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Alegan preexistencia de contrato con buseros

Los transportistas firmaron un poder para que se negociara un contrato en su nombre

Los miembros de la Mesa de Transporte integran la directiva de Sipago. Todos firmaron poderes a favor de Trade International. Foto EDH /
Los miembros de la Mesa de Transporte integran la directiva de Sipago. Todos firmaron poderes a favor de Trade International. Foto EDH /

Por nacional@eldiariodehoy.com

Feb 11, 2013- 22:00

Continúa en la PÁGINA 00 rUna demanda por costos, daños y perjuicios. Eso es lo que les espera a los transportistas directivos de Sipago al firmar un contrato con la empresa Subes El Salvador.

El contrato que según Subes y Sipago ya se firmó, violaría otro previamente contraído el 25 de noviembre de 2011 a nombre de los transportistas por la sociedad Trade International S.A. de C.V.

La representante legal y presidenta de esta sociedad, Astrid Oyarbide, se comprometió con una empresa canadiense, cuyo nombre pide omitir debido a un acuerdo de confidencialidad.

Ella mostró varios poderes firmados por los dirigentes y representantes legales de: la Asociación de Empresarios de Transporte de Pasajeros (ATP), la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador (AEAS), la Federación de Cooperativas y Asociaciones de Transporte (Fecoatrans), la Federación de Asociaciones de Empresarios de Microbuses (Fasemi), la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (Casit), la Asociación de Empresarios de Transporte de Microbuses Salvadoreños (Aetmisal) y la Cámara Tecleña de Transporte (CTT).

Estos documentos facultan a Oyarbide para contratar asesoría legal y técnica a nombre de dichas gremiales. Pero, además, para firmar a nombre de ellos contratos para formalizar los servicios de emisión de tarjetas prepago para el transporte público y contratar servicios de emisión de tarjetas prepago. Los poderes están vigentes desde 2006, aseguró.

El 22 de enero pasado, Oyarbide envió cartas a los transportistas recordándoles que los poderes siguen vigentes y que ya se suscribió un contrato con una empresa canadiense para “la constitución y mantenimiento de un sistema de tarjeta prepago para los buses de la República de El Salvador”.

La misiva enviada a los transportistas afirma: “Quiero hacer de su conocimiento que con fecha 25 de noviembre del 2011, se firmó un contrato de asistencia técnica, con la compañía (…) del domicilio de Québec, Canadá, operando bajo las leyes del mismo país”.

Oyarbide les recordó a los transportistas que el contrato le permite contratar y asegurar la recuperación de todos los gastos y las inversiones en las que Trade International ha incurrido al elaborar, investigar y verificar el proyecto de cobro electrónico.

“Sipago S.A. de C.V. pretende contratar a otra compañía para desarrollar el sistema de cobro a través de una tarjeta electrónica Prepago, si eso fuera a darse se deja a mi persona y a la empresa canadiense fuera del contrato firmado en el mes de noviembre de 2011”, afirma.

En su opinión, lo anterior equivale a “un tácito rompimiento” del contrato, lo cual ocasionaría “daños y perjuicios” tanto a ella como a la empresa canadiense.

Al final de la misiva, la empresaria explica a los transportistas que su intención es “llegar a un acuerdo racional” con ellos. Con ese objetivo, les pidió visitar sus oficinas el 23 de enero por la tarde, pero ninguno asistió.

Esto, pese a que al final de la misiva les advertía: “De no ser posible la reunión para el día mencionado, nos veremos obligados a proceder legalmente”.

Inseguridad en el transporte público

El 21 de junio de 2010, delincuentes quemaron un microbús con once pasajeros en su interior. El hecho ocurrió en la colonia Jardín, de Mejicanos, y causó terror e indignación. Además, dejó en evidencia la inseguridad que impera en el transporte público y a la que están expuestos tanto motoristas como pasajeros.

Un mes antes, el 28 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el viceministro de Transporte, Nelson García, conocieron un proyecto en el que además de proponer el cobro electrónico del pasaje, se ofrecía colocar cámaras al interior de los autobuses, un cuarto de control para monitorearlas, un botón de pánico en cada bus para alertar a la PNC en caso de peligro y localizadores GPS para buses y microbuses. Los ingresos obtenidos a través de la tarjeta electrónica serían cargados a las cuentas de los dueños de las unidades, para la cual era necesario establecer un fideicomiso.

El proyecto fue expuesto por Astrid Oyarbide, quien asegura haber entregado una copia del mismo a los funcionarios. El proyecto también fue expuesto a la PNC y a la Embajada de Estados Unidos.

Meses después, previa cita, Oyarbide visitó el VMT en compañía de empresarios provenientes de China. Ella asegura que el grupo esperó una hora a García, pero “no los recibió”. “Él no quería saber nada del proyecto que ya estaba armado”, lamenta.

En su opinión, los funcionarios obstaculizaron el proyecto: “Lo bloquearon porque no era de ellos, sino de los transportistas. Porque ellos (los funcionarios) querían impulsar un proyecto donde ellos estuvieran involucrados”.

De esta forma, Oyarbide ha visto caer en saco roto los seis años que dedicó a investigar y contactar al menos a tres empresas con experiencia en la fabricación, instalación y operación de cobro electrónico en el transporte público. “Se han traído compañías, se han contratado ingenieros… Se han gastado al menos 3 millones de dólares en este proyecto”, indicó.

En su opinión, la empresa que implemente este proyecto debe tener experiencia y no simplemente comprar las máquinas y traerlas al país.

Oyarbide explica: “En América del Sur sí hay diferentes compañías que manejan tarjeta prepago, pero ninguna es fabricante. De las tres empresas que nosotros contactamos, las tres son fabricantes y las tres tienen experiencia comprobada; porque esta tecnología nació en Japón; la desarrolló Sony que, a su vez, la vendió a las diferentes casas que la desarrollaron”. —EDH

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