De cumplirse la propuesta de Ecuador con el apoyo de los países de la Alba, de hacer una reingeniería de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicho ente que garantiza el respeto a los derechos fundamentales y la libre expresión sería “desmantelado”, advirtió ayer su presidente, José de Jesús Orozco.
Al mediodía de este viernes, los ministros de relaciones exteriores de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) están citados a la sede de la organización en Washington para votar por las reformas introducidas por Ecuador, que entre otros puntos tienen en la mira la financiación de la CIDH, ente creado en 1967.
En conferencia de prensa en las oficinas administrativas de la organización hemisférica en la capital estadounidense, Orozco dijo que si bien la organización regida por la Carta Democrática Interamericana ha aumentado porcentualmente los recursos para la vigilancia, promoción y cumplimiento de los derechos humanos en el Continente, esta todavía representa alrededor del 55 por ciento de sus ingresos para operar.
“Hay riesgo de un estrangulamiento financiero de la Comisión Interamericana. Por una parte, apreciamos que ha habido esfuerzos por incrementar el presupuesto ordinario de la OEA a la comisión; sin embargo, estos siguen siendo insuficientes. En la actualidad, el presupuesto de la OEA no alcanza a cubrir más que a la mitad del personal con el que cuenta la comisión interamericana, de ahí que también nos veamos en la necesidad de acudir a donantes que sirvan para apoyar nuestro trabajo”, explicó el presidente de la CIDH.
Además, Orozco advirtió que si como resultado de la votación de este día se aprueban las reformas presentadas por Ecuador, sería un paso nefasto para la entidad.
Entre las reformas que plantea el gobierno de Rafael Correa con el apoyo de sus aliados chavistas está limitar el financiamiento de la CIDH, con lo que estará regido únicamente por los ingresos que le aporte la OEA.
“Si se impide que la comisión interamericana reciba aportes de donantes nos preocupa que se aplique el estrangulamiento financiero a la comisión”, acotó la máxima autoridad de la comisión.
El texto de reformas impulsado por Ecuador desde el año pasado, y que ha generado fricciones con la CIDH, tendría dedicatoria especial contra la Relatoría para la Libertad de Expresión, garante del libre ejercicio de la prensa y la libertad de expresión en el hemisferio como baluarte principal para robustecer la democracia con elecciones libres y justas.
Para lograr una iniciativa de ese tipo se requiere del apoyo de la mayoría de los 35 Estados miembros de la OEA, para lo cual deberán convencer a al menos a 18 países del hemisferio
Ecuador, precisamente, ha sido uno de los países señalados por la Relatoría especial sobre la libertad de expresión como uno de los países que busca judicializar a los medios, periodistas y propietarios de los mismos.
Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha señalado que es Correa quien impulsa estas reformas debido a que se ha “singularizado” el caso de Ecuador como unos de los más contrapuestos con los periodistas.
Correa y sus aliados pondrán en la mesa el documento que también plantea maximizar las funciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, reduciendo sus costos y funciones.
La relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, fue enfática al señalar que de cortar las fuentes de financiamiento externas y de no incrementar el presupuesto, esa instancia se vería obligada a desaparecer. “Si a la Relatoría para la libertad de expresión no le permiten hoy, como están las cosas, acceder a esos recursos, hay que cerrar esta oficina”, dijo.
Sin embargo, matizó su postura al asegurar que la comisión espera que al cierre del encuentro de ministros de exteriores, previsto para las 11:00 a.m. hora de Washington, haya un claro compromiso y reconocimiento al trabajo de la comisión y sus relatorías.
“Nosotros esperamos que mañana termine este proceso, que los estados comprendan la importancia que tiene el poder obtener ese tipo de recursos y se comprometan con una mejor y mayor financiación, pero que no tomen ninguna decisión que pueda impedirnos acceder a los escasísimos recursos que tenemos para poder operar y cumplir con nuestra misión”, acotó la relatora Botero.
La funcionaria dejó claro que la mayoría de proyectos para la defensa de la libertad de expresión surgen de los fondos especiales que designan países desarrollados en materia de cooperación.
Reduce control
Las reformas impulsadas por Ecuador han causado malestar dentro de la CIDH y de organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos y Europa, las que ven la causa promovida por el país sudamericano y sus aliados como un claro intento por debilitar a los únicos organismos del hemisferio con capacidad para sentar en el banquillo de los acusados a los estados cuando estos incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El texto incluye una línea para ordenar las medidas cautelares a los estados en casos de violación a los derechos fundamentales, lo llevaría a reducir la autonomía del CIDH. Otro de los aspectos polémicos es cambiar el Capítulo VI de la convención, que incluye una lista de los países que menos avances muestran en derechos humanos.