El próximo miércoles 20 de febrero, ocho militares salvadoreños volverán a sentarse en el banquillo de un juzgado especializado de sentencia de San Salvador para ser juzgados por los mismos hechos por los que fueron declarados inocentes en un juzgado del fuero militar.
El juicio debió instalarse el pasado 30 de enero, pero fue suspendido debido a que supuestamente los imputados no quisieron salir de los reclusorios donde permanecen, algo que ha sido desmentido por varios de los imputados y abogados de los mismos.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, como pruebas contra los ocho militares han ofrecido testimonios de jefes militares y personal de tropa, quienes relatarán la forma cómo indagaron el hallazgo de 1,812 granadas M-67 en la hacienda El Ángel II, del municipio de Tapalhuaca, La Paz, a finales de abril de 2011 y lo que dijeron cada uno de los implicados durante la investigación que de los hechos se hizo bajo la justicia militar.
Asimismo han agregado el testimonio de “Prometeo”, un testigo bajo régimen de protección, quien aporta detalles de tres viajes que hizo hacia la hacienda El Ángel II, por lo cual el sargento mayor primero, Víctor Manuel Peña González le pagaba 150 dólares.
La Fiscalía ha agregado también peritajes a los teléfonos celulares decomisados a seis de los imputados en los cuales se detalla la relación de llamadas. En el caso del sargento mayor de brigada, Gilberto Espinoza Hércules, se señala varias llamadas hechas y recibidas desde un número de Guatemala y otros de procedencia extranjera.
Otro juicio, mismos hechos, nuevos delitos
De acuerdo con abogados de algunos imputados, así como parientes de estos entrevistados por El Diario de Hoy, los hechos por los que enfrentarán juicio penal son los mismos por los que la justicia militar los declaró inocentes; únicamente le han cambiado los nombres a los delitos, sostienen.
Incluso, de acuerdo con documentos judiciales, algunos fiscales que los acusaron en la instancia militar son los mismos que ahora los están acusando en los tribunales comunes. Eso consta en ambos procesos judiciales.
Esos mismos fiscales apelaron la declaratoria de inocencia de los ocho imputados; un tribunal superior confirmó la resolución. Hoy van por una segunda oportunidad.