LA UNIÓN. El temido cierre de negocios ha comenzado a sembrar la zozobra en Santa Rosa de Lima y quienes están en la mira, son los negocios que están en la lista de morosos de la alcaldía, por incumplir el pago de las recién creadas licencias para el comercio.
El lunes cerraron un negocio y eso avivó el conflicto entre los comerciantes, que ven la medida como una clara represalia ante la oposición que han mostrado a las iniciativas de la alcaldía, y el edil Jorge Rosales, asegura que solo hace cumplir las ordenanzas.
Ayer fue reabierto el local.
La tensión es tal que Antonio Romero, representante de la Cooperativa de Inversiones Limeñas (Scoil), hoy teme pronunciarse respecto al cierre de negocios.
Detalla que su temor es “porque como represalia, a quien debe 10 dólares de impuestos le ponen 100”.
Solo dejó claro que le parece una medida extrema la que ha implementado la comuna.
Pero el edil Rosales dice que el rechazo a la medida es mínimo en su municipio, “solo hay cinco empresas que no han pagado, cuatro de ellas son de miembros de Scoil, que presentaron un recurso ante la comuna y le estamos dando el trámite debido y la otra es la que cerramos”, dijo.
Agrega que el 98 % de los comercios registrados ya han pagado el nuevo impuesto.
Romero acepta que Scoil pidió revocar el pago por licencias a la alcaldía, y dijo tener la esperanza de que los asesores municipales entiendan que, desde su visión, el impuesto es ilegal, y lo reviertan.
Dicen que es ilegal
El malestar de los comerciantes es porque aunque la comuna creó montos escalonados, la mayoría de empresas que importan ropa deben pagar 4 mil 200 dólares y los restaurantes de comida rápida y bancos, 5 mil.
Scoil es una cooperativa en la que hay empresarios y comerciantes de todos los colores políticos, que ante este embate de la comuna se han unido. Muchos consideran una ilegalidad del munícipe, del opositor partido ARENA.
Lo extraño es que en Scoil también hay militantes de ese partido, que hoy están en contra de Rosales.
Por eso es que Scoil, además de presentar el recurso ante la alcaldía, presentó otro ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para pedir que declaren inconstitucional la implementación de las licencias.
Pero esos no son los únicos mecanismos de presión que han implementado.
También pidieron a diputados de varios partidos, por el departamento de La Unión que lleven el tema a la comisión de municipalismo de la Asamblea Legislativa para que lo discutan y llamen a Rosales a explicar el estudio técnico en el que basó los montos gravados.
Hacen análisis legal
La Cámara de Comercio, filial La Unión, también expone su sospecha de que la creación de las licencias es algo al margen de la ley, por lo que han pedido asesoría jurídica a la directiva central de la gremial empresarial, confirmó Raúl Castro, presidente de la filial unionense.
Castro explicó que no están en contra de esta nueva figura, pero precisó que es importante que se analice si la forma en la que se aprobó es legal.
“Estamos analizando si las licencias son tasas o son impuestos, porque en el primero de los casos sí sería competencia de la alcaldía, pero si se trata de un impuesto debió haber sido analizado y aprobado en la Asamblea Legislativa”, precisó.
Otra cosa que preocupa a los agremiados a la Cámara de Comercio es que si las licencias son tasas “estas deberían cobrarse cada mes y son montos muy altos los que han gravado”, argumentó Castro.
También considera que es intolerancia de parte de la comuna, por ejecutar el cierre de un negocio a solo 10 días de vencido el plazo para el pago de la licencia, explicó Castro.
Pero Rosales afirma que tras vencido el plazo de pago, a esa empresa se le notificó que le daban 72 horas más para pagar; luego, otras 72 horas para pagar o cerrar voluntariamente; después, otras 72 horas para pagar o aceptar el cierre que haría la alcaldía.
“Les dimos oportunidad y ellos nunca respondieron, ni siquiera nos pidieron más espacio para cancelar esa deuda”, explica el jefe municipal.
Según Castro, la comuna a nadie le ha avisado sobre ese cobro; no obstante, el edil y su equipo tienen las firmas de recibido de las notificaciones que han emitido.
En este caso lo que causa reveses entre empresarios y el alcalde, es el mismo deseo por desarrollar su municipio, pero no son capaces de sentarse a homologar sus visiones sobre qué significa desarrollo.