Todo el personal de seguridad del penal de San Francisco Gotera (Morazán) fue removido de sus puestos la última semana de febrero tras ejecutar una requisa en la que decomisaron varios teléfonos móviles, y luego de haber sido denunciados por los pandilleros que allí guardan prisión de haberles robado dinero del interior de sus celdas. Así lo afirmaron fuentes militares, aunque el director de Centros Penales aseguró desconocer sobre esa remoción.
El pasado 28 de febrero, un contingente policial de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ingresó al referido penal a efectuar una requisa, la primera desde hace un año, cuando entró en vigencia la tregua firmada entre las dos pandillas más grandes de El Salvador.
Según las fuentes militares, algunos mareros no permitieron el ingreso de los custodios ni de los agentes de la UMO, por lo que solo pudieron registrar algunas celdas, pero fue suficiente para que encontraran 30 celulares, varios cargadores y baterías.
Los informantes castrenses dijeron estar sorprendidos porque los artículos decomisados no fueron remitidos a la sede policial de San Francisco Gotera, procedimiento que se ha realizado siempre.
Los decomisos confirman, a juicio de los elementos de la Fuerza Armada, la corrupción y la vulnerabilidad que ha persistido en las cárceles después de que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) suspendiera las requisas en las prisiones donde se encuentran recluidos pandilleros.
Los militares confirmaron que los decomisos de ilícitos a los parientes en los alrededores del penal son constantes, y explicaron que eso significa que el ingreso de ilícitos a los penales sigue dándose.
El último de estos casos tuvo lugar el pasado 19 de febrero, cuando Johana Saraí Bolainez Hernández, de 19 años, fue detenida cuando intentó ingresar 84 cápsulas con droga a un centro penitenciario.
Traslados
Los mismos informantes confirmaron que, días después de esa requisa, todos los custodios de ese penal fueron relevados por quejas que cabecillas de la mara Salvatrucha (MS-13) recluidos en esas instalaciones elevaron hasta las autoridades de la DGCP.
Los custodios fueron trasladados hacia las cárceles de Ilobasco, La Esperanza (Mariona) y Chalatenango. Las registradoras (mujeres) fueron trasladadas hacia la cárcel de Jucuapa (Usulután).
En la reunión donde se tomó la decisión estuvo presente el inspector General de Centros Penales y varios cabecillas de las estructuras delincuenciales, aseguraron los militares.
Los mareros presionaron a los funcionarios de seguridad para que hicieran los cambios, debido a un supuesto robo de dinero que se dio en el interior de varias celdas durante la requisa.
Varios de los nuevos custodios renunciaron al poco tiempo por temor a represalias por parte de los pandilleros, dijeron las fuentes.
Director Nelson Rauda desconoce los cambios
El director de Centros Pena les, Nelson Rauda, dijo desconocer de la remoción de todo el personal de seguridad del penal de San Francisco Gotera: “He estado fuera del país y no me he enterado de esos movimientos. Recién vine el martes”, afirmó.
El funcionario indicó que, por estrategia, la DGCP rota de forma periódica a sus custodios en los penales, pero “no por algo extraordinario o en particular”.
El director argumentó que, desde hace tiempo, la rotación del personal es para evitar que sean identificados o se familiaricen con los internos y que ello facilite el ingreso de ilícitos a los penales.
“Los movimientos se dan dentro de la lógica de proteger y mantener la seguridad en los centros”, acotó Rauda.
Sin avances indagación de muerte de reo
La investigación sobre la muerte de un reo 15 días después de los traslados no avanza. Adonay German Solís, de 31 años, quien aparentemente se habría suicidado en el interior de una celda del sector número 6, según investigadores de la Policía, purgaba una pena de seis años por el delito de robo.
Solís fue encontrado ahorcado. Sin embargo, hubo algunas evidencias que el reo fue asesinado y luego su cuerpo fue colgado del techo de la cárcel.