El intento de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es cosa del pasado, según el diputado y secretario del PDC, Rodolfo Parker. Dejar a la Sala intacta fue uno de los acuerdos que según el diputado se tomó cuando los partidos políticos se reunieron en Casa Presidencial para zanjar la disputa entre poderes del Estado, a finales del año pasado.
Contrario a ello, Parker asegura que lo que está en proceso es un debate que incluya a profesionales y académicos en aras de vigilar que las distintas instituciones del Estado no cometan excesos, tal como lo ha hecho la Sala de lo Constitucional, aseveró, entre ellos la cancelación del PDC y el fallo contra la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas.
La idea es, señaló, que este debate permita generar mecanismos para que haya una alerta en caso de que cualquier Órgano del Estado se esté excediendo en sus atribuciones. Se trata, consideró, de un debate “abierto, fuerte y profundo”, que permita a las instituciones “que revisen su conducta y sean más comedidos”.
Al margen, el pedecista señala que su partido dará sus votos legislativos por aquella iniciativas que contribuyan a generar gobernabilidad al país, no para atacar la institucionalidad del mismo.
En ese sentido, aseguró que las declaraciones de algunos legisladores en favor de crear una constituyente para reformar la Constitución “son tonterías” que, según consideró, no tienen cabida en la misma Carta Magna. Eso sí, señaló que no es de extrañar que algunos grupos de diputados presenten reformas puntuales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad del país.
Asimismo, hace un llamado a los representantes de la sociedad civil a no seguir propagando la idea de que se está pensando desarticular a la Sala de lo Constitucional, pese a que la Asamblea tenía habilitada una comisión especial que estudiaba posibles delitos cometidos por los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González.
Según dijo, esto permite que el país se distraiga de los problemas que realmente preocupan, como el desempleo y el problema de la inseguridad. De paso, sostuvo que el tema de la tregua entre las pandillas requiere “una planeación específica de largo y mediano plazo”.
¿Ha bajado el enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional?
Las diferencias están latentes, pero más institucionales; son concepciones de personas entendidas, leídas, que están contrastando sus convicciones y entendimientos con resoluciones de la Sala. Lo que no está latente es la posibilidad de que, a raíz de esas diferencias, vayan a haber acciones encaminadas a destituir a los actuales magistrados de la Sala. Eso es caso cerrado. Es importante destacar que desde que se dio la negociación con la mediación del presidente de la República, los que estábamos sabedores de lo que estaba pasando estamos claros de que hubo un compromiso de Estado de mantener la estabilidad, de no desarticular la Sala. Ese compromiso se dio, y los compromisos se cumplen.
¿Qué otros compromisos hubo en esa reunión?
Sí se dio un compromiso que no se ha implementado, que tiene que ver con que estas diferencias estén latentes, y tiene que ver con que estaríamos promoviendo un diálogo, pero más que diálogo un debate entre los académicos y profesionales del país para que se vea si hay o están habiendo excesos en el ejercicio de los poderes que tiene cada uno de los Órganos del Estado. A juicio de algunos, consideramos que sí están habiendo excesos, es decir violentación a la norma constitucional.
¿Es esto que usted está planteando una forma de administrar las diferencias?
Lo que quiero decir es que el tema de que si se está violentando o no la Constitución no es un tema que le compete solo a los políticos, sino al Estado salvadoreño, y qué mejor nivel de imparcialidad si ese debate lo realizan académicos y profesionales, pero no en un marco de tensión política entre órganos de Estado. Quiero dejar claro que esa tensión política entre la Sala y la Asamblea no lleva a ningún nivel de riesgo o contingencia de que se vaya a afectar la institucionalidad.
¿Qué se espera de se debate?
El resultado de ese debate, abierto, fuerte, profundo va a llevar a conclusiones que van a servirle al país en el mejor de los casos como condicionantes, para que quien esté excediéndose eventualmente en sus atribuciones revise su conducta y sea más comedido, se limite y pueda corregir donde las cosas estén mal. Si hoy, a juicio nuestro, funcionarios se están excediendo en sus facultades, mañana lo podrían seguir haciendo y miremos de dónde venimos, de regímenes autoritarios donde había abuso de ley o como lo queramos llamar.
¿En qué punto percibe que ha habido excesos?
Te podría enumerar viendo sentencia por sentencia, y lo voy a tratar de enumerar. Tengo que hacer cita del caso del PDC cuando nos mandan a cancelar. Hay un principio de que nadie puede ser privado de sus derechos sin antes haber sido vencido en juicio, y nosotros ni siquiera fuimos parte de ese proceso, ni se nos notificó. Allí se violentó un principio. Hay un principio rector todavía más importante, el principio del texto de la Constitución, y cualquiera que lee el Artículo 85 sabe, y no es que esté en contra de las candidaturas independientes, bienvenidas, sino que la constitución permitía de que las candidaturas fuesen a través de los partidos y vino una interpretación del texto constitucional y se terminaron admitiendo. En el caso de Marcos Gregorio Sánchez Trejo (exmagistrado de la Corte de Cuentas), cuando se hace un apartado de él, se enumeran casos administrativos que habían sido abiertos en su contra, pero casos cerrados que habían sido absueltos o sobreseídos y los ponen como señalamientos, allí se rompe el principio de presunción de inocencia.
Otro tema podría ser en la carga de la prueba, que es un principio, el que acusa prueba. En la sentencia donde se ponchan la despenalización de la crítica periodística, en el texto de la sentencia dice que si un periodista es acusado de injurias y calumnias, él tiene que probar su inocencia, revierten la carga de la prueba al extremo de revelar su fuente para poderse defender, y así podemos seguir enumerando.
¿Todavía se mantiene en el llamado bloque legislativo formado por FMLN, Gana, PDC y PCN?
El bloque, tal cual fue concebido en la percepción pública, nunca existió. No existe ese bloque si vemos las votaciones puntuales que han existido con destituciones de juntas directivas con representantes de la empresa privada, eso no lo hemos acompañado, tampoco la elección de funcionarios vinculados con partidos políticos, no porque estemos en favor del fallo (contra elección de magistrados de la Corte de Cuentas), sino para que no se siga generando tensión en dirección a que se establezca ese debate que es urgente para la vida institucional del país.
Desde el punto de vista del PDC, ¿para qué hay 56 votos en el Congreso y para qué no?
Digamos entonces que no hay 56 votos para nada que signifique utilización política del poder en dirección a afectar la institucionalidad del país. Más bien hay 56 votos, si se quiere, para fortalecimiento institucional de la democracia. Un ejemplo es el caso de orden presupuestario. Nuestro sistema es presidencialista, según la Constitución a quien le corresponde diseñar el presupuesto es al presidente, entonces el legislativo tiene la facultad de buscar y consensuar eso a propuesta del Órgano Ejecutivo. Para que la democracia funcione también se debe cumplir con la gobernabilidad. Si el gobierno propuso el vaso de leche o uniformes, a juicio de algunos puede ser asistencialista, pero fueron de las promesas que al final de cuentas presupuestó en forma consecuente con haber ganado las elecciones. Estamos decididos a apoyar la democracia y para que siga cobrando vigor esto debe tener el respaldo a nivel parlamentario, siempre haciendo las valoraciones técnicas.
¿En qué ha quedado la pretensión de realizar una constituyente para reformar la Constitución?
Esas son tonterías. Antes se establecían constituyentes para reformar la Constitución pero eran producto de golpe de Estado, y si ahora hablamos de constituyentes tendría que ser por un golpe de Estado. Nuestra Constitución, cuando habla del derecho de insurrección, dice que ese derecho se reconoce únicamente para el restablecimiento del orden constitucional que se hubiere perdido. Tampoco es factible, como lo ha dejado ver el FMLN, que la Constitución se pueda modificar por referéndum, la única manera para hacerlo es el que está establecido en el Artículo 248 (a través de dos Asambleas).
No hay posibilidades de reformas a la Constitución. Otra cosa es que se busque el fortalecimiento de la institucionalidad, que haya reformas puntuales. Yo mismo presenté esta semana para elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez para el diseño de políticas públicas.