Temiendo que el conglomerado de empresas Alba —un proyecto del FMLN financiado por el Gobierno de Venezuela— esté propiciando en El Salvador supuestas actividades de corrupción, mal manejo de fondos públicos o desvío de dinero para campañas electorales, la empresa privada pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a dicha compañía.
Arnoldo Jiménez, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) entregó, ayer, en el Ministerio Público un paquete con documentos entre los que hay, según dijo, abundante información sobre la empresa Alba, así como noticias de denuncias de “fuentes reconocidas” de las alcaldías que están descontentas con ese proyecto efemelenista.
Jiménez aseguró que el aviso de advertencia lo hizo en calidad de ciudadano y de representante de la ANEP, que defiende los intereses de diferentes sectores productivos que se están viendo afectados por la “competencia desleal y la forma en que hace negocios la gente de Alba”.
“No es ninguna acusación en contra de nadie, solo estamos aportando información de advertencia, en base a los artículos 260 y 264 del Código Procesal Penal vigente, que establecen que la investigación puede iniciarse de oficio, por denuncia, querella o aviso”, sostuvo Jiménez.
Para el director ejecutivo de la ANEP, el Fiscal General, Luis Martínez, deberá de considerar qué noticias embargar, pues está en juego “información muy delicada”.
“El fiscal deberá iniciar las investigaciones. Recordemos que lavado de dinero no solo constituye el tema del narcotráfico, sino también desvío de fondos públicos o actividades relacionadas con evasión de impuesto, tráfico de armas, secuestro, en fin”, dijo.
Chocan por demanda
Esta semana, José Luis Merino, secretario de Organización del FMLN, aseguró que ya tienen preparada una demanda por difamación en contra de Jiménez, quien hizo declaraciones en torno a un supuesto dinero ilícito en la operación de Alba Petróleos.
Miembros del partido de izquierda han pedido a Jiménez que presente las pruebas que demuestren las acusaciones.
Ayer la repuesta que ante esto dio Jiménez fue: “Ellos nos pidieron que presentáramos pruebas. Nosotros no estamos obligados a presentar ninguna prueba”.
El director jurídico de la ANEP, Javier Argueta, secundó a Jiménez y aseguró que estarán pendientes de la demanda que interponga el FMLN y les envió un mensaje: “Nosotros les recomendaríamos que estudien bien los tipos penales que están diciendo porque en los estudios que hemos estado haciendo (con nuestros abogados) no encajan algunas declaraciones en la legislación nuestra”.
Más tarde, el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana, afirmó que si la ANEP acudió a la Fiscalía a demandar a Alba Petróleos esperarían que la denuncia fuera por “lavado de dinero”, como según Lorenzana los ha tildado el director ejecutivo de la ANEP y no por falta de “transparencia”, dijo.
Añadió que el FMLN acudirá hoy al Ministerio Público a denunciar a Jiménez ante las acusaciones que, según Lorenzana, ha hecho. La demanda será presentada por el doctor Fabio Castillo, pero no se especificó por qué delito.
“No lo quisiera ver preso (a Jiménez). Sinceramente me duele, pero el acusó a Alba de lavado y por lo tanto esas pruebas las debe de presentar. Si no las presenta, desgraciadamente, si se cumple la ley, tendrá que ir a la cárcel y duele porque es una persona que uno le tiene respeto y aprecio. No debe cometer ese tipo de errores, más en nombre de una gremial empresarial”, argumentó Lorenzana.
Proyecto atentaría contra la democracia
La relación partido-político empresa que existe entre el FMLN y la empresa Alba Petroléos y sus compañías hermanas no es bien vista por la empresa privada, porque “no es sana para la democracia”, a juicio del delegado de la ANEP, Arnoldo Jiménez.
El empresario sostuvo que, en varias ocasiones, la campaña política de un partido determinado, en clara alusión al FMLN, “está influenciada por beneficios provenientes de esta corporación”.
Según Jiménez, con ello queda al descubierto una intromisión de estados extranjeros en los procesos electorales salvadoreños y eso constituye una violación a la soberanía nacional.