ORIENTE. La Asociación de Municipios del Golfo de Fonseca (Asigolfo) está en aprietos porque a finales del año pasado se enteraron que más de la mitad del terreno donde planificaban construir un moderno rastro fue embargado desde hace casi cinco años.
Son cinco manzanas de terreno que están entre los municipios de Pasaquina y Santa Rosa de Lima; en el primero, la comuna es dueña de 2.2 manzanas, mientras que la alcaldía limeña tenía bajo propiedad 2.8 manzanas, que perdió por no honrar una deuda.
El problema es que a partir de las dimensiones del lote, se había hecho estudios para medir el impacto al medio ambiente y esbozado trazos para ir definiendo el diseño.
Pero con este cambio, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) invalidó todos los avances obtenidos, y mandó a iniciar de cero los trámites en los que ya han invertido mucho dinero y casi año y medio.
La comuna de Santa Rosa de Lima no es miembro del Asigolfo, pero puso a disposición el terreno con la idea de eliminar su rastro, que ha sufrido serias observaciones de varias carteras estatales, por sucio.
Ricardo Jiménez, quien hasta hace pocos meses era gerente de Asigolfo, cargo al que renunció para asumir su cargo de concejal de la alcaldía de La Unión, explica que tras saber que ya no dispondrán del terreno decidieron acoplar todo a las 2.2 manzanas con las que aun cuentan.
“Si, es difícil la situación porque es un retroceso, pero tampoco se trata de que vayamos a partir de cero, porque lo que ya se ha hecho solo se acoplará”, explicó Jiménez.
Empero, las fuentes del MARN dicen lo contrario. Señalan que los formularios tendrán que ser desechados y hacer un nuevo planteamiento técnico con base en las 2.2 manzanas que les quedaron.
Jesús Medina, alcalde de Conchagua y miembro de Asigolfo, argumenta que ya han superado el problema porque pudieron acoplar rápido todos los avances a las 2.2 manzanas.
Medina admite con franqueza que Asigolfo demoró tanto en resolver los trámites, “porque cometimos el error de poner a un técnico que no estaba muy empapado del tema y eso nos retrasó”, dijo tras argumentar que la construcción de este rastro tendrá que esperar hasta el próximo año.
Tiempo se les agota
El terreno fue embargado en 2008, lo que implica que cuando Asigolfo comenzó a invertir en los estudios técnico, esas 2.8 manzanas ya no eran propiedad de la alcaldía limeña, que lo puso a disposición del asocio, sin advertirles que ya lo habían perdido.
Hasta que el nuevo edil Jorge Rosales asumió el cargo y comenzó a auditar las propiedades, fue que se enteró de que la construcción del moderno rastro no era viable, porque el terreno ya no era propiedad de la comuna.
Sobre los detalles del embargo, Rosales dice saber muy poco, “porque en la alcaldía no hallamos papeles de nada”, solo saben que lo ejecutó una agencia de vehículos, y que la comuna lo perdió por una deuda de tres mil dólares.
Jiménez no descarta que se trate de negociar con la empresa que hoy tiene en propiedad el terreno, para tratar de adquirirlo directamente como Asigolfo, para no tener que perder más tiempo en la construcción del edificio.
El problema es que el financiamiento está sujeto a plazos y pese a que Asigolfo pidió una prórroga para hacer los engorrosos trámites ante el MARN, solo tiene hasta septiembre para concluirlos.
En los trámites que acaban de anular han demorado un año y medio y aún no los terminan.
Este rastro que pretendían edificar ahí sería uno de los dos únicos mataderos modernos que habrá, en unos años, en la zona oriental del país.
Su construcción costará aproximadamente un millón 700 mil dólares y es parte de un programa estatal para modernizar los rastros del país.
De ese presupuesto, un poco más de un millón de dólares será aportado por el Ejecutivo, a través del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y medio millón será la contrapartida de las municipalidades que forman Asigolfo.
Otro de esos modernos rastros se edificará en San Miguel, y al parecer será el primero que se construya en el país bajo esta modalidad.
Ahí ya realizaron el estudio de impacto ambiental y solo falta que se presente una fianza ambiental para que el MARN les entregue la aprobación a dichos estudios.
Mientras que el FISDL afirma que el proceso de consulta popular ya ha concluido satisfactoriamente y que ahora solo falta que el MARN entregue los permisos ambientales para que se inicie con el proceso de licitación, que en este caso sería internacional.
Eso por tratarse de un monto que podría rondar los dos millones de dólares, y el plazo de estas licitaciones podría demorar hasta tres meses, para dar espacio a empresas extranjeras que quieran invertir.
San Miguel avanza
Según Alexander Villatoro, quien representa la alcaldía migueleña en la comisión de rastros, el proceso previo a la construcción del matadero migueleño es el caso más avanzado que hay en la comisión.
En dicha comisión además de las alcaldías tienen representación el MARN, el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería, FISDL y otros.
Según Villatoro, una de las pocas cosas que les hacen falta aún, es que el FISDL apruebe la carpeta donde están las especificaciones técnicas para la construcción del rastro y de las dos plantas de tratamiento de agua.
El rastro de San Miguel costaría casi dos millones y de ellos un millón 200 mil lo pondrá el FISDL y el resto la alcaldía migueleña. Villatoro aclara que el dinero ya está reservado en cuentas bancarias.
Estiman que a finales de este mes se abriría el proceso de licitación, para seleccionar la empresa que construya el megaproyecto.
Según Villatoro, ese proceso de licitación podría durar tres meses por lo que estima que a finales de julio o principios de agosto podrían estar iniciando los trabajos de construcción, que bien podrían extenderse durante un año.
Pero el proceso que lleva la comuna migueleña va mucho más avanzado. Muestra de ello es que al personal involucrado ya le han impartido dos de ocho capacitaciones sobre el funcionamiento de un rastro tecnificado.
Para las capacitaciones la comisión nacional de rastros contrató a expertos argentinos, que además de las charlas a técnicos involucrados, también están acompañando los procesos de creación de políticas para el funcionamiento interno de estos rastros.
Mientras, la alcaldía de Santa Rosa de Lima prefiere hacer remodelaciones a su desvencijado rastro, para tratar de que esta comisión no lo mande a cerrar.