Que la Fiscalía General de la República (FGR) encuentre de casualidad o solo porque sí un cementerio clandestino “es bien difícil”. Así lo admitió la jefa fiscal de la Unidad de Vida de Santa Tecla, Guadalupe de Echeverría, quien explicó que, para poder encontrar fosas ilegales, dependen en muy buena medida de los testigos criteriados (imputados que han recibido beneficios) que les han confesado las direcciones.
“Son pocos los hallazgos que han sido circunstanciales, eso es muy mínimo. La mayor parte son ubicados porque alguien que ha participado en el hecho nos lo ha dicho a cambio de un criterio de oportunidad. Estamos hablando de un 70% de los casos”, anotó la funcionaria.
Cuando De Echeverría habla de “circunstanciales”, se refiere a las pocas veces que ha habido deslizamientos de tierra y los cuerpos sin vida han aparecido expuestos como por causas naturales. Se refiere a cuando algún testigo presenció cuando pandilleros caminaron junto a sus víctimas a ciertos lugares y luego regresaron, pero regresaron solos, y se lo han hecho saber a la Fiscalía. Se refiere, inclusive, hasta cuando animales se han puesto a escarbar en determinadas zonas por el olor a putrefacto y se han llevado partes de cadáveres en sus hocicos.
A todas las circunstancias anteriores, la jefa fiscal las llama “noticias criminales”. Pero recalcó que la noticia criminal más efectiva es la obtenida de los implicados que han recibido beneficios penales como no ser juzgados por sus fechorías, brindarles protección a ellos y a sus familiares, ocultar su identidad, y dejarlos en total libertad una vez hayan culminado los respectivos procesos judiciales y penales en los que han colaborado sin ser imputados.
La posibilidad de que las autoridades fiscales dejen de depender de los criminales para esclarecer los asesinatos que terminan en tumbas ilícitas es casi nula. Aunque de la Fiscalía y Policía es obligación verificar esas noticias criminales sean del índole que sean, no tienen recursos adicionales como la existencia de algún programa de búsqueda permanente en las zonas usualmente utilizadas para cavar tumbas de manera furtiva.
“Eso le compete más a la Policía. Nosotros solo actuamos de manera inmediata desde un aviso, o una llamada anónima”, señaló la jefe fiscal cuando fue cuestionada sobre la implementación de programas de búsqueda o vigilancia en las zonas donde es marcado el accionar de pandillas.
Con tregua o sin tregua
Las testificaciones que los pandilleros han hecho, antes y después de la tregua que sus cabecillas acordaron y firmaron en mayo de al año pasado, no ha variado mucho en lo que se refiere a cantidad.
“Yo no utilizaría ese parámetro (la tregua) para decir si esa fue la motivación que tuvieron para colaborar, porque un pandillero cuando decide colaborar es porque le han dado luz verde o porque sabe que va a ir a parar a un centro penal y no quiere (…) pero eso ha sido una constante desde antes de la tregua, no ha variado en que van a colaborar más”, anotó De Echeverría.
Lo que sí es un hecho es que el 90% de todos los cementerios clandestinos que la Fiscalía ha podido ubicar, sea por la noticia criminal que sea, corresponde a asesinatos perpetrados por pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS).
“Con los de la 18 no hemos tenido ese patrón de pedir beneficios, aunque no quiere decir que no lo hagan (…) tampoco quiere decir que no se estén investigando en esas zonas donde ellos operan”, dijo la jefa fiscal.
Por otra parte, añadió que una característica que podría estar abonando a este alto porcentaje es que la mayor población de pandilleros del país es de miembros activos de la MS, según las estadísticas que manejan las autoridades fiscales y policiales (ver entrevista).
Solo durante el pasado año, la Fiscalía da cuenta de más de 80 cementerios clandestinos encontrados en todo el territorio nacional, la mayoría con más de una víctima. La cifra alarma más cuando se trae a cuenta que en los últimos ocho años, desde 2005, el promedio de cadáveres que la Fiscalía ha podido recuperar asciende apenas a 530, es decir, un promedio de 66 por año.
Parte de las cifras en el párrafo anterior tienen su origen en que el Instituto de Medicina Legal apenas cuenta con dos antropólogos y un criminólogo para atender a todos los muertos que van siendo encontrados semienterrados a lo largo de todo el país. “Y eso no es suficiente”, lamentó la jefa fiscal.
La buena noticia para la Fiscalía es que el 80% de las víctimas han podido ser reconocidas y entregadas a sus familiares para una cristiana sepultura, debido a que los testigos criteriados, por el mismo hecho de haber participado en los crímenes, saben de quiénes se trata. Sin embargo, no faltan los casos en los que solo conocen a las víctimas por sus apodos y no por nombres y apellidos, lo que complica su identificación.
Para el 20% restante, sin embargo, no existe respuesta para los ofendidos. Tal es el caso de un cementerio que fue localizado en la comunidad Iberia, cerca de la terminal de los autobuses que viajan al oriente del país, en San Salvador.
De acuerdo con De Echeverría, en ese lugar ya habían comenzado los trabajos de terracería para la construcción de un polígono que en la actualidad funge como centro de rehabilitación, por lo que “por las condiciones en las que estaba ya la obra de avanzada, que todo el relleno había sido rellenado, se nos imposibilitó seguir buscando más cuerpos. Allí quedaron. Ellos (los testigos criteriados) nos manifestaron que había como siete cuerpos, pero solo pudimos rescatar cuatro y uno de esos cuatro ni siquiera pudo ser identificado”.
Las víctimas que no son identificadas terminan siendo enterradas en fosas comunes, en un cementerio general.