Luego de afirmar que renunciaría a su cargo, tras la anulación de su elección como presidente de la Corte de Cuentas por la Sala de lo Constitucional, Gregorio Sánchez Trejo, cambió ayer su posición y confirmó que sigue como presidente, pues no le ha sido notificada la resolución.
Sánchez Trejo, Javier Bernal y Silvia Aguilar fueron elegidos el 20 de marzo como magistrados de la contraloría de la república, pero el 21, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, decretó la inconstitucionalidad del proceso realizado por la Asamblea Legislativa, y mandó que se abstuvieran de tomar posesión de sus cargos.
El viernes 22, un día después del fallo, Trejo aclaró a los medios de comunicación que se apartaba del cargo y que renunciarían al mismo, para facilitar una nueva elección por parte del Congreso, la misma actitud asumió el magistrado Bernal. En cambio Silvia Aguilar se presentó a la Corte de Cuentas a tomar posición de su cargo, aduciendo que solo quienes la eligieron (los diputados) podrían separarla del mismo.
Consultado, vía telefónica, Sánchez Trejo confirmó ayer que sigue fungiendo como presidente, porque no le ha sido notificada la resolución, y que lo único que ha hecho es no tomar acciones en las tres áreas que la Sala señaló que quedaban suspendidas las actuaciones de los magistrados.
“Ahora, quiero decirle que yo sigo siendo presidente, en virtud de que no ha sido notificada todavía la resolución, y quiero expresarle que lo que he hecho yo es ser respetuoso de las tres áreas que ha señalado la Sala de que no deben verificarse acciones de ese tipo y que se hace en forma preventiva mientras se clarifica este entorno, este limbo jurídico en el cual nos encontramos”, dijo el magistrado presidente de la Corte de Cuentas.
El funcionario aclaró que su inmediata reacción ante el primer impacto de la resolución de la Sala fue ser prudente para ir tomando medidas preventivas y las acciones apegadas a la responsabilidad administrativa de su puesto, pero que en ningún momento renunció.
“Entonces no fue que renuncié, porque tenía que renunciar ante la Asamblea Legislativa, no fue que me fui destituido por la Sala (…), hay una negación a la validez del proceso electoral en la cual estoy involucrado con otros dos magistrados, pero el presidente (de la Sala) dice posteriormente que eso (el fallo) no es válido”, destacó.
En prevención
Sánchez Trejo agregó que ante la incertidumbre y en un afán de ser respetuoso y evitar problemas legales a los usuarios, a los funcionarios y a los empleados de la institución fue que decidió suspender algunas actuaciones y acatar la resolución de inconstitucionalidad.
“Únicamente para efectos preventivos de problemas legales que a futuro puedan presentarse en la actuación que nos correspondía, como consolidación de funciones o por acuerdos del presidente únicamente tiene valor si él los emite, así que eso es”, reiteró.
Sánchez Trejo también matizó que sus primeras reacciones fueron en previsión de que en un momento determinado pudiera haber una ratificación de la Asamblea Legislativa al nuevo proceso electoral o cualquier otra situación legal que se clarifique en un futuro y que pueda implicar su retiro de la institución.
“Fue una medida preventiva la que adopté al principio, pero parece que hubo o una interpretación inadecuada o una expresión que dio lugar a que se entendiera de esa manera”, dijo ayer.
Los otros magistrados
De los otros dos magistrados elegidos, Javier Bernal, también dijo, recién conocido la resolución de la Sala de lo Constitucional, que la respetaría y se apartaría del cargo, mientras se resolvía la crisis generada.
En cambio Silvia Aguilar confirmó que continuará en su oficina, hasta que la Asamblea Legislativa, que la eligió, decida separarla del cargo, porque es la única que lo puede hacer, manifestó.
Sin embargo ayer se intentó obtener su opinión acerca de si había cambiado de parecer, pero inmediatamente se le hizo una primera pregunta, contestó que ella no daba declaraciones por teléfono.
En todo caso habrá que esperar a ver si este día tanto Aguilar como Bernal se presentan a sus respectivos despachos.
Vigilantes
Mientras tanto, los Aliados por la Democracia, en voz de José Domingo Méndez, insistieron el domingo que se mantendrán vigilantes para hacer que el fallo de inconstitucionalidad, que invalida la elección de los tres magistrados de la Corte de Cuentas, se acate por parte de la Asamblea Legislativa.
“Los fallos de la Sala deben de cumplirse; no hay otros recursos contra las sentencias de la Sala, la Asamblea tiene que elegir nuevamente, conforme a los parámetros que se encuentran en la sentencia de enero que declaró inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas”, dijo Méndez.
Por su parte, Javier Castro, también vocero de Aliados por la democracia, comentó recientemente que es lamentable y genera preocupación el hecho de que nuevamente se esté incumpliendo un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo intérprete de la Constitución y quien define los alcances de las disposiciones constitucionales.
Castro recordó la crisis institucional generada en el 2011 con el decreto 743, la cual afectó el estado de derecho y el clima de inversión, que a su vez generaron mucha incertidumbre y advirtió que “nosotros quisiéramos que eso no sucediera de nuevo”.
Vehículos nacionales
El presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, también confirmó que debido al fallo de inconstitucionalidad, no se ejecutó un plan de control de vehículos nacionales circulando durante las vacaciones de Semana Santa.
“No se verificó, por un acuerdo de los ejecutivos, en el sentido de que en un futuro podría haber impugnaciones a las resoluciones que tomara el área de auditoría y las cámaras de primera instancia, producto de que la Sala determinó que los actos administrativos, normativos y jurisdiccionales no iban a producir efecto”, dijo.
Mientras tanto, los diputados de la Asamblea Legislativa no han definido el proceso a seguir tras el comunicado de la Sala de lo Constitucional que invalidó los nombramientos de los tres magistrados, pero en un primer momento la mayoría de partidos ha adelantado que deberán elegir de nuevo a los funcionarios de segundo grado (ver siguiente nota) pero tienen dudas sobre el procedimiento a seguir.