Un ex ministro de Defensa de El Salvador admitió hoy su responsabilidad en abusos contra civiles durante la guerra civil y afirmó que no pudo poner fin a las violaciones a los derechos humanos debido a las divisiones que existían dentro de las fuerzas armadas.
El general José Guillermo García Merino aseguró que aunque hizo “todo lo posible para quitar ese tipo de actitudes de algunos miembros” militares, las diferencias ideológicas entre los sectores de derecha y de izquierda al interior de las fuerzas castrenses “crearon un conflicto que hacía difícil el control de todos los hechos que pasaban”.
“La responsabilidad no puede ser evadida en ninguno de los cargos. Pero es muy diferente a la culpabilidad”, manifestó García con voz firme.
El militar efectuó sus declaraciones en el último día del juicio de deportación que enfrenta en un tribunal de inmigración del centro de Miami, al ser interrogado por el juez Michael Horn.
El gobierno de Estados Unidos busca deportar a García bajo acusaciones de que “ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales” mientras fue ministro de Defensa, entre 1979 y 1983.
El departamento de Seguridad Interna fundamentó su pedido de repatriación en una ley aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011, que permite la acusación y procesamiento de presuntos represores extranjeros.
A lo largo del juicio el gobierno intentó demostrar que García no hizo nada para frenar los asesinatos y matanzas extrajudiciales, ni para investigarlos.
El juez Horn anunció al finalizar la audiencia del miércoles que ambas partes deberán presentar sus alegatos finales por escrito el 3 de junio, y cada una tendrá también luego tiempo hasta el 5 de julio para responder al alegato de la otra parte. Posteriormente el magistrado emitirá su veredicto por escrito, pero no existe un plazo para que lo haga.
García, que lucía tranquilo y habló con voz firme y alta, tiene derecho de apelar la decisión del juez. El proceso de deportación podría llevar años antes de que quede resuelto, y las apelaciones podrían incluso llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La audiencia matutina comenzó con el testimonio de la hija de García, Ana Carolina Montoya de 50 años, quien afirmó que su padre “estaba totalmente opuesto” a los abusos y masacres e “hizo todo lo que estaba a su alcance para pararlos”.
Mientras declaraba, su padre permanecía sentado en diagonal, a menos de dos metros de distancia, con su vista hacia abajo, sin mirarla a ella. La mujer, quien dijo tener conocimiento de la violencia en El Salvador por informes de la prensa, tampoco lo miraba a García. Una ley de amnistía aprobada en El Salvador en 1993 impide que García y otros militares que participaron en violaciones a los derechos humanos puedan ser juzgados en su país.
La guerra civil en El Salvador (1980-1992) dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
García fue convocado a declarar por segunda vez en el juicio por su abogada y el juez aceptó que fuera interrogado tras pedirle a Cruz que le explicara los motivos por los que llamaba a su cliente otra vez .
Antes de comenzar a declarar, el ex ministro, sin embargo, pidió hablar al juez y le manifestó que no creía conveniente una nueva situación de preguntas y respuestas que “llevarían a conclusiones cargadas de sentimentalismos”.
Tras escuchar a su cliente, Cruz resolvió no interrogarlo. Pero el juez dijo que tenía algunas preguntas para hacerle a García, y prosiguió con un intenso interrogatorio.
Un intérprete del tribunal traducía las preguntas del juez del inglés al español, y las respuestas de García del español al inglés, en voz alta para que toda la sala escuchara.
Horn comenzó con preguntas generales, como cuál era su rol como ministro de defensa. Pero ante la falta de respuestas concisas por parte de García, sus preguntas fueron cada vez más concretas, como por qué no había renunciado si sabía que se cometían abusos y masacres en su país, o por qué no podía frenar los abusos.
García aseguró que “hizo todo el esfuerzo posible para tratar de evitar esa violencia”, y a manera de excusa explicó que “contaba con una institución armada dividida en opinión y en acción, como también lo estaba la Iglesia católica”.
El ex ministro respondió afirmativamente cuando el juez le preguntó si su deber como ministro era llevar la paz a su país y proteger la vida humana de la población civil.
De inmediato, el magistrado, en un tono de voz fuerte y firme le preguntó en inglés a García cómo pudieron haber sucedido las masacres siendo que él es un hombre inteligente y culto. “¿Cómo lo permitió?”, le cuestionó Horn.
García le respondió que él estaba en favor de la solución y trabajaba por ella, pero el magistrado no quedó conforme con su respuesta y tras decirle que durante su gestión como ministro se registraron abusos y violaciones a los derechos humanos, le preguntó si como funcionario falló para proteger a la población civil.
“Estas atrocidades existieron en forma numerosa. Usted era ministro de Defensa…Queda claro que esto existía sin límites. ¿Cómo puede ser que usted permitiera que esto sucediera?”, le dijo Horn a García, que lo miraba quieto, en silencio.
A su turno, García respondió: “Como ministro de Defensa tenía la responsabilidad de resolver los problemas, pero cuando no hay entendimiento dentro de la institución armada… es difícil para un conductor obtener respuestas de sus subordinados”.
El juez le preguntó entonces por qué siguió como ministro, y tras escuchar que García le dijo que intentó renunciar tres veces, le manifestó que estaba hablando de formalismos porque “no necesitaba permiso de nadie” para retirarse de su cargo.