El primer acto de José Leopoldo Samour Gómez como presidente de la entidad nacional de energía eléctrica, Cel, fue convocar una reunión extraordinaria de la junta directiva de una empresa, subsidiaria a la comisión estatal de energía, y asignarse a sí mismo una remuneración, adicional a su salario, de $53,400 anuales.
El acta número 29 de la junta general de accionistas de LaGeo registra, el lunes 5 de marzo de 2012, que se propuso designar a Samour como “coordinador del grupo de directores que representan al accionista INE, S.A. de C.V. en la Junta Directiva de LaGeo, S.A. de C.V., y en sus sociedades subsidiarias”.
Esta designación es acompañada de la propuesta de una remuneración en “gastos de representación”, en la práctica un sueldo extraoficial, por la suma de $4,450 mensuales para José Leopoldo Samour Gómez a partir de marzo de 2012.
Esto significa que la primera decisión ejecutiva del presidente de la Cel, una vez asegurado su control de las empresas privadas a cargo del Estado en el sector de energía, fue asignarse a sí mismo, por medio de una sociedad anónima controlada en un 99 por ciento por acciones del Estado, y con el voto de sus subalternos, un salario adicional proveniente de las utilidades del sector eléctrico, un recurso que él mismo está obligado a vigilar.
La Ley de la Cel prohíbe que sus principales funcionarios ejerzan otros cargos remunerados, tanto en el sector privado como en el sector público. El titular, en particular, hace un juramento ante el presidente de la República para cumplir con sus responsabilidades profesionales y con sus deberes éticos por el bien de la nación.
Según el artículo 7 del Decreto Legislativo 137 de 1948: “El Presidente (de Cel) será el responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos y acuerdos de la Comisión y desempeñará su cargo a tiempo integral, por lo que el mismo será incompatible con cualquier otro cargo remunerado público o privado y con el ejercicio retribuido de cualquier profesión”.
La ley contiene prohibiciones similares para el director ejecutivo, y en el artículo 11 indica que ni funcionarios ni empleados ni miembros de la Comisión podrán, en ningún caso, ni establecer ni recibir “remuneraciones que tengan la forma de comisión o que se relacionen con las utilidades de la empresa”.
Como presidente de Cel, Samour tiene un salario mensual de $6,400 para un total anual de $76,800; recibe $4,000 mensuales en gastos de representación para un total anual de $48,000; y adicionalmente, para las reuniones de la junta directiva de la Cel, puede acceder a dietas de entre $125 hasta $500 dólares al mes.
Estas cifras, disponibles a la ciudadanía gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, son parte del presupuesto general de la Cel.
Los $4,450 mensuales que Samour recibe de INE, bajo el concepto de “gastos de representación” y que suman un monto anual de $53,400, provienen del presupuesto general de la sociedad anónima, cuyo contenido no está disponible a la ciudadanía por el carácter privado de esta empresa.
Samour fue nombrado presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, mejor conocida como Cel, el 1 de marzo de 2012 por el presidente de la República, Mauricio Funes, dos meses y medio después de que renunciara el último funcionario elegido para presidir la cartera nacional de energía.
Cel ha sido la empresa estatal más inestable de la administración del presidente Funes, centro de controversias jurídicas que le han costado a las arcas nacionales millones y millones de dólares.
Samour es el cuarto presidente de la Cel en los últimos dos años, después de Nicolás Salume, Irving Tóchez y, de forma interina, Francisco Pinto.
Samour, un ingeniero industrial de 64 años, se ha desempeñado en cargos directivos del sector privado, principalmente en empresas de la industria textil.
Samour entró al sector público cuando en julio de 2011 fue designado presidente de LaGeo; en agosto de ese año fue nombrado presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain) por el presidente Mauricio Funes.
PAGOS NO SON CASUALES
El lunes 4 de febrero, el expresidente de la República Alfredo Cristiani hizo una denuncia pública en la que acusó al presidente de la Cel de recibir remuneraciones de hasta 12 mil dólares de Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. (INE), una empresa privada creada por el Estado y que funge como socio accionario en la empresa generadora de energía geotérmica del país, LaGeo.
Para hacer esta denuncia, Cristiani usó como fundamento tres copias de cheques por 4 mil dólares cada uno, que se filtraron de la gerencia de INE, emitidos a nombre de José Leopoldo Samour Gómez durante su período como presidente de la Cel.
Pero El Diario de Hoy, al retomar hallazgos de pesquisas publicadas en septiembre de 2011, revela que estos cheques no son pagos casuales.
Los actos que llaman la atención se ejercen desde las más altas jerarquías de la Cel y de sus empresas subsidiarias y se han venido convirtiendo en políticas puestas en práctica desde hace algunos años, refinadas después del cambio de gobierno en junio de 2009.
Incluso con la prueba de los tres cheques filtrados desde la gerencia de INE, las “remuneraciones” que recibe Samour y los mecanismos administrativos que permiten esos pagos serían difíciles de detectar y comprobar debido a un método laberíntico de atribuciones de pagos, establecido, según lo demuestran copias de documentos en poder de este periódico, por el expresidente de INE y actual presidente de LaGeo, Julio Valdivieso.
Las “remuneraciones” que recibe el presidente de Cel provienen de forma directa, de fondos gerenciales de la empresa INE, y estos, a su vez, proceden de las utilidades que se derivan de la participación de INE como socio de LaGeo.
Es decir, en última instancia, Samour recibe remuneraciones adicionales a su sueldo de los ingresos generados por LaGeo, una empresa privada muy rentable que se dedica a la generación de energía geotérmica y que en la actualidad está en el ojo de la tormenta debido a una pugna por el control accionario entre sus dos socios, la italiana ENEL y la salvadoreña INE, controlada por la Cel.
El hecho de que LaGeo esté en el “ojo de la tormenta” podría ser la clave para entender por qué la disputa legal por el control accionario de LaGeo se ha extendido por siete años.
El arbitraje internacional entre el Estado y ENEL le ha costado a El Salvador más de 10 millones de dólares. En comparación, ENEL, que ganó el arbitraje, gastó 2.5 millones de dólares en el proceso.
Los documentos a los que ha tenido acceso El Diario de Hoy demuestran que las remuneraciones que recibe el presidente de la Cel provienen directamente de una cuenta de gastos atribuidos al arbitraje internacional con ENEL.
Los documentos también muestran que del rubro del arbitraje internacional fueron transferidos a otro para efectuar los pagos a Samour, por un total de $35,600 desde que asumió la presidencia de Cel en marzo y hasta diciembre de 2012.
Para separar este gasto del tiempo de la gestión de Samour y para que pasara inadvertida la relación entre su origen y su destino, el total de sus pagos fue atribuido como un gasto realizado en su totalidad en enero de 2012 en el rubro de “Servicios Profesionales / Abogados Internacionales”. Este “gasto” de enero aparece a partir de mayo en el rubro de “Gastos de Representación”, una cuenta gerencial. (Hay que recordar que Samour fue contratado como presidente de Cel en marzo de 2012, por lo tanto un gasto en enero de 2012 no podría ser identificado con él.)
Los nuevos gastos, divididos en cantidades de $4,450, fueron destinados entre mayo y diciembre de 2012 y pagados a José Leopoldo Samour con la justificación de que eran para el “asesoramiento a la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva en la toma de decisiones”, una actividad que el presidente de la Cel ya está supuesto a realizar como parte de sus responsabilidades.
En los archivos de INE, al parecer, sólo existe un documento que verifica esta transferencia interna de fondos. Dentro del funcionamiento interno de INE deberían existir al menos un documento para cada una de estas acciones: una petición de los fondos; una aprobación de estos; una solicitud de la transferencia; y una aprobación de alto nivel para realizar este movimiento de dinero.
Para este caso en particular, una sola Solicitud de Traslado de Fondos del 14 de mayo de 2012 sirvió también como autorización: la solicitud no fue realizada por un ejecutivo, sino por el asesor jurídico de INE, Sigfredo Figueroa, y luego, junto a su firma, la transferencia de fondos fue autorizada por la Gerente Legal, Ana María Cáceres, y el mismo documento se extendió con el visto bueno de la Ge- rente Financiera, Aleida de Martínez, quien también firmó cada cheque que ha recibido Samour.
Para realizar esta transacción interna, se utilizó como referencia una declaración extendida el 23 de marzo de 2012 por Claudia María Cruz de Meléndez, y la declaración fue notariada por ella misma.
En el documento Cruz de Meléndez se identifica como “Secretaria de Junta General de Accionistas” de INE. Cruz de Meléndez es jefe de la Unidad Jurídica de Cel, es decir, es subalterna del presidente de la Cel, José Leopoldo Samour.
Todos estos documentos indican que los “pagos de los Gastos de Representación” de Samour son en realidad, remuneraciones por un cargo específico en INE, la cual los identifica como gastos de asesoría jurídica (Dependencia 1204 dentro de la empresa), y que describe como “acciones de respaldo de la participación de INE, S.A. de C.V. en LaGeo, S.A. de C.V.”.
Es decir, se trata, en los libros contables, de pagos que Samour recibe por el trabajo que supuestamente realiza a favor de INE en las juntas directivas de LaGeo.
Como presidente de Cel, Samour controla a ambas instituciones, pero dado que las dos son empresas privadas, las remuneraciones que él recibe de ellas no están bajo la vigilancia de la Corte de Cuentas.
Los cheques que recibió Samour de INE durante 2012 salieron de dos cuentas distintas, una del Banco de América Central (cuenta No. 0006742) y una del Banco Promérica (cuenta No. 100000-34000152).
“ES CIERTO, ME PAGA”
Cuando Samour fue cuestionado la noche del lunes con la noticia de que copias de tres cheques habían sido filtradas de INE, y que demostraban que él había recibido alrededor de $12,000 de la sociedad anónima durante su gestión como presidente de la Cel, su reacción inicial fue de sorpresa pero no negó que había recibido el dinero.
“En el caso que INE me paga, es cierto, me paga, porque son gastos de representación que gozan del 100 por ciento de la legalidad para el trabajo que desarrollo en LaGeo”, afirmó, y aseguró que estos cheques no reflejan “ninguna condición extraña”.
El hecho es que en los últimos dos años, a raíz de su asociación directa con LaGeo, el funcionario ha recibido más de tres cheques, según la suma total de las remuneraciones aprobadas para Samour y que este periódico ha podido corroborar.
En los últimos dos años, más de 100 mil dólares han sido aprobados a Samour en pagos como asesor jurídico de INE, dos años en los que ha ejercido como presidente de dos instituciones del Estado que le prohíben remuneraciones externas del sector privado (Corsaín y Cel).
También es importante saber por qué esta suma de dinero proviene del presupuesto del arbitraje internacional por el control accionario de LaGeo, una disputa que Cel ha extendido pese a haber agotado sus opciones después de dos derrotas en cortes internacionales, y que todavía pretende extender por medio de acciones que voceros de los sectores productivos del país no dudan en llamar medidas dilatorias.