La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) pidieron ayer al presidente Mauricio Funes que ya no dé largas a la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información (IAIP).
Ambas organizaciones coincidieron que el mandatario no está cumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordena elegir a los funcionarios de entre las ternas presentadas por las distintas asociaciones con facultad para proponer aspirantes.
La sentencia fue dictada el 5 de diciembre de 2012, por lo que el mandatario lleva dos meses sin elegir a los funcionarios. Para Fusades e ISD, el atraso no tiene justificación.
“Una vez declarada la inconstitucionalidad, el Presidente tenía que seguir el procedimiento del Artículo 53 de la ley, que establece 30 días para nombrar a los comisionados”, sostuvo Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD.
Al incumplir la sentencia, según Villalta, Funes estaría violando la Constitución de la República, pues asegura que una de las atribuciones del Presidente es “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
De la misma manera, en su boletín del Departamento de Estudios Legales, Fusades aseguró que Funes ha “dado a entender” que el proceso de elección “no será expedito”.
Funes sostuvo que está reformando el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información (LAIP), ya que la Sala de lo Constitucional también declaró inconstitucionales algunos artículos de esa disposición secundaria, por lo que aún no ha elegido a los comisionados.
De acuerdo con Fusades, tampoco ha sido creada la partida presupuestaria para el funcionamiento de la ley, lo cual pone en peligro la aplicación de la misma.
Según el tanque de pensamiento, hay “falta de voluntad para que se implemente adecuadamente la LAIP, pues no solo existe ya un atraso legal de 440 días para nombrar a los comisionados del IAIP, sino porque no se ha creado la partida específica en el presupuesto tal como lo ordena expresamente el Artículo 108 de la LAIP”.
Por otra parte, Villalta consideró que el hecho de que no se nombren a los comisionados del IAIP está provocando que instituciones no brinden la información precisa tal como la ciudadanía lo está demandando.
A juicio de Villalta, uno de los casos es el de la Asamblea, cuya presidencia se ha negado a dar información acerca de regalías entre legisladores.