EDH: ¿Tras haber hecho la denuncia, su caso sí fue asignado a una fiscal?
I. Ch.: El caso sí fue asignado, pero nunca se me dio el derecho de conocer sobre ningún tipo de investigación ni se me dio el derecho al acceso de las diligencias de mis peritajes. No se me entregó documentos absolutamente de nada.
EDH: ¿Qué razones le daban?
I. Ch.: Lo que pasa es que el exfiscal general Romeo Barahona estaba protegiendo a mi acosador sexual.
EDH: ¿Usted lo deduce?
I. Ch.: La fiscal Vilma Guardado me dijo que había recibido una llamada telefónica de sus superiores inmediatos sobre que tenían instrucciones de no judicializar el caso.
EDH: ¿Cuándo fue eso?
I. Ch.: A finales de mayo del año pasado (2011). Y hasta donde yo tengo entendido, al procurador de los Derechos Humanos (Óscar Luna) le hicieron del conocimiento de que mi caso había sido clasificado con reserva total y no le dieron información absolutamente a nadie.
EDH: ¿A qué lo atribuye?
I. Ch.: En la Fiscalía no se hizo nada en más de dos años. Yo solicité que, si no se iba a judicializar ni se iba a investigar el caso que, entonces, la acción pública se convirtiera en una acción privada; para que con abogados de organizaciones que me están apoyando se pudiera judicializar el caso, en aras de justicia. Pero nunca se me dio esa autorización.