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Logran acuerdo por ley de Asocios Público-Privados

Anularon plazo de 45 días en propuesta del Ejecutivo para que la Asamblea avalara las concesiones

En abril de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Asocio Público Privado.

Por Eugenia Velásquez Daniel Choto Edmee Velásquez politica@eldiariodehoy.com

May 21, 2013- 23:00

Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa terminaron ayer de revisar la ley de Asocios Público-Privados, y esperan aprobarla en la plenaria del próximo jueves. Están convencidos de que han acordado una normativa que permitirá la inversión privada en obras públicas sin poner en riesgo los intereses del Estado.

En una sentada de una mañana, los legisladores terminaron de revisar más de 90 artículos que habían quedado pendientes después de que el lunes pasado sesionaron todo el día para aprobar únicamente 11 de ellos.

Los diputados se aseguraron de que toda concesión de una obra pública que el gobierno realice deberá pasar antes por el aval de la Asamblea, incluyendo la revisión de las bases de licitación pública.

Incluso, aquellas que sobrepasen el monto de $10 millones, tal como lo habían acordado el lunes pasado, si se tratase de contraer deuda pública, deberá ser analizada por la Asamblea, según lo manifestó el diputado del FMLN, Orestes Ortez.

Otro de los puntos acordados fue eliminar una parte del artículo 48 que presentó el presidente Mauricio Funes, en lo concerniente a ponerle un plazo a los diputados para avalar las peticiones de concesiones.

“Si la concesión no fuera aprobada por la Asamblea Legislativa dentro del plazo de cuarenta y cinco días, o si la Asamblea Legislativa se pronunciara rechazando en ese plazo la concesión, el participante privado tendrá el derecho a resolver el contrato y recibir a título de indemnización, un monto previamente establecido en las bases de licitación…”, decía el artículo.

Con esto, los legisladores se proyectan que el gobierno no tendrá la obligación de indemnizar a ninguna empresa por falta de respuesta a su solicitud, porque no habrá un tiempo perentorio para ello.

Según Ortez, del FMLN, hay periodos legislativos que acaparan bastante tiempo de parte de los diputados, especialmente entre septiembre a diciembre, que es cuando se analiza el aval del Presupuesto General de la Nación para el año venidero, dijo.

“En ninguna Asamblea del mundo un contrato le impone a la Asamblea los tiempos para legislar, es una cuestión elemental”, aseveró.

Lo anterior fue el cambio más sustancial acordado ayer ya que algunas pretensiones del FMLN en la propuesta planteada hace unos días, en la que proponía eliminar el derecho de una empresa a reclamar compensación cuando el contrato fuese anulado por un hecho sobreviniente, se quedó con la misma redacción que el Ejecutivo había presentado.

El artículo 55 del anteproyecto del gobierno reza que el inversionista privado podrá solicitar compensación “en caso ocurra un acto sobreviniente de autoridad pública que afecte negativa y sustancialmente” el contrato.

Además, detalla las circunstancias en las que un participante privado podrá hacer uso de ese derecho.

“Que se produzca con posterioridad a la suscripción del contrato y no haya sido previsto en las bases de licitación; y que constituya una medida administrativa, un cambio legislativo o reglamentario dictado después de la suscripción del contrato con efectos específicos para el proyecto de Asocio Público-Privado de que se trate”.

Sobre esto, Ortez explicó que habían cedido, ya que con esa diferenciación se identifica los casos en que un socio podrá exigir compensación, sin menoscabo del Estado.

“Nosotros hemos flexibilizado nuestra posición en el afán de contribuir a toda una estrategia de atracción de inversiones y, además, de mandar el mensaje a la comunidad internacional y especialmente a los inversionistas que El Salvador es un lugar que contará con una ley de inversiones”, afirmó.

El dirigente efemelenista explicó que también cedieron al tema del arbitraje internacional, pues consideró que para dirimir este tipo de situaciones existen tratados y tribunales de justicia que regulan dichos casos.

“El arbitraje internacional se reconoce porque ya en tratados que tenemos nosotros y además en ciertas reglas que hemos admitido como válidas en el concurso del comercio internacional y de las relaciones económicas de la Organización Mundial del Comercio establece que los arbitrajes se manejen en tribunales internacionales”, reflexionó.

La diputada de ARENA, Carmen Elena de Escalón, se refirió al respecto. Dijo que el FMLN tuvo que entender que el país no puede generar empleo sin la inversión privada.

“Yo diría que han tenido que comprender, porque el FMLN no quería los arbitrajes internacionales, han tenido que comprender que quedan contemplados en la ley, queda un ente establecido que manejará los asocios públicos privados, también los montos con los que se inicia”, aseveró.

Sin embargo, en el tema de las indemnizaciones, De Escalón explicó que los técnicos de la Comisión de Hacienda realizarán una redacción clara del artículo el cual será visto hoy por los legisladores.

También acordaron eliminar tres artículos de la ley presentada por el gobierno. Estos son del 101 al 103, referente a la regulación de los contratos por medio de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Según los legisladores ya no tendrían razón de ser porque la Ley de Asocios Público Privados ya regula el mecanismo en que estos se realizarán.

Lo anterior fue lo acordado ayer, sin embargo, el pasado lunes lograron consenso en la entidad que regirá la ley, la cual se denominará Dirección de Asocio Público Privado (DAPP).

La institución estará formada por los titulares de Economía, Hacienda, Obras Públicas y de Turismo.

Ortez, del FMLN, explicó ayer que serán los ministros de estas carteras de Estado quienes deberán recomendarle al presidente Funes quién será la persona que liderará dicha institución.

Otro de los temas espinosos que fueron acordados el lunes es lo relativo a la exclusión de los servicios de Salud, Educación, incluida la Universidad de El Salvador, el sistema carcelario y el agua.

Pero en este último punto el diputado del PCN, Mario Ponce, dijo no estar de acuerdo, pues consideró que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), no tiene la capacidad financiera para mejorar el servicio y ampliarlo.

El acuerdo de los legisladores llega después de que la Embajadora de los EE. UU. Mari Carmen Aponte, les pidiera agilizar la aprobación de la ley. Sin embargo, ayer en un evento público se mostró satisfecha por los logros acordados entre los diputados.

Candidatos opinan

Pese a que el candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, se había opuesto a la aprobación de la Ley, ayer la calificó de logro.

“Felicito a nuestro grupo parlamentario por haber estimulado una amplia discusión entre todos los partidos políticos y haber alcanzado este consenso el cual preserva el interés público”, aseveró.

Celebró que entre los acuerdos se haya establecido que el agua, la seguridad, la educación y la salud se mantengan públicos, es decir, que no serán objeto de concesiones.

Sobre la exclusión de estos sectores, así como la de la seguridad carcelaria, el candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, aseguró que el FMLN tiene aversión a la Ley cuando no van a ser ellos los beneficiados, y puso como ejemplo el caso del asocio que tienen las alcaldías con Alba Petróleos.

El candidato presidencial por el Movimiento Unidad, Antonio Saca, dijo que no creía que con la exclusión de la salud, la educación y la seguridad carcelaria se vaya a reducir la inversión privada.

Añadió que hay empresas que desean invertir en el país y que es necesario tener la certeza del marco jurídico.

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