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OEA respalda a la comisión de los DD.HH.

Ecuador y sus aliados del Alba fracasaron en su intento de debilitar a la CIDH. La resolución final es fortalecerla con mayor financiamiento

Más de 35 países participaron en la Asamblea General de la OEA. Al final se acordó mantener las facultades de la CIDH y buscar mayor financiamiento. Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no acompañaron el acuerdo. Foto EDH / cortesía OEA
Más de 35 países participaron en la Asamblea General de la OEA. Al final se acordó mantener las facultades de la CIDH y buscar mayor financiamiento. Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no acompañaron el acuerdo. Foto EDH / cortesía OEA

Por Tomás Guevara Corresponsal en Washington / Agencias

Mar 23, 2013- 19:00

Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los embajadores ante ese organismo regional aprobaron, esta madrugada, tras una maratónica reunión que se prolongó por casi 12 horas, garantizar la autonomía financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El bloque de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) no logró su cometido de trastocar el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo de defensa de las libertades fundamentales como la de expresión.

El reloj ya marcaba las cero horas del viernes cuando aún se debatían aspectos de forma de una resolución con la que culminaba el proceso de reflexión tendiente a reformar los alcances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en una larga jornada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no escapó a la polémica.

Más de 23 países cerraron fila con un texto redactado por una comisión que trabajó por separado hasta pasadas las 8:00 de la noche del viernes, paralelamente al debate de la Asamblea General Extraordinaria en el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la cual fue presidida por el canciller de Costa Rica, José Enrique Castillo, en la sede de la OEA en Washington.

Una variopinta muestra de posturas, algunas antagónicas entre los 11 cancilleres de los países del hemisferio, entre los que estuvo el titular de relaciones exteriores de nuestro país, Hugo Martínez, cinco viceministros y 18 jefes de delegación de los 35 países del organismo para discutir el plan de reformas hacia la CIDH, impulsado por Ecuador, y seguido por Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

En momentos en que los ánimos llegaban al punto de caldearse dentro de la jerga diplomática, intervino el embajador de Costa Rica ante la OEA, Edgar Ugalde Álvarez, en respuesta a la retórica ofensiva del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien criticó con dureza a la CIDH y posteriormente a la resolución, calificándola de “vacía de toda sustancia”.

Ugalde Álvarez, increpó “Aquí se juega con una dosis de malicia, de astucia e inteligencia también, porque se presentan las cosas de manera confusa, a veces no se avanza porque algunos de los estados que aquí se lamentan no permiten que los trabajos avancen. Ha imperado el consenso en las disposiciones de los instrumentos que rigen la organización que habla claramente de votación y a veces la votación se toma como una ofensa”, reiteró el diplomático para defender la resolución tomada por mayoría.

Con el texto en mano, que no obedecía al original redactado por Ecuador y las exigencias del grupo Alba sobre las reformas a la CIDH, el canciller Ecuatoriano insistía en un acto de rebeldía de sacar al país de la comisión y regirse por sus propias normas.

Esta amenaza surtía efecto para algunos cancilleres como el de Argentina, Héctor Timerman, que veía con preocupación la posibilidad de más disidencias como el caso de Venezuela, del SIDH.

“Sino es posible discutir eso aquí (cambio de disposiciones sobre accionar de CIDH) nosotros anunciamos que preferimos estar fuera del sistema, y desde esta posición tomar decisiones como lo hacen otros países que no tienen compromiso con el sistema y desde ya anunciamos que solicitaremos fundamentadamente anunciar una relatoría especial contra la tortura y las ejecuciones extrajudiciales”, vociferaba el canciller ecuatoriano que seguía acusando a Estados Unidos de tener aviones no tripulados con los que mataba desde el cielo.

Ante el vaivén de posturas sobre el significado de una palabra o una línea, la subsecretaria de estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo que en vista que las observaciones en las que se habían enfrascado los delatores de la resolución estaban más que claras, pedía cerrar el debate y proceder a la votación.

“La resolución refleja un enorme esfuerzo y un extenso trabajo de diálogo que ha habido en los últimos 22 meses, y la resolución es clara que no se cierra el diálogo para el futuro. Señor presidente me gustaría proponer a sugerencia de mi colega de Canadá cerrar el debate y proceder y votar por el texto de esta resolución”, dijo Jacobson, al filo de las 11:00 de la noche.

El texto consensuado

La resolución final se reduce a dos páginas con dos numerales de resolución, más las consideraciones que vieron a bien los países destacar sobre el proceso de reflexión del trabajo de la CIDH y sus distintas relatorías, que durante la jornada de debates hubo mucho hincapié en la Relatoría para la Libertad de Expresión y sus formas de financiamiento.

En el tercer párrafo el texto de la resolución resalta “la responsabilidad, el interés y el compromiso de los Estados Miembros con el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y con ese fin, el papel que desempeñan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sociedad civil y otros actores y usuarios del Sistema”.

En seguida va al punto inicial de donde se originó la querella basada en los recursos con que funciona la CIDH, ente autónomo de la OEA, que funciona en un 55 por ciento con los recursos que aportan los países, el resto lo consiguen en programas de cooperación especialmente de países europeos y organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema de Derechos Humanos, tanto en Estados Unidos como en otros países desarrollados.

El documento reafirma “la conveniencia de adaptar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a las exigencias que devienen de su evolución y hacia formas cada vez más equitativas, efectivas y transparentes de funcionamiento”, reza el cuarto párrafo de la resolución.

En los considerandos se resuelve, en dos numerales, el reconocimiento al trabajo de la CIDH en la defensa y promoción de derechos humanos en el continente e insta a mantener el diálogo con los estados a través de la Asamblea General de la OEA, para avanzar en el mejoramiento de los derechos fundamentales para los habitantes del continente.

El aspecto de las medidas cautelares, con las que la CIDH puede obligar a los estados a acatar algunas disposiciones cuando se esté violando flagrantemente derechos fundamentales de ciudadanos, no tuvo eco en la resolución que fue duramente criticada por los delatores en cerca de 11 horas de debates, divididas en tres bloques desde el mediodía del viernes hasta pasada la medianoche.

En la OEA quedó claro que el proceso de reflexión estaba cerrado y se abría una nueva etapa para el fortalecimiento del SIDH; también se instó a generar mayores compromisos para apoyar con recursos a la CIDH y pasaron como anexos para discutir en el futuro un eventual cambio de sede del organismo.

En este punto nueve países veían a bien trasladarla a Costa Rica, para coordinar mejor las acciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que ya están en ese país centroamericano.

El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, había expresado un día antes de la apertura de la Asamblea General que esperaba que al concluir esa larga etapa de evaluación del trabajo que hace la institución, esta saliera fortalecida; no sin advertir que de consumarse la iniciativa de los países del Alba auguraba un estrangulamiento de la CIDH vía recorte del presupuesto.

Por su parte la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, hizo votos para que el resultado final diera una mayor fortaleza al trabajo que hace la CIDH, lo cual fue apoyado por la mayoría de países miembros que destacaron la labor de la organización para garantizar el fortalecimiento de la democracia en los países del hemisferio.

“Nosotros esperamos que cuando termine este proceso, que los estados comprendan la importancia que tiene el poder obtener ese tipo de recursos y se comprometan con una mejor y mayor financiación; propuso Botero el jueves ante los medios de comunicación para defender la obtención de recursos de los cooperantes.

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