La demanda por acoso sexual que en 2010 presentó Iris Chavarría contra el exgerente de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, Boris Martínez Medina, permanece engavetada en la Fiscalía General y en ruta a ser archivada, según fuentes del Ministerio Público.
La falta de justicia sobre el caso llevó a Chavarría a demandar el 22 de septiembre de 2012, en el Juzgado 14 de Paz de San Salvador, al exfiscal general Romeo Barahona, porque, según ella, habría incurrido en el delito Omisión de Investigación.
La mujer también acudió al Tribunal de Ética Gubernamental para denunciar por el mismo caso al exfuncionario. Ayer, hasta el cierre de esta publicación, en ninguna de las dos instituciones supieron explicar en qué fase estaban las respectivas denuncias.
Días después de haber presentado esas acusaciones, la exempleada del Órgano Legislativo dijo en una entrevista a El Diario de Hoy que denunció a Romeo Barahona porque había impedido que su caso prosperara.
Según Chavarría, aunque le asignaron a la fiscal Vilma Guardado llevar el caso, como víctima nunca tuvo acceso a conocer los avances de la investigación ni le fue entregado ningún documento.
“El fiscal Romeo Barahona estaba protegiendo a mi acosador sexual”, aseguró Chavarría en esa ocasión.
La demandante agregó que Guardado le había dado esperanzas, le dijo que contaban con las pruebas suficientes para obtener un fallo a su favor y que pediría autorización para judicializar el caso, “(pero) se llegó al punto de que la fiscal me dijo que había recibido una llamada telefónica de sus superiores inmediatos sobre que tenían instrucciones de no judicializar el caso”, aseveró Chavarría.
De víctima a acusada
En 2010, cuando Iris Chavarría hizo público que durante seis años Martínez Medina la había acosado sexual y laboralmente, también dijo que él había actuado en complicidad con José Batista Solórzano, quien era director de Protocolo de la Asamblea y jefe inmediato de la demandante.
Batista, por su parte, contrademandó a Chavarría en 2011 por el delito de calumnia y difamación, pues, según él, la mujer también lo acusó de utilizar indebidamente sellos institucionales y de haberla maltratado laboralmente junto a otros de sus compañeros.
En menos de un año, Batista obtuvo la justicia que Chavarría viene esperando desde hace dos años y cuatro meses, y que no ha conseguido.
El Tribunal de Sentencia de San Salvador halló a Iris culpable del delito de difamación, porque, según la resolución a la que tuvo acceso este medio, ella no presentó pruebas que demostraran las acusaciones y afirmaciones que había hecho contra su exjefe.
Los jueces la condenaron a una pena de 300 días multa o su equivalente a $2,241 por el delito de calumnia reiterada con publicidad; y a 240 días multa o su equivalente a $1,792.80 por difamación reiterada con publicidad, que deberá pagar a las arcas del Estado.
Además, perderá durante 540 días sus derechos de ciudadana y pagará a Batista una indemnización de $3,000.