El expresidente de la República, Francisco Flores, defendió ayer el contrato que se hizo durante su periodo presidencial entre LaGeo y la empresa italiana Enel Green Power, para la explotación y generación de energía geotérmica en el país, y a la vez dijo estar dispuesto a comparecer a la Asamblea Legislativa para dar las explicaciones del caso, si los diputados lo citan.
“La única forma de tener un desarrollo energético sostenible en el tiempo era, en el caso de la geotermia, una alianza público-privada en la cual la empresa y el gobierno trabajaran en un contrato en función de los salvadoreños. Yo creo que eso requería que la empresa pusiera plata propia porque de lo contrario le hubiera tocado al Ministerio de Hacienda utilizar los impuestos de todos los salvadoreños y casi no habían recursos para hacerlo; entonces, una de las virtudes de ir a halar recursos afuera es que no hay que sacarlos del erario nacional ni de los impuestos de los salvadoreños para poder hacer el proyecto”, argumentó Flores.
Al ser cuestionado sobre si el contrato firmado con la empresa italiana no tenía límites para que esta invirtiera más dinero e irse convirtiendo en el socio mayoritario a tal grado de entregarle ese bien del estado, tal como lo ha denunciado reiteradamente el presidente Mauricio Funes, Flores aseguró que sí los hubo.
“Yo creo que los límites están, los límites es que la inversión iba por tramos y la inversión extranjera no pasaba al siguiente tramo si había alguna anomalía o había algún problema, así es que los límites están”, aseveró Flores, tras participar ayer en la asamblea general extraordinaria de dicho partido.
En 2005 el Gobierno de El Salvador se opuso a que la compañía italiana invirtiera $127.4 millones en LaGeo y a capitalizar sus acciones, bajo el argumento de que eso convertiría a Enel en el accionista mayoritario en esa sociedad con el Gobierno.
Enel llevó el caso a un arbitraje internacional en 2008 y la empresa italiana obtuvo en mayo de 2011 un fallo favorable en la Corte de Apelaciones de París, Francia, que obliga al estado salvadoreño al pago de $12.7 millones.
No obstante, el gobierno de Mauricio Funes dice que hará uso de todos los recursos e instancias legales para evitar que eso suceda y acusa a la administración de Francisco Flores de favorecer a Enel.
Flores asegura que el asocio y el contrato con la empresa italiana se hizo bajo el marco de la legalidad. “Yo creo que la Ley General de Electricidad es el marco legal que le permitió a las autoridades salir a hacer ese desarrollo geotérmico”, manifestó Flores.
Lejos de temer ser citado por la comisión especial del Congreso que indaga ese caso, el exmandatario dijo que es una buena oportunidad para aclarar las cosas. “Estoy muy contento de esta oportunidad de poder comunicarle al país un proyecto de nuestro Gobierno que fue muy bueno para El Salvador y con mucho gusto atenderé cualquier invitación que se me haga para contestar las preguntas”, dijo.