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Litigio por rastro impide a comuna capitalina captar $1.3 millones

El proceso judicial se encuentra en etapa de sentencia en el juzgado 3o de lo Mercantil

La empresa que administra el rastro asegura que operan con estándares de calidad, higiene e inocuidad. Foto edh / Cortesía
La empresa que administra el rastro asegura que operan con estándares de calidad, higiene e inocuidad. Foto edh / Cortesía

Por Roberto Alas comunidades@eldiariodehoy.com

Feb 22, 2013- 20:00

La alcaldía de San Salvador y la Sociedad Dika, S. A., que administra el rastro desde el 2006, se encuentran enfrascados en un proceso legal que no le ha permitido a la comuna captar un millón 372 mil dólares en concepto de cánones de arrendamiento.

El proceso litigioso que se encuentra en el juzgado 3o de lo Mercantil se viene ventilando desde 23 de octubre de 2007 cuando Violeta Menjívar era la alcaldesa del municipio de San Salvador.

Dado que el proceso ha marchado lento en las instancias judiciales, el problema lo terminó heredando la actual administración que preside el alcalde Norman Quijano.

Aunque después de cinco años con cuatro meses que lleva el caso en el juzgado mercantil, este ya se encuentra en una fase de sentencia, aseguró la asesora legal del despacho del doctor Quijano, Celina Escolán.

Ella dijo estar confiada en que la resolución que emita la jueza de dicho tribunal, Ana María Cordón, será a favor de la comuna y con la cual se ordenaría a los administradores del inmueble pagar los cánones de arrendamiento y la terminación del contrato para que la alcaldía recupere el terreno.

“Cuando la alcaldía asume en mayo de 2009 encuentra muchos de los archivos vacíos, en cuenta los documentos que comprueban si hubo o no un proceso de licitación pública para dar el rastro en 2006”, explicó.

La abogada agregó que el caso no ha finalizado en el tribunal porque la empresa ha ido “entorpeciendo y dilatando el proceso”.

Sobre el litigio que tienen con la alcaldía por el pago de arrendamiento y la terminación del contrato, los administradores del rastro, que se encuentra en Soyapango, declinaron hablar.

Constantino Dimitrakis dijo que no podía opinar sobre el proceso porque de eso están encargados los abogados de la empresa.

Pero según Escolán, los administradores del rastro, desde que se les entregó el inmueble únicamente cancelaron cinco mil dólares y no siete mil como lo estipuló el contrato.

El contrato de arrendamiento estableció que la empresa explotaría el rastro por un tiempo de 25 años, es decir, que terminaría pagando dos millones de dólares en 300 cuotas de siete mil.

Sin embargo, dentro del proceso judicial se encuentra un documento que presentó la empresa Dika referido a la modificación del contrato de arrendamiento por 3,500 dólares.

Pero esta modificación no se encuentra en los libros de actas, aseguró Escolán.

“No encontramos el acuerdo municipal donde el concejo haya autorizado semejante modificación”, explicó la asesora jurídica.

Sobre ese punto, la municipalidad ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía General de la República para que investigue un posible delito de falsedad material; pero a la fecha, no saben de avances, dijo la asesora del despacho.

Dado que el proceso está por resolverse en el tribunal mercantil, Constantino Dimitrakis dijo que después de eso podrían hablar del caso.

Inversión

Mientras el litigio continúa, la empresa sigue operando y explotando el matadero.

Dimitrakis, junto a su padre Nicolás, se refirió al rastro que administran como uno de los mejores a nivel nacional.

“Servimos a ganaderos, mercados y supermercados que solicitan el servicio de matanza. Proveemos un servicio higiénico e inocuo”, explicó Constantino.

Desde 2006 la inversión que han hecho es grande para atender una demanda de destace de 150 reses diarias, explicó.

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