Los Aliados por la Democracia reiteraron su apoyo a la institucionalidad del país al pedir a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que cumplan con sus respectivas responsabilidades en torno al fallo de la Sala de lo Constitucional, que invalida la elección del presidente y dos magistrados de la Corte de Cuentas.
Expresamente pidieron a los diputados “que una vez más se niegan a cumplir con el fallo” que se comprometan con la democracia y no retrasen más el cumplimiento de la sentencia, ya que su posición carece de toda justificación constitucional y legal.
Y a los magistrados de la CSJ, que integran la Corte Plena, pidieron respeto a la Constitución y las leyes, declarándose incompetentes para resolver la demanda de amparo interpuesta por el exmagistrado de la Corte de Cuentas, Javier Bernal, ya que el único tribunal facultado para conocer este tipo de procesos es la Sala de lo Constitucional.
“A todos los funcionarios públicos y partidos políticos, les exigimos que respeten el sistema de frenos y contrapesos que la Constitución y las leyes de nuestro país establecen y se sometan al control de constitucionalidad que corresponde ejercer a la Sala de lo Constitucional y se abstengan de atentar en contra de la independencia e integridad de este tribunal”, expresaron.
José Domingo Méndez, representante de CREE y exmagistrado de la CSJ, aseveró que nuevamente se están repitiendo las situaciones jurídicas conflictivas simplemente porque la Asamblea Legislativa se niega a cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
El director ejecutivo de Funde y del capítulo de Transparencia Internacional, Roberto Rubio, externó que la trayectoria de la Corte de Cuentas establece que ha sido cómplice de la corrupción y no ha hecho bien su tarea, y esto es por la dependencia que ha tenido con los partidos políticos en el pasado.
Rubio recordó que tanto Mauricio Funes, cuando era candidato a presidente, y el FMLN en su plan de gobierno se comprometieron ante Transparencia Internacional, con respecto a la Corte de Cuentas, que promoverían una reforma constitucional para convertirla en una contraloría general independiente. “El compromiso 15 del presidente Funes, firmado ante testigos internacionales, fue el de convertir a la actual Corte de Cuentas en una contraloría general independiente de las instituciones sujetas a control y de todo poder político y económico. La pregunta es si ahora se quiere o no se quiere tener una Corte de Cuentas con personas honestas e independientes”, dijo.
Javier Castro, de Fusades, aseveró que preocupan nuevamente las amenazas de tener una nueva crisis institucional en el país, similar a la de 2012, cuando se vio cómo la desobediencia a los fallos de la Sala de lo Constitucional afectó gravemente el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el clima de inversión.
“Hay que recordar lo que dijo la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados (Gabriela Knaul), que las sentencias judicial y principalmente si vienen del máximo tribunal de justicia no se interpretan, se cumplen”, apuntó.
Knaul presentará su informe en junio próximo.