Secciones
×

Síguenos en

Deficiente gasto social en 2012 tuvo el FSV

A esa entidad le siguen el Viceministerio de Vivienda, la Dirección de Centros Penales, la CSJ y el VMT Lo anterior se refleja en el informe del Ministerio de Hacienda hasta el 20 de diciembre del año pasado

El centro penitenciario de Izalco, en Sonsonate, es una de las deudas pendientes del Ministerio de Justicia. EDH /archivo
El centro penitenciario de Izalco, en Sonsonate, es una de las deudas pendientes del Ministerio de Justicia. EDH /archivo

Por Eugenia Velásquez politica@eldiariodehoy.com

Feb 02, 2013- 19:00

La ejecución del presupuesto 2012 destinado para programas sociales fue deficiente en algunas instituciones estatales como el Fondo Social para la Vivienda (FSV), el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Viceministerio de Transporte (VMT), el Ministerio de Hacienda (MH), la Dirección General de Centros Penales y la Universidad de El Salvador (UES).

Los datos del año pasado los refleja el informe del Avance Financiero del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP), con datos actualizados hasta el 20 de diciembre dado a conocer en el sitio de Internet del Ministerio de Hacienda.

Si administrar menos dinero suena a que es fácil ejecutarlos, lo anterior no funciona así para algunas instituciones del Estado. Algunas presentaron una mínima ejecución de los fondos que el gobierno les entregó para inversión pública en 2012. Y coincidentemente son las mismas entidades que en 2011 también reflejaron déficit en inversión social.

El FSV tenía asignado para inversión social $1.5 millones y solo invirtió hasta diciembre anterior $10 mil, de acuerdo con los datos del PAIP.

En el caso del Viceministerio de Vivienda el informe de Hacienda revela que de los $20.8 millones que el gobierno dispuso para que esa institución ejecutara cuatro proyectos durante 2012, sólo pudo desarrollar $4.1 millones.

Lo anterior contrasta con las necesidades que tiene la población en este rubro. En agosto del año pasado, el exviceministro de Vivienda, José Roberto Góchez, declaró que el déficit era de 450 mil viviendas, y que anualmente la demanda es de 15 mil casas, con relación al crecimiento poblacional. En esa ocasión Góchez dijo que el déficit cuantitativo de la vivienda no se había logrado superar, mucho menos el cualitativo, que tiene que ver con el suministro de los servicios básicos.

En 2011 esa entidad también figuró entre las instituciones con menor ejecución de sus fondos para inversión social, de acuerdo con el informe de la Unidad de Análisis de Seguimiento al Presupuesto de la Asamblea Legislativa (UASP).

Según el informe del primer semestre de 2011, el Viceministerio de Vivienda tenía “cero” porcentaje de ejecución de sus obras.

Otra institución emblemáticas que no logró despegar con su inversión pública en 2012 es la Dirección General de Centros Penales.

Y precisamente también fue incluida en el análisis de la UASP como otra de las entidades que en los primeros seis meses de 2011 no habían ejecutado ni un centavo de sus recursos para obras sociales.

El informe de Hacienda del año pasado da cuenta que Centros Penales, una dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, contaba con $2.5 millones para ejecutar cinco proyectos en 2012.

Sin embargo, hasta el 20 de diciembre del año pasado, sólo había implementado un poco más de $500 mil.

De hecho, esta institución no ha cumplido con compromisos adquiridos desde 2010.

Entre los planes estaban el ampliar el centro penal de Zacatecoluca, en La Paz, así como mejorar el Centro Intermedio de Ilobasco y terminar la construcción del Complejo Penitenciario de Izalco.

La CSJ también puntea entre las que han mostrado una de las más bajas ejecuciones de sus fondos públicos en 2012.

El Órgano Judicial dispuso de $18.7 millones para la realización de 10 programas con fines sociales, pero al cierre del 20 de diciembre, según Hacienda, la CSJ sólo había utilizado un poco más de $500 mil.

Cabe recordar que la CSJ es una de las instituciones que además cuenta con uno de los más altos porcentajes de los fondos del Presupuesto General de la Nación.

El 6 % de los recursos del Estado son destinados a esta institución, esto por mandato constitucional. En 2011 la CSJ dispuso para su funcionamiento $224 millones.

Aún siendo una de las instituciones con mayor disponibilidad económica, se ha caracterizado por el déficit de ejecución de su presupuesto ordinario y de los fondos para el gasto social.

Así lo criticaron los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado.

En esa ocasión reconocieron que la CSJ apenas había ejecutado el 16 % del presupuesto de inversión que le fue aprobado en 2010 para operar en 2011.

Lorena Peña, del FMLN, manifestó en ese entonces que la Corte registraba un “arrastre” de varios millones en la ejecución de su plan de gastos correspondiente a 2011.

Ante esto los legisladores decidieron quitarle fondos al Poder Judicial para trasladarlo a otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), y otras que se dedican a acciones de beneficencia que necesitan apoyo estatal para funcionar.

De hecho, fue la diputada Peña quien explicó que parte de los fondos no ejecutados por la CSJ servirían para reforzar los programas gubernamentales, como son el paquete escolar y la entrega del vaso de leche a los estudiantes del sector público, un programa impulsado por el ministerio de Educación.

Así también, el VMT tenía asignado $12.7 millones para ejecutar un proyecto en 2012, sin embargo, el informe del Avance Financiero del PAIP muestra que es otra de las instituciones con un déficit grande en su ejecución.

El VMT sólo logró desarrollar un poco más de $200 mil. No obstante, el informe del PAIP de Hacienda no detalla los programas que debieron ejecutar esas entidades.

Articulos Relacionados

  • 10000
    Las vacunas incluyen la inmunización contra el virus de la influenza A H3N2.
  • 10000
    Desde 2009 el gobierno se quejó de no poder invertir mucho en lo social, a raíz de las trabas que imponía una rígida Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), pero a partir de 2011 la misma fue modificada.La Asamblea Legislativa aprobó el 18 de mayo de…

Tags

Abrir Comentarios

Cerrar Comentarios