Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime y Rodolfo Delgado, enfrentan una nueva demanda por su elección en 2009, esta vez interpuesta por miembros del Comité y Acción Ciudadana.
El escrito fue presentado ayer en la Secretaría General de la Corte Suprema.
Según esta organización Jaime y Delgado fueron elegidos por los diputados, supuestamente, no de la primera sino de la segunda lista que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) envió a la Asamblea Legislativa en 2009.
La abogada Eva Padilla solicitó ayer que se revise la elección de ambos magistrados. Además de dos magistradas suplentes: Dinora de Segovia y Celina Escolán, que según esta organización también fueron elegidas, aparentemente, de forma irregular.
“Que se revise si hay inconstitucionalidad, y si lo hay, se debe hacer una nueva elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional”, puntualizó Padilla.
Justificó actuar en representación de la ciudadanía salvadoreña que vela por la seguridad jurídica del país.
“Esperamos que sean las autoridades las que revisen el procedimiento y determinen si hubo inconstitucionalidad”, manifestó la abogada.
Agregó que esta exigencia también va a los diputados de la Asamblea Legislativa quienes son los que eligen a los magistrados de la Corte Suprema.
En mayo del año pasado, sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia también presentaron un recurso contra la elección de los mismos magistrados.
Los agremiados argumentaban lo mismo sobre su nombramiento y que ello violaba la Constitución de El Salvador.
“Su elección no tuvo validez jurídica, fue un nombramiento carente de legalidad democrática”, afirmó en esa ocasión Roswald Solórzano, representante de uno de los sindicatos de la Corte.
También pedían que los magistrados demandados se eximieran de conocer el caso porque de lo contrario se “rompería el principio de juez natural y se volverían juez y parte”.
Cuestionaron además que en el proceso hubo manoseo político. Sin embargo, esta al igual que otras acciones contra la Sala de lo Constitucional podrían ser interpretadas como acciones para destituir a los magistrados.
El Comité y Acción Ciudadana, supuestamente está integrado por profesionales, empresarios y amas de casa. “Velamos porque este país tenga leyes que deben ser respetadas”, subrayó.
Los demandantes aclararon que esta acción no obedece a tintes políticos tampoco responde al conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.
El año pasado la Asamblea nombró una comisión especial para investigar si hubo ilegalidad en la elección de dos jueces de la Sala de lo Constitucional en el 2009.