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Abogados instan a médicos a salvar a madre e hijo Acopatt quiere indemnización por $28 millones

Los profesionales del Derecho recuerdan lo que manda el artículo 1 de la Constitución y que no es necesario un aborto intencional o premeditado.De las 150 unidades que tiene la flota de Acopatt, a 73 les fue retirado el permiso de línea, la semana pasada, por decisión del VMT.

Sala de lo Constitucional analiza el caso esta semana. Foto EDH
Sala de lo Constitucional analiza el caso esta semana. Foto EDH

Por El Diario de Hoy nacional@eldiariodehoy.com Regina Miranda nacional@eldiariodehoy.com

Abr 23, 2013- 20:00

Conocidos abogados y jueces instaron a las autoridades a no practicar un aborto a Beatriz, sino inducir a “un parto inmaduro” y les recordaron a los médicos que en estos casos tienen la obligación legal de salvar la vida tanto de la madre como del hijo.

“Los médicos deben siempre buscar salvar ambas vidas. Si aplican un tratamiento para salvar a la madre, buscando también salvar al hijo y este muere, no es aborto”, explicaron los profesionales agremiados en la Agrupación de Abogados por los Derechos Humanos.

En un pronunciamiento público, especialistas del Derecho como el abogado Francisco Bertrand Galindo, Jorge Nieto, Abraham Rodríguez, Délmer Rodríguez y el magistrado Ricardo Zamora Pérez, expresan que “nos preocupa sobremanera que se proteja la vida y la integridad física y psíquica de Beatriz así como el respeto al ser humano aún no nacido que ella lleva en su vientre”.

Los abogados recuerdan que la legislación salvadoreña actual “permite una intervención médica de emergencia necesaria para salvar la vida de cualquier mujer que se encuentra ante un peligro de inminente de muerte, siempre y cuando esa intervención no sea el aborto u otro delito, y se busque también proteger la vida del no nacido”.

Si como consecuencia indirecta, natural y no deseada de dicha intervención o tratamiento el no nato pierde la vida, se estaría ante una situación distinta al aborto consentido y propio, explican.

Según los profesionales, si existe un estado de necesidad imperante de salvaguardar la vida de Beatriz, los médicos están facultados para ejercer su deber primordial de llevarlo a cabo mediante una intervención médica como la inducción a un parto inmaduro o el tratamiento necesario que garantice su vida… “Los médicos deben siempre buscar salvar ambas vidas”, enfatizan.

“Nunca es necesario un aborto intencional o premeditado. De esta forma se respetan los artículos 1 y 2 de la Constitución”, agregaron.

Para el caso, citan que el Código Penal establece que no tiene responsabilidad penal quien actúa u omite en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo de un derecho o de una actividad lícita; quien actúa u omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico, propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y que no se tenga el deber jurídico de afrontarlo”. Buseros agremiados en Acopatt pretenden realizar una demanda millonaria contra el Viceministerio de Transporte (VMT) por cancelarles los permisos de línea sin argumentos concretos.

El representante de Acopatt, Juan Pablo Álvarez Dueñas, dice que ley de Transporte los ampara y por eso solicitar una indemnización por siete millones de dólares, que es lo que estiman merecen por la reciente cancelación de los permisos, los cuales tenían vigencia hasta el año 2017.

Además, piden 21 millones de dólares que es lo que dejarán de percibir en estos años por no poder seguir explotando el servicio de transporte publico.

Álvarez dijo que cada unas de las unidades de la flota de esa gremial tienen costo que oscila entre los 10 mil hasta los 50 mil dólares.

De las 150 unidades de Acopatt, 73 fueron las que perdieron el permiso; está gremial , con cuatro décadas de fundación, ha brindado servicio en los municipios de Soyapango, Ilopango, San Martín hacia la capital.

El dirigente gremial, también, explico que del dinero que reciban, al ganar la demanda, indemnizaran a los más de 200 empleados que deberán de cesar ante la orden de retiro de lineas emitida por el VMT.

“El gobierno deberá de responder porque ellos son los que los han dejado sin trabajo, no nosotros porque no le hemos quitado el trabajo a nadie”, declaró Álvarez Dueñas.

El jueves pasado el VMT notificó la cancelación definitiva de 73 unidades de la ruta 29 Acopatt bajo los argumentos que faltaron al convenio firmado al participar en el paro de buses de enero 2013 y al alzar el pasaje de la tarifa de 0.20 centavos de dólar.

Ante esto los asociados a Acopatt se acercaron a la Asamblea Legislativa para solicitar el apoyo de los parlamentarios, quienes acordaron enviar un recomendable al presidente de la República, Mauricio Funes para que revoque la medida. Sin embargo, el mismo viceministro García declaró, en una entrevista televisiva, que “el caso Acopatt no tenía marcha atrás”.

Anteriormente, el dirigente de Acopatt dijo e alguien relacionado con la empresa Alba Petróleos, les ofreció la suma de 15 millones de dólares por 150 buses, pero se negaron ante la propuesta.

Las unidades de está gremial hacen el recorrido donde se proyecta que circulará el Sitramss, un de los proyectos más ambiciosos del gobierno, el cual esperan comience a funcionar a partir de marzo 2014.

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