a cumplir sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Bajo nivel de empleo
La caída de la inversión tiene incidencia directa en el empleo. El documento recoge no sólo cifras oficiales de la generación de empleos formales a lo largo de los últimos cuatro años, sino la percepción de la ciudadanía que arrojan encuestas de opinión publicadas, de que el gobierno no ha cumplido con su promesa de “Fábrica de empleo”.
Basados en cifras de cotizantes inscritos en el Instituto del Seguro Social (ISSS), Fusades analiza que en estos cuatro años se han creado 72,243 plazas, pero de estas son más las que generó el sector privado que el sector público.
“Del total de empleos generados, un 72 % corresponden al sector privado, es decir, empleos de tipo productivo que impulsan el crecimiento del país; y el 28 % restante son empleos de tipo burocrático que ensanchan el aparato estatal”, concluye Fusades.
En el informe se consigna la evasión del Presidente al cuestionársele sobre la fábrica de empleo prometida y la contrapone con la demanda real de trabajadores de unos 45,000 nuevos cada año, según estimaciones de Fusades.
En vez de crecer, la oferta de empleo ha bajado, dice el documento, pues si bien hubo un “crecimiento significativo” en los primeros dos años de gestión, se observa un decrecimiento del 58 % entre el segundo y tercer año. “La promesa del gobernante de crear 100,000 empleos en los primeros 18 meses de su administración es un déficit de su gestión”, resume.
Inseguridad ciudadana
La situación de inseguridad tan relacionada a la caída de las inversiones y del empleo, también aparece en esta apreciación general. Según Fusades, el cuarto año de mandato se marca por la continuidad de la tregua, un proceso que si bien ha permitido bajar los homicidios, en el caso de las extorsiones no se ha “presentado una baja sustancial”.
Pero también apunta la percepción negativa de la ciudadanía hacia la tregua, según reflejan distintas encuestas.
Fusades concluye en que esa percepción negativa hacia el proceso y la posibilidad de que sume apoyos sigue influenciada por la falta de transparencia inicial en la información del Gobierno, y particularmente, las “versiones poco verosímiles que se brindaron sobre el traslado de reos”.