Los candidatos presidenciales mostraron distintas posturas acerca de la tregua entre pandillas que propició el gobierno junto con la Iglesia Católica en marzo de 2012.
El candidato de ARENA, Norman Quijano, aseguró que de ganar la presidencia en 2014 mantendrá el proceso de tregua entre pandillas, solo si hay una base legal y transparencia del mismo.
“La tregua genera un aporte muy importante en cuanto a lo que es la disminución de homicidios, tengo entendido que de 12 o 13 (ha bajado) a seis o siete homicidios. Eso es importante conservarlo, pero también es importante revestir a este proceso de todo el soporte legal, de todo el soporte institucional que es lo que no tiene, de toda la robustez moral y ética para que el ciudadano sepa el trasfondo que tiene la tregua”, detalló.
Según el también edil capitalino, el tema ha provocado “demasiada especulación” en la sociedad, y “lastimosamente el gobierno no ha sido transparente”, consideró.
En este sentido, aseguró que el gobierno aborda el tema de la tregua entre pandillas desde dos puntos de vista.
“Cuando (al gobierno) le conviene adjudicarse la reducción de los homicidios, dice que la tregua es parte de su política de disminución de la violencia. Cuando le toca asumir como gobierno los compromisos institucionales en este tema, dicen que es producto de una comisión que integran el señor Obispo (Fabio Colindres) y Raúl Mijango”, manifestó.
Quijano aseguró que sí apoyaría la tregua, por los beneficios que genera entre la población por la reducción de homicidios, “pero yo a esta tregua le sumaría toda la robustez legal, moral, ética e institucional que demanda la ciudadanía”, dijo.
De acuerdo con el edil, se trata de que los hurtos y las extorsiones, que son los que a su juicio están agobiando a los salvadoreños, se sumen al proceso y haya compromisos de que estos delitos ya no sean cometidos por los miembros de pandillas.
“No se puede ignorar, esto debe ser parte de la solución del problema”, manifestó el aspirante tricolor.
El presidente Mauricio Funes justificó la tregua el jueves pasado ante un grupo de académicos y tanques de pensamiento presentes en un foro realizado por el Banco Mundial (BM), a quienes aseguró que las pandillas no están organizadas como estructura criminal de la misma manera que el narcotráfico.
“Las pandillas en El Salvador, integradas por unos 60 mil miembros en su mayoría jóvenes, aun cuando son estructuras organizadas para delinquir no han evolucionado al punto tal de convertirse en estructuras criminales, como los cárteles de la droga”, indicó el mandatario.
En esa misma actividad, Funes justificó las extorsiones que cometen estos grupos delictivos contra trabajadores y empresas en el país, algo que la dirección de ARENA criticó.
El presidente tricolor, Jorge Velado, dijo que las declaraciones de Funes son preocupantes porque suponen aceptar “de manera tácita” una forma de vida que “agobia a los salvadoreños”.
Asimismo, Velado cuestionó que si el mandatario tiene previsto gastar cerca de $20 millones en la reinserción de pandilleros a la sociedad, cabe preguntarse qué medidas está tomando por “la gente que no son pandilleros”.
Mientras, el candidato a la presidencia por el movimiento Unidad, Antonio Saca, coincidió con Quijano en que se debe analizar los alcances legales del pacto, además de los compromisos que tengan los pandilleros para dejar otras actividades delictivas y reinsertarse en la sociedad.
“Antes de continuar con cualquier programa hay que revisar si se está haciendo en base a la ley”, sostuvo el expresidente.
Saca dijo que la tregua no es el punto esencial, sino el compromiso que tengan los mareros para entrar a la vida productiva.
“A mi la tregua en sí no me preocupa. Me preocupa la voluntad que tengan los pandilleros de abandonar no solamente los asesinatos, sino la voluntad que tengan de abandonar las extorsiones, de abandonar la toma de territorios, de abandonar sus actitudes criminales, sus violaciones, el rentear prácticamente a los salvadoreños”, sostuvo.
Asimismo, aseveró que si no han cometido delitos y quieran dejar la vida delictiva tendrán el apoyo del gobierno.
“Queremos que dejen de extorsionar, también queremos que dejen de robar, también queremos que dejen de tomarse territorios, y algo muy importante nunca, nunca el gobierno, el Estado salvadoreño debe abandonar su obligación constitucional de brindar seguridad a los salvadoreños”, indicó.
Por su parte, el candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén, consideró que la tregua es una oportunidad para que haya un diálogo que permita reducir los niveles de criminalidad y violencia en el país.
“En el caso de la tregua, que es el tema que ahora está en debate, hay que analizarla desde el punto de vista de que se ha generado una oportunidad de diálogo, una oportunidad de encuentro y yo creo que en El Salvador nosotros hemos aprendido que los principales problemas se resuelven por la vía del diálogo, por la vía del entendimiento”, manifestó.
Pese a ello, el aspirante no aseguró si mantendrá o no la tregua, de ganar la presidencia. Se limitó a decir que la misma “no ha dado todos los resultados que la población esperábamos; no ha dado todos los resultados, por eso hay duda, pero creo que es un esfuerzo que ha logrado disminuir el nivel de asesinatos en el país”, aseguró.
Por otro lado, Sánchez Cerén dijo que su partido ha insistido en que el tema de la seguridad tiene varias aristas, una de ellas es la prevención y la generación de oportunidades para los jóvenes.
“Nosotros hemos sostenido siempre de que el fenómeno de la inseguridad en El Salvador, es un fenómeno integral. Es un fenómeno, primero, que significa que hay que tener una política de prevención, una política de prevención que le dé oportunidad a los jóvenes de alejarse de la violencia”, acotó.
Para el farabundista no se puede pasar por alto que los jóvenes que comentan delitos deben ser sancionados conforme las leyes, pero aclaró que “se tiene que garantizar la aplicación de la ley que garantiza de que en los centros penales se garanticen los derechos de las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos por una aplicación integral (de la política de seguridad)”.