Una alianza entre la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos y cinco fundaciones salvadoreñas permitirá el lanzamiento un ambicioso programa para la prevención del crimen y de la violencia en 50 comunidades con altos índices delictivos situados en cinco municipios de El Salvador.
El proyecto busca eliminar los factores de riesgo que favorezcan la incorporación de los jóvenes a las pandillas y la reducción de los índices delictivos en esos lugares.
Las asociaciones que apoyan esta iniciativa figuran la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (Fepade), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (Fusal), y Glasswing International.
La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, fue enfática en aclarar que este programa nada tiene que ver con los municipios libres de violencia. “Estos planes (Soluciones) preceden de la tregua, preceden de los planes del gobierno de El Salvador en esa área, que son independientes de estos esfuerzos, se trata de muchísimas soluciones”, dijo Aponte.
Este novedoso programa que costará 42 millones de dólares contempla la ejecución de tres estrategias principales con la participación de los Concejos Municipales y de los residentes de las comunidades beneficiadas.
El administrador adjunto de USAID, Mark Feierstein, sostuvo que “esta alianza con el sector privado es la más grande en la historia de la Agencia en América Latina en términos económicos”.
Con el plan se le dará asistencia técnica a las municipalidades para la elaboración de sus planes de prevención del crimen en los que se deben de incluir capacitaciones a los jóvenes y sus familias sobre la prevención de conflictos; programas de liderazgo juvenil y orientar a los jóvenes a que sean emprendedores.
En la segunda fase prevé un incremento de la inversión social de parte del sector privado para prevenir el crimen y la violencia en las comunidades y la apertura de espacios públicos para los jóvenes y sus familias.
La tercera estrategia irá encaminada a financiar investigaciones sobre la situación de la criminalidad para tomar las mejores decisiones y estudios tendientes a prevenir la delincuencia en el transporte público, en las pequeñas y medianas empresas; y como evitar que más jóvenes se incorporen a las pandillas.