Polémica por petición de un aborto a Corte

Joven con lupus y daño renal está embarazada de un bebé al que no se le formó el cerebro

descripción de la imagen
La paciente lleva su control en el hospital nacional de Maternidad, ahí le hicieron el diagnostico del bebé con anencefalia. foto EDH / archivo

Por El Diario de Hoy nacional@eldiariodehoy.com

2013-04-17 8:00:00

Beatriz, una joven de 22 años que padece lupus e insuficiencia renal y que lleva en su vientre a un bebé al que no se le ha formado el cerebro, está en el centro de la polémica entre quienes le aconsejan el aborto y quienes la disuaden y le dicen que busque otras opciones.

Mientras las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) y organizaciones pro aborto respaldan a la paciente para que termine con el embarazo, la Asociación de Bioética de El Salvador considera que no se puede salvar a uno y matar a otro directamente.

Los abogados Víctor Hugo Mata y Dennis Estanley Muñoz se personaron el 11 de abril a la Sala de lo Constitucional, expresando que actuaban como apoderados de Beatriz y solicitando un amparo a efecto de que la paciente pueda abortar.

Los abogados exponen que el estado de Beatriz es “de alta probabilidad de muerte materna si no se interrumpe su embarazo, por lo que debe ser intervenida inmediatamente”.

La Sala admitió formalmente la demanda y ordenó a las autoridades de Salud proveer los cuidados médicos necesarios a la paciente a fin de garantizar el derecho a la vida mientras emite una sentencia definitiva sobre si autoriza o no la petición (ver nota aparte).

De acuerdo con el informe médico, a las 13 semanas de embarazo identificaron mediante ultrasonografías que el niño tiene anencefalia (sin cerebro), una malformación considerada por los especialistas incompatible con la vida.

Además, la madre tiene lupus, artritis reumatoidea e insuficiencia renal. Estas condiciones pueden llevar a una muerte materna, aseguran las autoridades del Minsal.

La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, informó ayer que están listos para realizar el procedimiento y solo esperan el aval de la CSJ.

Pero el doctor Carlos Alvarenga, representante de la Asociación de Bioética de El Salvador, dijo que “desde la perspectiva bioética se debe preservar la vida tanto de la madre como del hijo.

Para Alvarenga, “hay que dejar que evolucione el embarazo”.

El galeno criticó que se genere una disyuntiva de este tipo, entre el derecho de uno en menoscabo de otro.

Para la ministra Rodríguez, la condición de Beatriz ha sido estudiada por diversas instancias y existe una posición unánime de que la situación de salud de ella es grave. “De manera que no podemos decir que si se interrumpiera ese embarazo se está interrumpiendo una vida porque no tiene garantía de sobrevivir”, agregó.

El asesor jurídico del Minsal, Carlos Castillo, manifestó que todo el equipo de Maternidad ha mostrado evidencia científica de que existe prácticamente un nivel cero de posibilidades de sobrevida del niño y que existe un alto riesgo para la madre.

Sin embargo, reconoció que le corresponde a la Fiscalía General de la República, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa definir sobre el tema. Al mismo tiempo consideró que la reforma que eliminó la posibilidad de cualquier tipo de aborto “debe de haberse hecho desde alguna caverna”.

El caso ha dado pie a que se reavive la petición de que se permita el “aborto terapéutico”, que actualmente está prohibido.

En el país, el aborto es penado con penas que van desde los dos a los ocho años de prisión, pero el gobierno quitó las reservas que El Salvador mantenía a convenios internacionales que posibilitan el aborto como el Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo de 1994 (ver nota aparte).

El doctor Alvarenga expresó que el aborto terapéutico no existe, porque la terapia va enfocada a salvar vidas. “Si en este caso estamos tratando de salvar a una persona, pero matamos a la otra persona directamente entonces no se puede considerar como un aborto terapéutico, aunque muchos colegas lo manejen de esa manera; eso sería un aborto directo ocasionado por nosotros”, añadió.

Para Alvarenga, muchas veces los mismos tratamientos que recibe la paciente para tratar la enfermedad pueden inducir a que se dé el aborto de forma secundaria, pero no se caería en un aborto provocado.

El asesor jurídico de Salud, Carlos Castillo, opinó que es importante que se genere un debate en la Asamblea Legislativa sobre el tema.

Informe

De acuerdo con el informe del Comité Médico del hospital de Maternidad donde la pacientes es tratada, y que fue publicado ayer por el Minsal en su cuenta en Twitter, se considera y acuerda que es necesaria la finalización del embarazo.

Entre las razones expuestas se encuentra que “el pronóstico de sobrevida del feto es fatal al corto y mediano plazo porque su diagnóstico prenatal y la posibilidad de malformaciones fetales mayores coincidentes con la anencefalia es fatal”. Además, las condiciones de la madre “seguramente se agravarán, conforme avance la gestación y la finalización de etapas tempranas del embarazo se hace necesaria”.

El Sistema de las Naciones hizo un llamado a las autoridades a resolver el caso con urgencia para que se le brinde a Beatriz los cuidados y procedimientos médicos necesarios que le garanticen el derecho a la vida.

Para Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Asociación Sí a la Vida, “la industria multimillonaria del aborto, que incluye a asociaciones feministas radicales, a médicos abortistas y a organizaciones internacionales pro control de población, están utilizando a Beatriz a fin de promover un cambio en nuestra legislación”.

De Cardenal sostiene que “los grupos que cultivan la cultura de la muerte” se aprovechan de casos extraordinarios, de mínima incidencia estadística, para convertirlos en insignia y sensibilizar emocionalmente a la población y a los políticos para lograr la despenalización de todo tipo de aborto.

Ayer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció ante la situación de Beatriz y recomienda al Minsal adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la vida, la salud y la integridad personal de la joven.