La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó al Instituto de Medicina Legal que practique un examen sicológico y sobre la salud física de Beatriz, la joven a cuyo nombre se ha pedido autorización de practicarle un aborto bajo el argumento de que su vida corre peligro.
La resolución se emitió en momentos en que el Estado salvadoreño está en la mira de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que piden que se permita el aborto de la joven de 22 años.
En un comunicado, la Sala de lo Constitucional dice que requiere estos peritajes para “continuar aceleradamente con la tramitación del amparo” solicitado por abogados que se acreditaron como representantes de Beatriz.
El Tribunal quiere que el peritaje sicológico “haga constar” la capacidad de Beatriz “de discernimiento respecto a la situación que afronta, así como los posibles daños sicológicos que esta ha producido a su salud mental”.
Además se ordena que las autoridades del hospital de Maternidad rindan un informe sobre las medidas específicas que las autoridades de Salud han adoptado a efecto de garantizar la vida y la salud —física y mental— de la demandante.
El tribunal que tutela las garantías y derechos de los salvadoreños dijo que ya ha recibido los informes y documentación del procurador de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de Bioética de El Salvador, Fiscal General, ministra de Salud, Procuradora General y de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de San Salvador.
Además dice que recibió el informe del director, el jefe de la Unidad de Perinatología y del asesor jurídico del hospital de Maternidad, en el cual “se señala que la vida de la paciente no peligra de forma inmediata, pues se encuentra estable física y mentalmente con los medicamentos administrados por el hospital”, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala.
La Sala ordena, además, que en el plazo de 48 horas las autoridades del hospital de Maternidad indiquen los tratamientos médicos concretos o cualquier otra acción que se haya adoptado para la preservación del derecho a la vida y salud de la demandante y deberán mantener informada de manera constante al Tribunal sobre su estado de salud.
La resolución está firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González. No la suscribió el presidente de la Corte y de la Sala, Salomón Padilla.
Presión internacional
Mientras tanto, ayer se hicieron públicas las declaraciones de relatores y expertos de la ONU, quienes instan al Gobierno de El Salvador “a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección y el pleno disfrute del derecho a la vida y al más alto nivel posible de salud de Beatriz, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”.
La ONU recordó que en El Salvador “el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia”, pues así lo estipula el artículo 133 del Código Penal.
El hecho de que la CSJ aún no haya emitido una resolución definitiva al amparo en el que se solicita autorizar el aborto en este caso es considerado por la ONU como una “situación de incertidumbre” que ha “extendido el sufrimiento de Beatriz”, quien ha sido sometida “a vivir una situación cruel, inhumana y degradante”.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el lunes un informe al Estado salvadoreño sobre el caso.
Esto ocurre luego de que, el 18 de abril, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitaron a la CIDH “la adopción inmediata de medidas de protección para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de Beatriz”.
Las ONG solicitantes llamaron a las autoridades salvadoreñas a que “se realicen de forma inmediata los procedimientos médicos necesarios para salvaguardar la vida de Beatriz y se abstengan de proceder penalmente en su contra”. La Cancillería confirmó que la documentación requerida por la CIDH fue enviada el jueves tras recibir sendos informes del Ministerio de Salud, la PGR, la PDDH y la CSJ.
Las ONG que dicen defender los derechos de las mujeres piden revisar la legislación que prohíbe el aborto.
Por su parte, la ONU considera que “este caso ejemplifica la urgente necesidad de poner en marcha un diálogo nacional sobre la legislación del aborto, a fin de considerar la introducción de excepciones a la prohibición general, sobre todo en casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto”.
Respaldo legal al feto
Legalizar el aborto implicaría no solo modificar el artículo 1 de la Constitución, sino también los artículos 3 y 5 de la Lepina. El primero afirma: “Niña o niño es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los 12 años cumplidos”. El segundo agrega: “Los derechos, garantías y obligaciones reconocidos en la presente Ley son aplicables a toda persona desde el instante de la concepción hasta que cumpla los 18 años de edad”.