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Lacayo acude a Asamblea por contrato de Cel y Enel

El exministro de Economía respondió a los cuestionamientos de los legisladores

El exministro de Economía, Miguel Lacayo (segundo de la izquierda), al momento de declarar ante los diputados de la comisión especial que investiga el contrato entre Cel y la empresa italiana Enel Green Power. Foto EDH / omar carbonero
El exministro de Economía, Miguel Lacayo (segundo de la izquierda), al momento de declarar ante los diputados de la comisión especial que investiga el contrato entre Cel y la empresa italiana Enel Green Power. Foto EDH / omar carbonero

Por José Zometa politica@eldiariodehoy.com

Abr 04, 2013- 19:00

Los diputados de la comisión especial que investiga el contrato entre Cel, a través de la empresa Geotérmica Salvadoreña (Gesal) y la empresa italiana Enel Green Power, recibieron las declaraciones de Miguel Lacayo, en su calidad de exministro de Economía, y de José Luis Trigueros, quien fungió como Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) en el periodo en que se realizó esa transacción, que ahora tiene sumido al Estado salvadoreño en un litigio internacional.

Con toda la formalidad del caso, ambos exfuncionarios fueron juramentados y advertidos sobre las implicaciones legales que podrían tener si faltaban a la verdad ante dicha comisión legislativa, que intenta descubrir si hubo irregularidades en el otorgamiento de esa concesión a la empresa italiana mediante contrato firmado en el 2002 durante la administración de Francisco Flores.

El citatorio de Lacayo se hizo a raíz del involucramiento que le ha hecho el presidente Mauricio Funes en sus declaraciones públicas porque envió una carta al entonces presidente de Cel, Guillermo Sol Bang, en la que recomendaba buscar un socio estratégico para la explotación del subsuelo para la generación de energía geotérmica.

Al final, esa búsqueda terminó en el contrato entre Gesal y Enel que dispuso conceder al socio estratégico la posibilidad de convertirse en socio mayoritario.

De entrada, el extitular de Economía dijo a los diputados que su involucramiento en ese contrato “fue mínimo, por no decir, nulo”, les dijo.

“Nuestro involucramiento se pudo haber limitado únicamente en función de líneas en el sentido que se desea que se incremente la capacidad de producción geotérmica en el país porque es capacidad de bajo costo, pero también se deseaba maximizar la posibilidad de la utilización de estos campos geotérmicos, sacar más energía con menos vapor”, les externó.

El primero en lanzarle una pregunta fue el diputado de ARENA, Edwin Zamora, quien le preguntó si consideraba lesivo para el Estado haber firmado ese contrato.

“Este es un contrato que ha implicado beneficios para la población en materia de energía disponible de bajo costo, ingresos para el Estado, patrimonio adicional para el Estado y no ha implicado una inversión. Al hacer esta inversión el socio estratégico, el Estado tiene entonces la libertad de poder invertir en otro tipo de infraestructura que el país necesita; por lo tanto yo considero que no ha sido un contrato bajo ningún punto que tenga algún tipo de lesividad”, respondió Lacayo. Añadió que actualmente los impuestos que se pagan por la explotación del vapor rondan los 100 millones de dólares.

El diputado independiente Sigifredo Ochoa Pérez, quien en su momento fue presidente de la Cel, le preguntó si “¿era esta la excusa prácticamente de las instrucciones que usted dio para privatizar toda la parte geotérmica que la manejaba LaGeo dentro de la junta directiva de la Cel, si era la excusa al buscar a un socio estratégico para ir privatizando los recursos del Estado, haciendo más grande a la empresa privada que al sector estatal?”

El exministro respondió escuetamente que no era esa la intención. Agregó que al final su sugerencia no fue tomada en cuenta y que todo el proceso de contrato fue manejado por Gesal y Cel.

Jaime Valdez, diputado del FMLN y presidente de dicha comisión, lo cuestionó sobre de quién había sido la decisión de constituir Gesal, Lageo e Ine en sociedades anónimas con recursos del Estado, en este caso de Cel.

“Tengo entendido que según el mandato de la Ley General de Electricidad debería de constituir sociedades que no fueran del tipo de sociedades mixtas, que fueran sociedades de carácter independientes. Imagino que esa es la razón por la cual la hicieron, pero fue una decisión en su momento de los actores involucrados, en ese caso no tuve un involucramiento yo al respecto”, externó.

Por su parte, José Luis Trigueros les aseguró que el periodo en que fungió como titular de la Siget “hasta donde alcanza mi conocimiento la institución no tuvo ninguna participación en el contrato entre Cel y Enel Green Power”.

Esto para el efemelenista Valdez genera más dudas sobre la legalidad en la firma de ese contrato porque ni la Siget ni la Asamblea Legislativa tuvieron conocimiento.

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