De los cinco secuestros que se han registrado en los primeros cuatro meses de este año, dos de ellos han sido ordenados y negociados desde los centros penales de Izalco, Sonsonate; y de Cojutepeque, Cuscatlán, según reveló ayer la Fiscalía General.
El jefe de la Unidad Anticrimen de la Fiscalía Rodolfo Delgado explicó que cuentan con los suficientes indicios de que estos dos secuestros, entre estos el de un menor de 7 años ocurrido la semana pasada en Sensuntepeque; se negociaron vía celular por pandilleros que se encuentran recluidos en esos penales.
Explicó que se trabaja en recabar las suficientes evidencias para poder acumularles estos nuevos cargos penales, aunque tienen indicios de quiénes podrían haber ordenado y negociado esos secuestros.
“Tenemos sospechas de quienes pueden ser, lo que pasa es que un celular en manos de los internos se convierte en un arma para poder ordenar delitos, invariablemente las órdenes siguen saliendo por esa vía de los centros penales”, confirmó Delgado.
En un tercer secuestro, el negociador fue un cabecilla de la mara Salvatrucha (MS) que es el que controla la extorsión al comercio y particulares en la zona de Ilopango y que se encuentra prófugo.
Con respecto a un posible auge de los secuestros en el país, Delgado descartó de que pueda registrarse un incremento de ese delito, aunque sostuvo que se mantienen los mismos índices que se tuvieron el año pasado en el que hubo 14 plagios.
Como caso curioso, desde 2011 no se ha registrado ningún plagio en el área metropolitana de San Salvador, la mayoría han sido en el interior del país.
Para este año se registran dos plagios en el departamento de Cabañas, otro en Santa Ana, uno más en Ahuachapán, y otro en la zona limítrofe de Nejapa y Quezaltepeque. Solo tres plagios han sido resueltos y han capturado a los secuestradores, según Delgado.
Uno de los plagios que aún se encuentra en investigación es el de un menor salvadoreño secuestrado en la zona fronteriza de Ahuachapán y llevado a territorio guatemalteco. El secuestro fue cometido por tres guatemaltecos, pero se hacen las coordinaciones con las autoridades guatemaltecas para sus identificaciones.
Cuatro de los cinco secuestros han sido cometidos por pandilleros, pero a pesar de que han exigido grandes cantidades de dinero, estos solamente han recibido 500 dólares.
“Lo que la gente gana por hacer un secuestro no pasa de 100 dólares por secuestro versus la posibilidad que tienen de quedar detenidos”, dijo Delgado, quien informó que entre el año pasado y este se han capturado no menos de 20 secuestradores, quienes ahora enfrentan a la justicia.
“Secuestro está controlado”
El jefe fiscal sostuvo que el delito del secuestro está controlado por las autoridades fiscales y policiales.
Agregó que difícilmente se va a lograr erradicar del todo, pero lo que se busca con algunas medidas es que los secuestros se mantengan en niveles controlables.
“La capacidad instalada de la Deco de la Policía y de la Fiscalía está para poder atender o investigar por lo menos unos seis o siete secuestros al mismo tiempo”, dijo Delgado, quien sostuvo que en términos generales se tiene la capacidad para poder enfrentar y solventar una oleada de secuestros similares a las que se registraron entre los años 2000 y 2001.
En ese sentido, el jefe fiscal sostuvo que hace un monitoreo permanente de las condenas que cumplen los secuestradores que se capturaron a finales de los años 90 y a principios de los años 2000 porque “no queremos que se conviertan en bandas organizadas, no queremos volver a pasar la oleada de secuestros de la década pasada”.
Agregó que la Unidad Fiscal Penitenciaria lleva un control de los secuestradores que cumplen sendas condenas para estar atentos y evitar que hagan una mala interpretación de la ley con el propósito de salir antes de que cumplan la sentencia.
Hay varios secuestradores que recuperaron su libertada porque fueron capturados antes de 2001, época en la que no se habían hecho reformas para excluir a los secuestradores de los beneficios carcelarios que indica la legislación.