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Funes cede a presión de sectores y veta reformas a la LAIP

Mandatario consideró los cambios de inconvenientes

Al frente, los diputados César García, de Gana, y Karina Sosa, del FMLN. Ambas bancadas junto al PCN aprobaron las enmiendas.
Al frente, los diputados César García, de Gana, y Karina Sosa, del FMLN. Ambas bancadas junto al PCN aprobaron las enmiendas.

Por Eugenia Velázquez Rafael Mendoza López José Zometa politica@eldiariodehoy.com

Feb 14, 2013- 19:00

Tras una semana de intensas presiones por parte de organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica y de algunos políticos que a última hora se sumaron a las voces que pedían al presidente Mauricio Funes que vetara las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, el mandatario accedió a esas peticiones y ayer las vetó por inconveniente y luego de estampar su firma las envió de nuevo a la Asamblea Legislativa.

Organizaciones sociales como el Grupo Promotor de la LAIP, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), los Aliados por la Democracia y el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, instaron al Ejecutivo a vetar las modificaciones aprobadas en la madrugada del viernes por los diputados del FMLN, Gana y PCN. A esas voces se sumaron las del mismo vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y del exmandatario, Antonio Saca.

Pues ayer, a pocas horas de que la Asamblea Legislativa le envió las reformas, Funes las vetó al considerar que son inconvenientes “para los avances que se han logrado” en materia del derecho a la información pública; especialmente en lo que se refiere a restarle facultades al Instituto de Información Pública, pues los legisladores que dieron sus votos le quitaron el poder de obligar a una entidad a entregar la información solicitada por un ciudadano, y solo podía hacer recomendaciones al respecto.

“…Se considera que la creación de un ente autónomo y especializado para asegurar el cumplimiento de la Ley constituye un elemento que dota de mayor efectividad en el ejercicio de los derechos regulados en las leyes de acceso a la información pública; lo anterior implica que este ente, ya no inserto en las estructuras estatales tradicionales, debe contar con mecanismos que le permitan vigilar y controlar las actuaciones de todas las entidades gubernamentales sujetas a la ley”, reza parte del veto del gobernante.

“Sin dichos mecanismos, la implementación de la normativa podría no desplegar todos sus efectos positivos ni potenciar de la mejor manera los derechos de los ciudadanos en este ámbito”, añade Funes en el documento que consta de seis páginas.

En cuanto al proceso de elección de los comisionados que integrarán el Instituto de Acceso a la Información, el cual los diputados le dejaban la potestad a él de desechar o avalar las propuestas presentadas por las distintos sectores de la sociedad, Funes dijo entender “que con las reformas se llena el vacío que posee actualmente dicho proceso”, por lo que no le ve “mayor inconveniente” a ese punto, aunque esta reforma también fue vetada.

Tampoco le ve ningún inconveniente el presidente Funes a la reforma que hicieron el FMLN, Gana y PCN, al punto que se refiere a la discreción que le otorgan al oficial de información de cada institución estatal, de decidir qué información es de carácter reservada, y con ello, negarla al solicitante, pero también quedará sin efecto.

Este punto había sido duramente cuestionado por las agrupaciones de la sociedad civil que consideran que eso iba en perjuicio del derecho del ciudadano que tramite alguna información, pues bajo el argumento de “información reservada” no se la den.

Al respecto, el gobernante manifestó que “se entiende la intención de la Honorable Asamblea Legislativa de incorporar como causales de reserva, las actividades del Organismo de Inteligencia del Estado, las actividades vinculadas a la Seguridad Presidencial y lo atinente al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones…”.

Al final de sus argumentaciones, Funes afirma que todas esas reformas “limitan las herramientas del Instituto de Acceso a la Información”.

Unos en silencio y otros..

Las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública fueron aprobadas a iniciativa de la bancada del FMLN y con el acompañamiento de los diputados de Gana y PCN que juntos sumaron 46 votos. ARENA votó en contra de esa iniciativa, mientras que el PDC y el CD se abstuvieron de dar sus votos.

Las reformas a la LAIP fueron aprobadas en momentos en que el presidente de la Asamblea Legislativa estaba siendo requerido por la prensa y por otros entes que velan por la transparencia en el país, de información sobre los gastos por casi $200 mil por regalos navideños a diputados y empleados, y por la compra de obras de arte.

En momentos también en que el presidente Funes estaba siendo cuestionado por incumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el no nombramiento de los comisionados que integrarán el Instituto de Acceso a la Información.

Dicho sea de paso, Funes aún no ha realizado esos nombramientos, pese a que desde diciembre anterior la Sala de lo Constitucional se lo ordenó.

Pese a que periodistas, vía redes sociales, requirieron al sub secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, una postura sobre las reformas a la LAIP, este optó por el silencio. Fue hasta ayer y tras el veto presidencial que apareció en las redes sociales y en su cuenta de Twitter escribió un escueto “bien por el veto presidencial”.

Pero durante la semana los reclamos a los diputados del FMLN estuvieron a la orden del día. Inclusive, se tuiteó que la diputada farabundista Jackeline Rivera aseguró en su cuenta de Twitter que la propuesta de reforma de la LAIP fue impulsada por su partido, pero que hubo un trabajo combinado con la Presidencia.

Días después salió el candidato presidencial del FMLN pidiendo a Funes, el veto a dichas reformas. Fue entonces que el FMLN, se retractó de su propuesta original y se abrieron a la posibilidad de dar marcha atrás. Fue en ese marco y bajo la presión de las organizaciones sociales, que el mandatario, vía exprés, emitió su veto a las reformas de la LAIP.

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