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Juzgados antimafia no emiten sentencias

Según FGR, esa situación irregular puede dejar libres a unos 300 acusados

Los tres jefes fiscales en la conferencia en la que denunciaron la situación anómala que está ocurriendo en los tribunales Antimafia de Sentencia de San Salvador. Por ser día de asueto, no se pudo contactar con los jueces cuestionados. Foto EDH / Arc
Los tres jefes fiscales en la conferencia en la que denunciaron la situación anómala que está ocurriendo en los tribunales Antimafia de Sentencia de San Salvador. Por ser día de asueto, no se pudo contactar con los jueces cuestionados. Foto EDH / Archivo

Por David Marroquín sucesoss@eldiariodehoy.com

May 10, 2013- 19:00

La Fiscalía lanzó ayer duras críticas contra los dos Tribunales Antimafia de Sentencia de San Salvador por no dictar las sentencias escritas en 172 causas judiciales, cuyos procesados han sido condenados o exonerados de los cargos de los que eran acusados.

La unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía tiene 48 procesos judiciales en los que los procesados ya han sido condenados o absueltos, pero aún no han emitido la sentencia por escrito.

La oficina fiscal en la zona Central registró 86 causas judiciales en las mismas condiciones y la oficina de la Fiscalía en el área metropolitana de San Salvador reportó 38 casos en similares circunstancias.

Tres jefes de la Fiscalía aseguraron que no menos de 500 condenados, la mayoría pandilleros, podrían salir en libertad si los jueces Antimafia no resuelven esa situación irregular en el menor tiempo posible y que además fomenta la inseguridad jurídica por el incumplimiento de los plazos que ordena la legislación Procesal Penal.

Hasta la fecha, la Fiscalía desconoce el número de acusados que habrían salido libres por esa situación y también los procesados que han sido enviados a cumplir arresto domiciliario al cumplirse los dos años del proceso sin sentencia.

En la normativa penal se establece que los jueces de Sentencia tienen 10 días hábiles para que puedan emitir las sentencias escritas, ya sean condenatorias o absolutorias (exonerados de cargos), después de haber finalizada la vista pública (juicio).

“Esto provoca inseguridad jurídica para las personas que se someten a los procesos judiciales”, dijo Rodolfo Delgado, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, y agregó que además “afecta a las partes, en este caso a la Fiscalía en representación de las víctimas que esperan justicia por los diferentes hechos delictivos en su contra y a los acusados que les violentan el derecho de defensa”.

Lo que pasa, según el jefe fiscal de la zona metropolitana de San Salvador, Julio Arriaza, es que si no se tiene una sentencia escrita, ya sea condenatoria o absolutoria, la Fiscalía no podrá acudir a un tribunal superior a pedir que se anule la exoneración de cargos para los acusados.

Tampoco la defensa de los procesados podrán pedir ante un tribunal superior que se les suspenda la pena de cárcel a los condenados por considerar que no hay suficiente evidencia en su contra.

El jefe de la oficina fiscal en la región Central, Francisco Vides, asegura que no es justificable de que los referidos tribunales pongan de excusa la falta de personal y el aumento de la carga laboral para no cumplir con las obligaciones que les ordena la ley.

“Creo que es ineficiencia, mala gestión y falta de compromiso, no es pretexto decir que no tienen recursos, pueden trabajar sábados, domingos, en Fiscalía lo hacemos, por qué ellos no lo hacen, es básicamente irresponsabilidad”, dijo Vides.

Puso de ejemplo el proceso judicial en contra de 30 pandilleros a quienes se les proceso por cinco homicidios y privación de libertad en Cojutepeque, Cuscatlán. A la mayoría de los procesados se les encontró culpables y desde el 24 de junio de 2009 todavía están pendiente que se les imponga la pena de cárcel a los condenados. La mayoría de los procesos judiciales, que datan desde 2009 y 2012, que se encuentran pendientes de que sean impuestas las sentencias corresponden a delitos como homicidios, extorsiones, privación de libertad y violaciones, entre otros.

Los jefes fiscales demandaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordene una auditoría de los procesos que son ventilados en los tribunales Antimafia de Sentencia para verificar si realmente están cumpliendo con los plazos procesales y también al Consejo Nacional de la Judicatura de que se mejoren los controles del trabajo que están haciendo los jueces Antimafia de Sentencia.

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