La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, dijo ayer que la separación de las anteriores autoridades de Seguridad Pública de sus cargos no afectará la cooperación que mantiene el gobierno estadounidense para mejorar la seguridad ciudadana en el país.
Desistió de hacer comentarios sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sostuvo que no les corresponde evaluar los fallos del máximo tribunal de justicia y se limitó a opinar que las sentencias deben ser acatadas, tal como lo hizo el presidente Mauricio Funes.
Aponte explicó que en ningún momento la cooperación estadounidense a la seguridad pública salvadoreña se encuentra en riesgo de ser interrumpida por el fallo que obligó al exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, y al exdirector de la Policía, Francisco Salinas, a dejar sus cargos tras considerar sus nombramientos inconstitucionales.
La funcionaria añadió que mantuvo una relación muy productiva con el exministro Munguía Payés y con el exdirector Salinas.
“Nosotros tenemos la confianza de que esa relación productiva va a seguir con quien sea el titular que nombre el Gobierno y seguiremos trabajando con quien sea”, anotó.
Agregó que el trabajo que se venía haciendo con las anteriores autoridades continuará con el encargado provisional del despacho ministerial, Douglas Moreno, y “continuaremos las relaciones tan productivas como siempre”, manifestó.
Los programas de asistencia que otorga el gobierno estadounidense en las áreas de la seguridad pública y prevención de la delincuencia no sufrirán ningún cambio, prometió Aponte.
“No vemos que vaya a haber ninguna interrupción. Tenemos buenas relaciones, las relaciones siguen a todos los niveles, así que no prevemos que vaya a haber ningún cambio y que la relación va a seguir siendo tan fuerte como lo ha sido hasta ahora”.
A través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) y de varias inversiones complementarias en seguridad ciudadana, Estados Unidos brinda apoyo a los gobiernos de Centroamérica para crear calles más seguras, fortalecer el estado de derecho y proteger los derechos humanos.
Entre los años 2008 y 2012, Estados Unidos ha aportado 496 millones de dólares a través de la CARSI para hacerle frente a las amenazas de la seguridad regional.
El aporte de 135 millones de dólares a la CARSI en el 2012 representó un aumento del 33 % en comparación con los fondos aportados en 2011, y el gobierno estadounidense ha solicitado 161.5 millones de dólares para el próximo año.
En El Salvador, ocho de las 14 metas sobre seguridad pública que contiene el convenio bilateral con Estados Unidos, llamado Asocio para el Crecimiento, están relacionadas a reducir las extorsiones en la micro, pequeña y mediana empresa; mejorar la seguridad en los buses, fortalecer la Policía, prevenir la delincuencia y la violencia en aquellos municipios con los más altos índices delictivos.
“Fallo es peligroso”
El exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, sostuvo ayer, durante la entrevista matutina de la Telecorporación Salvadoreña (TCS) que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es “peligrosa y humillante” para la Fuerza Armada, porque margina a los militares. Sostuvo que en la misma sentencia se ha adelantado criterio en cuanto al papel que juega la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública.
El exfuncionario añadió que, aunque no comparte la sentencia, “simplemente acepto la resolución”.