La investigación que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió contra el exfiscal de la República, Romeo Barahona, por la supuesta falta de actuación en el caso de las denuncias hechas por el Ministerio de Obras Públicas, ante el atraso en la construcción del bulevar Monseñor Romero, ha enfrentado a ese Tribunal con la Fiscalía General.
El pasado 17 de enero, el TEG, presidido por Marcel Orestes Posada, pidió al fiscal general, Luis Martínez, a través de una nota que en un plazo de 10 días le hiciera llegar un informe que detallara, entre otros aspectos, qué diligencias de investigación se hicieron en la administración de Barahona en torno a la denuncia hecha por el MOP, así como cualquier lineamiento de trabajo que el exfiscal hubiera girado a la Unidad Fiscal competente.
En respuesta, Martínez le envió un documento, al que El Diario de Hoy tuvo acceso, en donde le señala que la institución que él dirige es independiente, según la Constitución de la República, y le recuerda que el artículo 76 del Código Procesal Penal consigna que “las diligencias de investigación serán reservadas”, lo que le impide enviar al TEG la información.
El Fiscal General agrega que la regulación está diseñada para garantizar la efectividad de la investigación que realiza la Fiscalía “sin presiones internas o externas”, ya que es un “ente independiente”.
En este sentido, el TEG, al pedir esa información, “está violentando y conminando a que el Fiscal General cometa el delito del prevaricato y viola la independencia de poderes”, según un asesor fiscal.